Hace menos de un mes, Bilbao estrenaba su polémica Zona de Bajas Emisiones, una medida completamente nueva en Euskadi que generó dudas y rechazo a su vez entre la población, que limitaba el tráfico en el centro de la ciudad y que serviría, como ya avisaron las instituciones, de ejemplo para el resto de municipios vascos de más de 50.000 habitantes que deberán establecer estas restricciones.
Con esta medida, se prevé disminuir la contaminación generada por el tráfico con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, mejorar la calidad del aire que se respira en los núcleos urbanos. Así, y según la normativa, en la comunidad autónoma vasca hasta seis poblaciones estarían obligadas a implantar una ZBE en sus calles. Además de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz deberían habilitarla, además de las localidades vizcaínas de Barakaldo y Getxo, e Irun, en Gipuzkoa.
Por el momento, ninguna de estas comunidades se había pronunciado al respecto... Hasta este viernes, cuando el Ayuntamiento de Vitoria aprobaba ya de forma definitiva el proyecto técnico de la Zona de Bajas Emisiones de la capital vasca. Lo hacia después de aceptar parcialmente una decena de alegaciones que han introducido algunos cambios al proyecto, uno de los más significativos el que hace referencia a los puntos de apeadero previstos en la futura ZBE.
Centro de Bilbao / EFE
Y es que, en el plan inicial, se había previsto que el tiempo de carga y descarga de pasajeros y materiales en estos puntos no pasara de los 15 minutos pero, finalmente, con este cambio se ha aceptado alargarlo, aunque serán las normas de acceso las que concreten el tiempo máximo de estancia de los vehículos autorizados.
También se ha admitido una alegación referente a los vehículos históricos, que dispondrán de autorización de acceso al Área de Prioridad Residencial, y también a vehículos que participen en el rodaje de producciones audiovisuales. Además, se añaden a las excepciones más grupos sociales vulnerables. Hasta ahora se contemplaban excepciones para personas con movilidad reducida, ciudadanos con bajo nivel de renta y vehículos de profesionales cercanos a la edad de jubilación. Ahora, a ellos se van a sumar personas mayores, las que tienen baja movilidad que no cuenten con tarjeta de autorización de aparcamiento y casos de urgencia sobrevenida por razones de fuerza mayor.
Una vez aprobado el proyecto deben redactarse las normas de acceso, que regularán vía decreto las condiciones específicas de circulación de vehículos, y la correspondiente ordenanza reguladora, cuyo debate en comisión está previsto para el mes de septiembre. Además, tal y como ha avanzado el consistorio, se instalarán cámaras para lectura de matrículas.