Concentración de Stop Desahucios frente a la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián
Stop Desahucios alerta de la "grave" situación de 183 inquilinos vulnerables de Gipuzkoa
- Insta a los partidos y al Gobierno vasco a que solicite al central la prórroga del RDL un año mas, hasta el 31 de diciembre de 2025
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La plataforma Stop Desahucios ha alertado de la "grave" situación de al menos 183 inquilinos guipuzcoanos vulnerables con demandas de desahucio suspendidas hasta el 31 de diciembre de este año, que "pueden verse durmiendo en la calle si el RDL 11/2020 no se prorroga en 2025, ya que no tienen alternativa habitacional".
Miembros de Stop Desahucios, acompañados por representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en Parlamento Vasco, Juntas Generales de Gipuzkoa y ayuntamientos de San Sebastián, Lasarte-Oria, Irun y Gasteiz, entre otros, así como de organizaciones sociales y sindicales como Satorralaia y Steilas, se han concentrado este miércoles frente a la sede del Gobierno vasco en la capital guipuzcoana.
Desde Stop Desahucios han instado a los partidos vascos y al propio Ejecutivo autonómico a que soliciten al Gobierno central la prórroga del RDL un año mas, hasta el 31 de diciembre de 2025.
En esa línea, han incidido en que el "drama" de estas 183 familias vulnerables que viven en los municipios tensionados de San Sebastián, Irun y Errenteria, "que tienen demandas de desahucio por impago de rentas y/o finalización de sus contratos, sin alternativa habitacional, se multiplica en el resto de municipios de Gipuzkoa y de la CAV debido a que no pueden pagar el aumento de los especulativos alquileres".
Además, no pueden acceder a una vivienda de alquiler social por "el crónico déficit" del parque público de alquiler en Gipuzkoa, donde "hay 8.423 viviendas para 21.795 inscritos en las listas de Etxebide, mientras que en Euskadi son 27.720 para 78.475 demandantes".
Tal y como han recordado, el RDL 11/2020 prorrogado hasta el 31 de diciembre por el RDL 8/2023, estipula que "el inquilino acredite su situación de vulnerabilidad documentalmente ante el Juzgado y que los Servicios Sociales, a petición del juez, emitan un informe de vulnerabilidad, señalando que el inquilino vulnerable no tiene alternativa habitacional que debe proporcionársela el propio Ayuntamiento".
