El bloqueo del rescate de la Sepi a Celsa atasca el convenio y siembra la incertidumbre en Nervacero

Las disputas entre el grupo Celsa y sus acreedores han puesto patas arriba el proceso de rescate a la siderúrgica catalana por parte de la Sepi. La sociedad industrial dependiente del Estado prepara una inyección de liquidez de 550 millones de euros pendiente de aprobación por Bruselas y, para ello, hace falta que den su visto bueno los acreedores. Estos fondos de inversión han puesto condiciones que la dirección de Celsa no está dispuesta a aceptar, lo que deja en compás de espera el rescate y por lo pronto complica las negociaciones para un nuevo convenio en Nervacero. No son buenas noticias para la acería vizcaina, que ya ha estado en el punto de mira ante anteriores urgencias financieras del grupo.

La factoría situada entre Trapagaran y Portugalete, con 350 trabajadores, es uno de los nodos del sector siderúrgico en Euskadi y ha vivido en los últimos años varios episodios de gran incertidumbre precisamente por la apurada situación económica del grupo. En 2012 llegó incluso a peligrar la continuidad de la acería, que finalmente pactó importantes ajustes para salvar su actividad. Desde entonces la situación ha ido estabilizándose y de hecho la compañía vizcaina ha podido sortear sin grandes contratiempos los últimos obstáculos en el sector, como la guerra de Ucrania o los altos costes energéticos.

En ese sentido hay pactado un ERTE desde marzo para hacer frente a posibles complicaciones derivadas de la situación internacional, pero la fábrica cuenta con carga de trabajo y confía en poder mantener el listón de 2021. La inyección de 550 millones al grupo se veía por tanto como un balón de oxígeno que podía abrir un marco favorable para la negociación del convenio de Nervacero, y el punto de salida del comité es de hecho un incremento similar al IPC para el próximo periodo. Pero las complicaciones en el proceso de negociación de las condiciones del rescate han sido un jarro de agua fría y han disparado la preocupación entre la plantilla.

El gran problema común a todas las plantas de Celsa es la delicada situación financiera del grupo de la familia Rubiralta, con una deuda global de más de 2.000 millones de euros. A nivel de carga de trabajo la situación es buena, pero sin una ayuda que palíe esas urgencias económicas puede haber fábricas en riesgo como ya le ocurrió a Nervacero en 2012. De ahí que el bloqueo del rescate haya disparado la preocupación en la plantilla de la acería de Trapagaran, inmersa en plena negociación de las condiciones de trabajo para los próximos años.

"Está claro que si llega el rescate el escenario cambiaría mucho", señalan desde el comité que preside UGT, y apuntan que todo lo que sea que el proceso se dilate en el tiempo juega en contra. Por ahora nadie quiere retroceder a 2012 y plantearse nuevos sacrificios salariales y de plantilla, pero es un hecho que la factoría vizcaina ha estado anteriormente en el punto de mira del grupo que, en caso de no llegar la ayuda pública, podría tener que desprenderse de parte de sus activos para cumplir con los acreedores. La firma de la familia Rubiralta cuenta también con Celsa Atlantic, la antigua Laminaciones Arregui, con dos plantas en Vitoria y Urbina y cerca de 90 operarios.

Entrar en la propiedad

La dirección de Celsa anunció este lunes que no aceptaba las condiciones de los acreedores (Goldman Sachs, JP Morgan o CVC, entre otros)  para dar un mordisco al volumen global de deuda. Entre otras cosas los fondos reclaman cambiar parte de su deuda por entrar en la propiedad de la siderúrgica, en concreto con hasta un 49% del capital que controlan los Rubiralta.

La negativa de los empresarios catalanes deja en el aire el que sería el rescate más voluminoso de los activados por la Sepi a empresas estratégicas afectadas por el covid. Fuentes conocedoras del proceso señalan que el tira y afloja puede enmarcarse en un proceso negociador natural y que lo normal es que el rescate acabe llevándose a cabo, pero el problema es que los plazos pueden alargarse mucho más allá de finales de este mes como estaba previsto. Lo cierto es que la operación beneficia a empresa y acreedores, pero las tiranteces vienen de atrás y ninguna de las dos partes quiere un rescate a cualquier precio. Ambos lados de la mesa, así como el propio Gobierno de Pedro Sánchez, buscarían en caso de que la situación no se desbloquee este mes lograr cuatro meses más de plazo para cerrar la inyección de capital público.

Los sindicatos CCOO y UGT enviaron una nota conjunta en la que "apoyan el modelo industrial de Celsa" y emplazan a los acreedores del grupo a "adherirse a los acuerdos y a facilitar la entrada de la financiación pública en la compañía". "La propuesta de los fondos es incompatible con la financiación pública y con el mantenimiento de los puestos de trabajo", señalan.