El convenio del Metal de Bizkaia sigue sin registrar un acercamiento claro tras la cita negociadora de este lunes, la primera después del acuerdo en el sector en Álava a cargo de SEA y CCOO, UGT y LAB. Si en el territorio alavés las partes encontraban finalmente un camino para renovar subidas salariales, con cláusula de revisión al IPC al término del convenio, así como otros asuntos laborales como la flexibilidad o la subrogación, en Bizkaia la mesa sigue bloqueada y se encamina a nuevas jornadas de huelga.
El sindicato LAB ha señalado al término de la reunión de este lunes que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) "bloquea el convenio e impide el acuerdo" en el territorio vizcaíno, lamentando que no ha llevado a la mesa propuestas nuevas. En ese sentido en la anterior reunión FVEM ofreció un incremento para este año del 3,25%, lejos aun del IPC del pasado año, y mantenía su negativa a abordar algunas cuestiones relevantes para los sindicatos como la extensión de la subrogación a más sectores más allá del mantenimiento.
En todo caso, el acuerdo la pasada semana en el Metal de Álava parecía podía abrir una ventana al entendimiento en Bizkaia, ya que plasma en el nuevo convenio sectorial fórmulas de consenso en materias como los salarios, la jornada o la subrogación, uno de los asuntos más delicados en el último conflicto en la industria vizcaína en 2019.
Bizkaia, único territorio sin acuerdo
Sin embargo este lunes no se han producido avances en la mesa vizcaína, tal y como ha informado LAB, central clave para un hipotético acuerdo (ELA no ha firmado en convenio alavés). Teniendo en cuenta que la próxima cita negociadora es el 13 de octubre tendría que producirse un giro radical de los acontecimientos para que el Metal de Bizkaia evitara nuevas jornadas de paro tras las tres celebradas en el arranque del verano. "Si no quieren moverse tendremos que moverlos", ha indicado LAB.
De esta manera mientras la industria tanto en Gipuzkoa como en Álava tiene asentada la paz social, con las condiciones renovadas para varios años en ambos casos, tanto las empresas vizcaínas como los 50.000 trabajadores amparados por el convenio están abocados a un panorama de incertidumbre.