Hosteleros de Gipuzkoa reclaman 16 millones de euros por daños derivados del estado de alarma

Un total de 134 hosteleros de Gipuzkoa han presentado reclamaciones patrimoniales frente al Estado por la gestión de la pandemia de covid-19, por un importe de 16 millones de euros. El secretario general de la patronal hostelera, Kino Martínez, ha indicado que "el objetivo de las reclamaciones, de carácter individual, es obtener una compensación económica por las pérdidas y los daños ocasionados por el cierre de los establecimientos hosteleros decretado por el primer estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2020, que se prolongó hasta el 18 de junio de 2020".  El plazo para reclamar finaliza este viernes y la gestión jurídica reca en el despacho de abogados Sunion, el mismo que ganó el recurso contra el decreto del lehendakari que cerró la hostelería el pasado mes de enero.

Los demandantes ascienden a 134 negocios, 118 son asociados de Hostelería Gipuzkoa,. La reclamación media es de 128.911,84 euros por reclamante.  Los establecimientos cuentan con una plantilla media a partir de 7 u 8 trabajadores, dado que son la tipología de establecimientos que mayores pérdidas han sufrido. 

Sobre el procedimiento administrativo, una vez han quedado presentadas las reclamaciones, es el Ministerio de Hacienda el encargado de tramitar y resolver las reclamaciones presentadas. Para ello tiene un plazo de seis meses desde la fecha de presentación, por lo que el plazo legal para resolver  finalizaría a finales de este año.

El mismo despacho que reabrió la hostelería en febrero

Martínez ha añadido que "el 60% de los establecimientos están situados en Donostia, y el resto, el 40%, repartidos por el resto de municipios del Territorio". Junto al secretario general de la patronal hostelera, Kino Martínez, ha explicado el proceso inciado el gerente de Hispajuris-Sunion, Iñigo Marcos Anasagasti. Este fue el despacho que lideró el recurso contra el decreto del lehendakari que cerró la hostelería en enero y que el Tribunal Superior de Justicia de Bilbao obligó a suspender.