"El trabajo por el que llevamos décadas luchando se está tirando a la basura", es solo una de las afirmaciones que se ha escuchado este miércoles a las puertas del Gobierno vasco, donde más de un centenar de tractores y otros tantos agricultores, convocados por UAGA y Ataca, se han concentrado para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-.
Un pacto que, por el momento está paralizado después de que el Parlamento europeo votase hace unos días a favor de remitir dicho acuerdo entre ambas partes al Tribunal de Justicia de la Unión, para que revise si es compatible con los tratados comunitarios.
Una pausa que, desde el sector primario vasco, aseguran que "no significa que la lucha haya terminado, ya que la Comisión Europea puede pedir su aplicación personal. Hoy más que nunca hay que seguir rechazando este acuerdo, no por negarnos al comercio con estos países", matizan, "sino por exigir que los productos que se importen desde ellos cumplan los mismos estándares que los que tenemos que cumplir nosotros".
Y es que en este punto radica una de sus mayores reivindicaciones: la igualdad de requisitos, que, por otro lado, implican mayor inversión al agricultor vasco, para que "los consumidores europeos cuenten con la misma garantís alimentaria que al consumir nuestros productos", inciden.
Denuncia que se suma al "grave acoso" que los trabajadores del sector primario vasco dicen estar sufriendo por parte de las energéticas. En concreto hacen alusión a los diecinueve parques solares proyectados por Solaria hace unas semanas, que "ocuparán más de 1.200 hectáreas, ejerciendo presión insostenible sobre nuestra principal herramienta de trabajo", explican.
"Es incomprensible como después de años de movilización y lucha, la administración sigue permitiendo que estas empresas hagan y deshagan a su gusto nuestro planeamiento Territorial", insisten.
Tractor en la concentración de este miércoles frente al Gobierno vasco
"Más facilidades y menos zancadillas"
Reivindicaciones generales que, aterrizadas en cada uno de los casos de los asistentes a esta concentración, cobran todavía más importancia.
Es el caso de Alfonso Sáenz de Cámara director de la cooperativa Udapa, que produce unas 100.000 toneladas de patata al año. "Nosotros nos dedicamos a la patata y esta ya está muy intervenida por barreras políticas de proteccionismo en Europa. Hoy por hoy no se puede importar patatas de Mercosur si no quitan barreras fitosanitarias. Ya veremos si esto sucede o no sucede, por el momento solo puede venir patata transformada", matiza. Aunque Saénz de Cámara, por el momento, se está "salvando", ya que este nuevo acuerdo no tendría consecuencias a corto plazo, insiste en las que sí podría tener para el resto de productos y agricultores.
Critica también la dependencia de Euskadi al norte de Europa, que nutre de este tipo de alimento a Euskadi durante los meses en los que hay más carencia del mismo en la CAPV: "Dependemos comercialmente de los países del norte. Me gustaría que las administraciones sean capaces de entender que hay que propiciar la producción de alimentos lo más próximos posible, porque lo primero es abastecer nuestro propio mercado. Ya no es solo el kilómetro cero, que también, es cubrir nuestras necesidades", señala.
Por ello pide "más facilidades y menos zancadillas. Que nos dejen trabajar. Ya vale de tanta regulación y de tanta imposibilidad para hacer bien las cosas. No nos pueden quitar medios de producción sin tener soluciones".
"Igualdad de condiciones"
Misma línea que la que sigue Andrés García, director de Garlan, cooperativa alavesa centrada principalmente en la comercialización de cereales, oleaginosas y proteaginosas, pero también con una sección de patatas y de legumbres, con distintivos de calidad 100% Eusko Label y Euskal Basserri, una facturación de 130 millones de euros al año y 270.000 toneladas de producto.
En este caso, García explica que las importaciones de soja y maíz ya se está experimentando, especialmente de origen Brasil, con "arancel 0". Por ello lo que piden es "poder competir en igualdad de condiciones. "Los productos que vienen, por ejemplo, de Brasil están siendo producidos con materias activas que aquí, en la Unión Europea llevan prohibidas doce años", detalla; "por eso pedimos que se apliquen las famosas cláusulas espejo".
A esto se le suma la diferencia de las infraestructuras de las explotaciones que afecta directamente al coste de producción, "por ejemplo, dos explotaciones de Brasil pueden tener la misma superficie que toda la provincia de Álava. Hay fincas o parcelas de 20 000 hectáreas". Todo ello hace que los agricultores vascos no compitan "en igualdad de condiciones". España, en este sentido, "es un país deficitario", asume