Competencia vasca solo sanciona a una empresa en 2020 porque "investigar de oficio es complicado"

Durante el 2020 la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) instruyó 32 expedientes dirigidos a determinar actuaciones de las empresas contrarias a la libre competencia de los que solamente uno terminó en una resolución con propuesta de sanción. En cuanto a las inspecciones en empresas desarrolladas el pasado año, los técnicos de la AVC recogieron información en cinco compañías. Según ha explicado la presidenta de la Competencia vasca, Alba Urresola, "el carácter secreto e ilícito de este tipo de conductas hace que si no existen denuncias, sea muy difícil la detección e indicios suficientes para iniciar un expediente". Por eso ha insistido en la importancia de dotar de herramientas y personal a la AVC para que se pueda perfeccionar el seguimiento y recolección de las pruebas en cada caso, así como aumentar la cultura en la sociedad y habilitar herramientas para atender mejor las denuncias. Las cifras evidencian un ligero retroceso en la actividad inspectora del organismo regulador que en 2017 inició 41 expedientes, por 37 en 2018, 30 en 2019 y 32 el pasado año.

Para la oposición, especialmente EH Bildu y Podemos, los resultados de la actividad del organismo en 2020 recogidos en la Memoria que la presidenta de la AVC, Alba Urresola, ha presentado en el Parlamento vasco son escasos, más teniendo en cuenta el escándalo de las consultoras que saltó la semana pasada con sanciones por valor de 6,3 millones de euros. Urresola ha recordado que los datos reflejan también el efecto del año de pandemia que paralizó muchas actividades y dejó en suspenso durante varios meses muchos procesos administrativos.

Aún así, de los 108 expedientes tramitados, 76 iban dirigidos a acciones de prevención y formación sobre la actividad regulatoria de la administración o sobre consultas de las compañías, mientras que los que se han dirigido a estudiar y corregir en procedimientos sancionadores la actividad de las empresas, han sido 32: 11 en tramitación, 4 incoacciones y 17 finalizados. El saldo han sido tres resoluciones de las que dos han sido archivadas y una ha terminado en sanción de 40.000 euros. Ha sido el caso de las compañías que acordaron entre sí el reparto del mercado de recogida de aceite usado. De los 32 expedientes sancionadores iniciados, siete han sido relacionados con contratación pública, siete también corresponden al sector servicios, seis a la distribución comercial, mientras que el transporte se ha anotado cuatro. 

La responsable del órgano de velar por la libre competencia en Euskadi ha señalado que cada vez se hace más complicado detectar estas vulneraciones dado el carácter secreto con el que se desarrollan. Por eso ha señalado que "investigar de oficio es muy complicado, requiere de muchísimos recursos", de ahí la importancia de contar con denuncias para poder armar las propuestas de sanción con garantías para llegar a tribunales. 

En cuanto a los otros 76 expedientes, los que no tenían carácter sancionador, han ido dirigidos a prevenir infracciones y mejorar la transparencia. Según ha relatado Urresola se ha puesto especial interés en cuestiones que venían afectadas por el coronavirus, como la apertura de establecimientos, las rebajas en la fase uno de la desescalada, los mercadillos en la fase dos y los precios en Mercabilbao.

Otros expedientes iniciados han sido el de la posible concertación de precios en 36 inmobiliarias de Bizkaia, el de concertación de precios en suministros químicos y también un tercero relacionado con los servicios prestados por hormigoneras. Pero todavía ninguno de estos ha finalizado. 

La AVC respeta la sanción del cártel de las consultoras porque "limitan las posibilidades de los compradores públicos"

Son cifras que llegan pocos días después de que se conociera que, a raíz de una investigación iniciada en la Autoridad Vasca de la Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya sancionado con multas de hasta 6,3 millones de euros a 22 consultoras por amañar contratos con la administración pública. La investigación estableció una "trama del norte" que afectó a 92 licitaciones de las administraciones públicas de Euskadi en las que los organismos de la Competencia señalan que se prepararon coberturas para las adjudicaciones. Urresola ha señalado que respeta la sanción porque esas actuaciones "limitan las posibilidades de elección por parte de los compradores públicos" y ha recordado que la investigación se inició en la AVC y que, posteriormente, constatado que la trama afectaba a otras comunidades autónomas se trasladó a la CNMC. Si bien es cierto es que, entonces, Urresola no era la presidenta de la Competencia vasca, puesto que desempeñaba Pilar Canedo, actualmente en el pleno de la CNMC.