Sin la presión del calendario y una vez aprobado el rescate de 550 millones de euros por parte del consejo de ministros, el grupo Celsa ultima con sus acreedores una hoja de ruta para sanear su deuda satisfactoria para las dos partes. El objetivo es cerrar el acuerdo lo antes posible para poder acceder al préstamo de la Sepi a la mayor brevedad y lo cierto es que el grupo trabaja con la previsión de disponer de esa inyección de dinero público, a la que se sumará una aportación de 50 millones por parte de los propietarios, la familia Rubiralta. Los fondos absorberían así 450 millones de euros e irían otros 150 a la caja para disponer de un colchón de circulante los próximos años.
El máximo responsable de Nervacero y uno de los pesos pesados en la dirección de Celsa, Víctor Martínez, envió en ese sentido un mensaje de tranquilidad al comité de empresa de la acería vizcaína este pasado miércoles, en el marco de la ronda de reuniones para negociar el convenio. Acostumbrada a vivir en el alambre, la factoría ubicada en Trapagaran da la bienvenida a la inyección de la Sepi más allá de no disponer de garantías sobre futuras inversiones en las instalaciones. El rescate de la Sepi incluye un programa de devolución de la deuda hasta 2027 y, se entiende, la concurrencia de la inversión pública debe servir de palanca para sanear la situación financiera de un grupo industrial que, por lo demás, vive un buen momento a nivel de carga de trabajo.
Francesc Rubiralta, presidente de Celsa Group.
Precisamente este jueves terminaba el plazo concedido por Bruselas para que los estados ayudaran a empresas en dificultades lastradas por la pandemia de covid. La compañía de los Rubiralta llegaba a esa fecha sin tener un acuerdo cerrado con los fondos que poseen la parte mayoritaria de los más de 2.500 millones de pasivo (Deutsche Bank, Goldman Sachs o Cross Ocean, entre otros), aunque con aire en los pulmones después de que el consejo de ministros del pasado lunes diera luz verde definitiva al rescate. Eso permite seguir adelante con unas negociaciones que estarían ya muy cerca del punto de entendimiento definitivo. Para poder acceder a los 550 millones de la Sepi empresa y acreedores deben ponerse de acuerdo en los términos en los que se procederá a reducir el volumen total de deuda y, en definitiva, cuánto gana y cuanto pierde cada una de las partes.
En estos meses se han ido haciendo públicas algunas de las pretensiones del bloque acreedor, como tomar parte de la propiedad del grupo, lo que en algunos momentos ha hecho peligrar la operación de la Sepi. Ese escenario de entrada de los fondos de inversión en el capital parece a día de hoy descartado, con lo que el escenario actual permite dibujar un horizonte bastante despejado para la continuidad del proyecto industrial. Las presiones de gobiernos autonómicos de territorios con presencia productiva de Celsa, caso del Gobierno vasco, así como de los propios sindicatos del grupo, habrían hecho dar un paso atrás a los fondos. En esa línea la siderurgia con sede en Barcelona se guarda en la caja 150 millones (teniendo en cuenta la propia inyección de capital) para afrontar gastos y acometer posibles inversiones o nuevos proyectos.
Imagen de las instalaciones de Nervacero, entre Portugalete y Trapagaran / CV
Cobro de atrasos
Nervacero coge así aire en un momento clave para la factoría, inmersa en la negociación del convenio y con algunos flecos pendientes a nivel salarial. La plantilla, de 350 empleados, ha percibido estos días una parte de los atrasos correspondientes al desvío con la inflación del pasado ejercicio, aunque la negociación sigue siendo muy complicada. La acería vizcaína, ahogada por los altos costes del gas, afronta el proceso negociador, como el resto de empresas que deben renovar convenio este año, con una inflación disparada que hace muy difícil el acuerdo.
En ese sentido las conversaciones van camino de entrar en vía muerta a corto plazo para, como ha ocurrido en otras compañías como Arcelor Mittal, dejar los deberes pendientes para septiembre. Además, en el caso de Nervacero hay firmado con el comité una progresiva recuperación de la parte del salario que se pasó a variables en 2012. Un primer paso se dio en el anterior convenio pero queda pendiente casi un 9% que debería consolidarse en la nómina este año. La empresa argumenta que en el actual contexto no puede asumir ese coste extra y, además, hacer frente en los salarios a los actuales niveles de inflación.