Competencia ha detectado hasta 3,3 millones facturados por las consultoras en contratos manipulados

Aunque en el expediente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) no queda clara la implicación de la Administración, sí se insinúa que la práctica se realizaba con su conocimiento. En primer lugar, por los mensajes que se cruzaban los implicados y, en segundo lugar, porque en las alegaciones, las propias consultoras aducen para defenderse que las instituciones conocían las prácticas. Se trataba de contratos sin publicidad, por su cuantía, en los que la única condición era que se presentaran tres ofertas. "En ocasiones la propia empresa solicitante de la cobertura es la que se encarga de proponer a la administración las empresas a invitar, e incluso elaborar todas las ofertas económicas a presentar por las empresas invitadas o, en su caso, de preparar la carta de renuncia o declinación a la invitación cursada por la Administración", señala el expediente, que no da por seguro el conocimiento de las instituciones contratantes, pero tampoco lo descarta.

Competencia detectó contratos por valor de 3,3 millones de euros 

En la que la CNMC denomina "trama del norte", el organismo detecta 101 licitaciones en las que hubo irregularidades de las que 92 tuvieron lugar con las administraciones vascas. Competencia no ha recogido la valoración de todos los contratos, han quedado 14 sin valorarse, pero el valor de los demás y por el que las consultoras facturaron los servicios asciende a 3,3 millones. Las entidades con mayor implicación fueron Deloitte, a la que se le impugnan "coberturas" hasta en 80 licitaciones, mientras que a S&F Consultans se le sanciona por participar en la manipulación de 74 actuaciones. La siguiente, es es B+I Strategy con 30 licitaciones pactadas. Entre las tres consultoras acumulan el 92% de los 3,3 millones. La entonces dirigida por Ana Andueza, Deloitte, con 1,6 millones (el 48%), S&F Consultans, representada por Leandro Ardanza, con 1,08 millones (el 32%) y B+I Strategy al cargo de Sabin Azua, con 368.000 euros (el 11%). 

Entre las propuestas de sanción a los directivos, destacan: Ana Andueza (Deloitte) con 55.000 euros, Leandro Ardanza (S&F Consultans) con 55.000 euros, Sabin Azua (B+I Strategy) con 35.000 euros, Joseba Egia (S&F Consultans) con 35.000 euros, Maryam Luzarraga (PwC) con 30.000 euros, Xabier Manterola (PA Consulting) 30.000 euros, Íñigo San Emeterio (Idom Consulting) con 24.000 euros y Marta Álvarez (Idom Consulting) con 12.000 euros. 

Gobierno, Ayuntamiento de Bilbao y Diputación de Bizkaia acumulan el 85% de la contratación

Todos estos contratos, según consta en el expediente sancionador de la CNMC tuvieron lugar entre 2009 y 2018, aunque las inspecciones se han centrado espcialmente en los años de 2011 a 2016. Las administraciones que mayores contratos firmaron con las consultoras fueron el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia. El Gobierno vasco el 36% con 1,2 millones de euros, el Ayuntamiento de Bilbao con 1,08 millones, el 32%; y la Diputación de Bizkaia con 502.000 euros, el 15%.