El consejo de ministros ha dado su confirmación al rescate por parte de la Sepi a Celsa Group, propietario entre otras de las plantas vascas de Nervacero, en Trapagaran, y Celsa Atlantic, con dos pequeñas factorías en Álava. En el último minuto del partido (Bruselas solo permite a los estados ayudar a empresas endeudadas con la justificación del covid hasta el 30 de junio) el Gobierno de Pedro Sánchez activa la inyección de 550 millones de euros a la siderurgia con sede en Barcelona sin tener todavía atado el acuerdo entre empresa y acreedores para reducir la deuda. El aval del consejo de ministros, confirmado este lunes por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ratifica eso sí que ambas partes han dado pasos sustanciosos en los últimos días hacia ese convenio que garantice la continuidad de la actividad industrial.
En realidad el Ejecutivo lleva meses con los deberes hechos y la Sepi, la sociedad industrial del Estado, terminó el examen de la solicitud de rescate, con dictamen favorable, allá por el mes de marzo. De materializarse, será la operación más voluminosa de las aprobadas por el fondo de ayuda a empresas afectadas por el covid, un total de 550 millones repartidos en dos tramos que deben traducirse, y esa es la primera condición para la viabilidad, en una reducción de la deuda global del grupo catalán en algo más de 1.000 millones de euros (el pasivo total ahora ronda los 2.800 millones).
Pero para poder sanear sus cuentas Celsa necesita del apoyo de sus acreedores, algo más de media docena de fondos de inversión, como Deutsche Bank o Goldman Sachs, que controlan la parte mayoritaria de la deuda. E iniciado el mes de junio y con la presión del 30 de junio como fecha límite saltó a la luz pública lo que llevaba semanas cociéndose en privado: los fondos exigían a Celsa condiciones inasumibles para la empresa, entre otras convertirse en accionistas asumiendo bajo su control parte del capital de la familia Rubiralta.
Las disputas encendieron las alarmas en factorías como Nervacero, que ya ha estado en cuestión anteriormente y se encuentra además inmersa en la negociación de su convenio. La plantilla aceptó importantes sacrificios para mantener la actividad en 2012, volvió a verse contra la espada y la pared en 2016 por los problemas financieros de Celsa y en los últimos años arrastra problemas derivados de su alto consumo energético. El rescate de la Sepi se ve como la tabla de salvación para asegurar al menos a medio plazo la continuidad de la acería, con 350 trabajadores. En cuanto a Celsa Atlantic, la firma alavesa, antes Laminaciones Arregui, no ha corrido la misma suerte bajo el mando del grupo catalán y, en especial a partir de 2012, cuando rondaba los 400 operarios, va encadenando despidos colectivos hasta quedar actualmente con menos de un centenar en los centros de Vitoria y Urbina.
El presidente de Celsa, Francesc Rubiralta, frente a una de las plantas de la siderúrgica / FOTOMONTAJE CG
Negociación contrarreloj en Madrid
El aval del consejo de ministros este lunes deja la puerta abierta al préstamo por parte de la Sepi, pero aun no está todo dicho. Falta que Celsa y los fondos materialicen ese acuerdo sobre los pasos a seguir para quitar parte de la deuda, si bien lo cierto es que las dos partes necesitan entenderse. Los reproches mutuos de la primera quincena del mes se enmarcan en un tira y afloja natual en este tipo de procesos que han dado paso, ya desde hace días, a un escenario en el que lo prioritario es que la cuerda no se rompa.
Ya desde hace dos semanas empresa y acreedores blindaron la negociación de injerencias externas, sobre todo a raíz de las presiones políticas, sindicales y de varios gobiernos autonómicos para que los fondos cedieran en sus pretensiones de entrar en el capital, y se centraron en avanzar con una única meta: nadie gana si no llegan los 550 millones. Ya el viernes 17, con ese compromiso negociador sobre la mesa, la Sepi envía la documentación del rescate a Bruselas, que da su aval la semana pasada. Así las cosas, a nivel administrativo solo faltaba el trámite del consejo de ministros, que ha rubricado la operación este mismo lunes, en la última sesión antes del 30 de junio.
Fuentes próximas a la negociación indican a 'Crónica Vasca' que las dos partes siguen reunidas en Madrid, con ese compromiso de acercar posturas vigente pero, a día de hoy, sin un acuerdo definitivo que ponga a salvo el rescate. Eso significa que las conversaciones continuarán en las próximas horas bajo un absoluto secretismo como viene ocurriendo en las últimas jornadas de cara a evitar filtraciones que pongan en riesgo el proceso.