La suma de factores, por un lado la rebaja del coste del despido por la reforma de 2012 y por otro la mejoría de la salud de las empresas, ha ido reduciendo la factura destinada por los gabinetes de recursos humanos a prescindir de trabajadores. En 2013, el año cumbre de la crisis inmobiliaria a efectos de mercado laboral, el gasto en indemnizaciones por cada trabajador vasco se disparó por encima de los 400 euros al mes, cifra que diez años después ronda los 150 euros.
La estadística de coste laboral del INE se basa en una muestra general tomada de todo el mercado de trabajo, es decir, las cifras son medias en las que influyen también las personas que siguieron en su puesto y por tanto anotan cero euros a la hora de hacer el cálculo. De ahí que las cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadística sean relativamente bajas: no se trata de la indemnización media, que se sitúa en una horquilla entre 10.000 y 20.000 euros según la fuente y la casuística que se incluya en el cálculo (los procesos judiciales suelen engordar la cuantía), sino el dinero que, de media, todas las empresas vascas destinan a reducir plantilla.
En ese sentido el peso que tiene el pago en indemnizaciones sobre el coste laboral total baja también sensiblemente respecto a 2013. Estas suponían casi el 1,2% de la factura total por trabajador a las empresas vascas hace una década (volviendo a la distinción anterior, el impacto de un despido colectivo en una compañía en crisis implicaba porcentajes sobre el total de gasto muy superiores), una tasa que ha bajado al 0,37%.
Colas ante una sede de Lanbide/ EFE
Ligero incremento en 2023
Y eso que el año pasado hubo un ligero repunte en el peso de las indemnizaciones sobre el coste laboral medio, el primero tras el incremento de 2020 por la crisis del covid, que con todo se sorteó bien a estos efectos gracias a las bonificaciones a los ERTE. El suelo se tocó justo antes de la pandemia, en 2019, cuando el porcentaje destinado a despidos fue solo el 0,28%.
Euskadi es tras Madrid la segunda comunidad autónoma con el coste laboral más alto, por encima de 41.000 euros al año por trabajador, pero una de las que menos gasta en despidos. Está lejos de Baleares o Canarias, en estos casos por las fluctuaciones en la actividad laboral a lo largo del año a pesar de que el contrato fijo discontinuo ha amortiguado los vaivenes en la tasa de paro, o la propia Comunidad de Madrid, que concentra grandes multinacionales con músculo como para afrontar este tipo de gastos.