Después de que los parques de Aixeindar en Arkamo e Iturrieta se descartasen por no contar con declaraciones de impacto medioambiental favorables, la sociedad para la promoción de la eólica en Euskadi que comparten Iberdrola y el Gobierno vasco mueven ficha para conseguir que los otros dos que tramitan en Álava no se vayan al traste. Labraza y Azazeta son dos infraestructuras claves para que la sociedad eche a andar con sus proyectos eólicos y uno de esos dos parques, el de Azazeta, cuenta con dos amenazas. De una parte, un informe foral que advierte de los "efectos negativos muy relevantes" que podría tener la instalación y, por otro lado, la falta de un plan especial urbanístico que habilite la instalación de los propios aerogeneradores.

Este segundo paso es un problema que tiene su raíz en una cuestión puramente geográfica: el parque que promueven Iberdrola y el Gobierno vasco 'pisa' seis municipios alaveses: Barrundia, Bernedo, Arraia-Maeztu, Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna y San Millán. El hecho de estar en el puerto de montaña y contar con ocho aerogeneradores hace que las superficies o las palas toquen seis términos municipales distintos en una zona donde, además, la contestación social a estas instalaciones es importante. El hecho de ser un parque 'intermunicipal' hace que los seis municipios se tengan que poner de acuerdo a la hora de diseñar un plan especial que permita poner en marcha la instalación eólica y ese consenso no se estaba alcanzando. De ahí que Aixeindar decidiese mover ficha en julio y registrar un escrito en la Diputación de Álava pidiendo al Gobierno foral que interviniese para atajar el problema y poner en marcha por fin el parque de Azazeta. 

La Diputación ha atendido a esa petición de Aixeindar y, mediante una orden emitida por el Departamento de Medio Ambiente, ha decidido dar un ultimátum de tres meses a los municipios para que pacten cómo diseñar este plan especial para el parque eólico. El diseño tendrá que correr a cargo de un ayuntamiento, aunque deberá ser consensuado. La falta de acuerdo sobre quién tenía que diseñar este trámite urbanístico era lo que estaba frenando al proyecto, pero el plazo de la Diputación alavesa es claro: si en tres meses no hay acuerdo, será el Gobierno foral quien se encargue de diseñar la ordenación urbanística, teniendo la única obligación de escuchar a los ayuntamientos.

La orden, adelantada por la Cadena SER y a la que ha tenido acceso 'Crónica Vasca', cuenta con una laguna legal que, sin embargo, se sortea mediante pura jurisprudencia. La ley que regulaba el régimen de suelo y ordenación urbanística en 1998 sí recogía una disposición en la que cuando las tramitaciones eran supramunicipales recaían en manos de las Diputaciones hacerse cargo de ello. Sin embargo, la ley de suelos de 2006 no reparó en ese aspecto, de modo que este asunto quedaba en una laguna legal. Sin embargo, la alegalidad ya se ha superado porque, aunque no se ha cubierto legalmente ese vacío, esta cuestión ha sido 'colmatada' por la jurisprudencia. Ya ha habido ocasiones anteriores en las que se ha recurrido a este mecanismo para tramitar planes análogos los tribunales -tanto el TSJ vasco como el propio Tribunal Supremo- han dado la razón a los Gobiernos forales.