Los trabajadores de Tubacex acogidos a las bajas se quedan en el limbo

Ayer fue una mañana de incertidumbre para muchos trabajadores de Tubacex, una más en este largo conflicto que no acaba de solventarse de forma definitiva. La mayoría de los 57 trabajadores acogidos a las bajas voluntarias se enteraron ayer de que las condiciones pactadas por la dirección de la empresa y los sindicatos ELA, CCOO y Sindicato Independiente en el acuerdo con el que se puso fin a una huelga de casi ocho meses, se han encontrado con un muro en el juzgado, y está pendiente su convalidación por no contar el acuerdo con la unanimidad de todos los sindicatos que recurrieron el ERE.

Es cierto que las partes tienen voluntad e interés en que el acuerdo salga adelante y que los servicios jurídicos -de empresa y sindicatos- trabajan contrarreloj para buscar fórmulas alternativas que permitan que estos trabajadores, que se llevarán una indemnización por despido improcedente + 3.000 euros, salen de la empresa con las condiciones fiscales y de prestación por desempleo que se marca dentro de un proceso de ERE. Pero hoy por hoy, si no se valida el acuerdo en el juzgado, en Tubacex no hay ningún ERE, ya que se mantiene vigente la sentencia que lo anuló, y que la empresa tiene todavía recurrida ante el Supremo.

El hecho de que los trabajadores no estuvieran informados de este punto explica en buena medida que la noticia fuera acogida con evidente enfado poor parte de algunos sindicatos como ELA, que tachaba en un comunicado a sus militantes de "falsa y malintencionada" la información publicada por este periódico, cuando a la vez reconocían que "los servicios jurídicos están dando forma jurídica a los elementos recogidos en el acuerdo de fecha de 4 de octubre con el objeto de dar total seguridad jurídica a los términos acordados, especialmente en lo referido a las personas que quieren reincorporarse y a las personas que desean salir de la empresa". Vamos, que están intentando dar seguridad jurídica a un acuerdo que hoy en día no la tiene.

Lo cierto es que a nadie en la empresa le interesa que este largo conflicto no llegue a buen puerto, sobre todo cuando la compañía tiene pedidos suficientes para que la situación de las plantas vascas de un giro radical para entrar en pronto en números negros.

Los sindicatos que han firmado el pacto han arriesgado mucho poniendo fin a un conflicto en una firma en la que no contaban con el apoyo de todo el comité. En el caso de CCOO llevaban meses insistiendo en que había que poner fin al conflico, pero en el de ELA, sindicato mayoritario en comité, pasó de abanderar la huelga a ser el máximo valedor del acuerdo.

Ni siquiera los sindicatos que no firmaron el acuerdo, como LAB y STAT tienen interés en que se trunque, porque seguramente tendrán afiliados entre las bajas voluntarias y porque decidieron o entorpecer la decisión de la mayoría del comité. Y en general, porque se consiguió poner fin a un conflicto tras casi 8 meses de huelga con la plantilla ya muy afectada.

Con estas dudas, desde algún sindicato se está planteando la posibilidad de que se busquen acuerdos alternativos al del juzgado para reforzar el acuerdo del 4 de octubre, quizá a través del Preco, y dar más garantías a los trabajadores que se suman a las bajas, aunque está por ver si esa es la fórmula elegida finalmente.

Mientras tanto, el Gobierno vasco que intermedió con éxito en la última parte del conflicto, prefiere no valorar una situación que está ahora en manos de los jueces y que pone en entredicho la salida de un acuerdo que tantos meses costó suscribir.