VGP, el grupo adjudicatario de los terrenos en los que se ubicaba el antiguo astillero de La Naval, ha confirmado que las empresas interesadas en instalarse en una parte de esos terrenos para mantener actividad relacionada con el sector naval ya han contactado con ellos para iniciar una negociación, después de que la jueza ratificara el pasado jueves la adjudicación definitiva a esta empresa.
Fuentes de VGP aseguran que todavía no se tiene nada decidido en firme sobre el proyecto, pero fuentes conocedoras de la operación aseguran que la empresa podría decantarse por el alquiler de la parte que debe destinar a actividades industriales, más que por la venta, cediendo así a la presión política y social para que se mantenga la actividad naval en la zona, sin perder su propiedad sobre el terreno.
El Gobierno vasco también ha mantenido contactos con la empresa adjudicataria. El Ejecutivo quiere que el terreno que se debe ceder por normativa municipal para uso industrial -el 50%- sea para el sector naval, pero esa decisión está en manos de la empresa, que insiste en que todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Sestao aseguran que no se ha recibido ningún planteamiento por parte de la empresa.
En la página web del grupo belga ya figura la parcela de La Naval como uno de sus activos, 'VGP Park La Naval', con un terreno de 278.590 metros cuadrados y una "superficie alquilable de 93.851 metros cuadrados" que podrían destinarse a uso logístico, de la industria naval o de otro tipo de industria.
La empresa quiere instalar un parque logístico en la zona en la que todavía se levantan las antiguas grúas de La Naval de Sestao, lo que ha originado una tormenta política por la posible pérdida de esta parte de terreno, a la orilla de la ría, para la construcción de barcos.
Pese a que tras la decisión de la administración concursal de adjudicar los terrenos a VGP, que ofreció el precio más elevado, 34 millones de euros, dos de las emrpesas que ofrecieron un precio más bajo, pero que quieren manter la construcción de barcos, y el sindicato UGT, presentaron alegaciones en el juzgado. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil de número 2 de Bilbao ratificó la decisión de la administración concursal y rechazó las alegaciones de las otras empresas Marina Meridional y Gestión Residencial Castellón, y del sindicato UGT, que pedía que se tuvieran en cuenta criterios de proyecto y de industria en la zona y no sólo de precio. La jueza consideró que que no está justificado retroceder a la primera fase del plan de liquidación y que se "adjudique el conjunto de los activos aplicando criterios distintos al mero precio en metálico".
Según informó en su día, el grupo A&M en colaboración con un astillero coreano, podrían invertir 30 millones en los terrenos para construir tres o cuatro buques al año y crear aproximadamente 300 empleos directos el primer año y llegar a 700 en cinco años.