La Diputación de Álava pone en marcha la tramitación del parque de Azazeta

Después de no haber alcanzado un acuerdo, la Diputación de Álava ha decidido cumplir su ultimátum, publicado hoy en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (Botha). La falta de pacto entre los ayuntamientos para dar con un pacto urbanístico que permitiese al parque eólico de Azazeta empezar su tramitación ha hecho que sea el Gobierno foral quien asuma la tramitación administrativa de la infraestructura que promueven Iberdrola y Lakua a través de Aixeindar. El ultimátum fue lanzado desde la Diputación después de que Iberdrola pidiese ayuda en agosto para comenzar la tramitación del parque eólico ante el bloqueo de las corporaciones municipales.

El Ejecutivo foral dio tres meses a los ayuntamientos para que moviesen ficha, pero no ha habido un consenso y ahora el Departamento foral de Medio Ambiente ha decidido tomar cartas en el asunto. Mediante una orden foral publicada este lunes, el equipo de Josean Galera ha decidido iniciar la tramitación del plan especial necesario para poner en marcha la infraestructura -que se espera que esté lista en 2025- y empezar la evaluación medioambiental de la propuesta del parque, contra la que ya ha surgido de los técnicos forales algún informe con advertencias sobre problemas medioambientales de la infraestructura.

Durante los tres meses de ultimátum, los ayuntamientos se han dedicado a pasarse las responsabilidades entre ellos. San Millán, Barrundia, Alegría-Dulantzi e Iruraiz-Gauna no han movido ficha durante estos meses mientras que Bernedo y Arraia-Maeztu se han pasado las responsabilidades mutuamente: el Ayuntamiento de Bernedo propuesto a finales de septiembre que fuese Arraia quien diese cauce al parque... y en octubre el equipo de gobierno de esa localidad propuso exactamente lo opuesto, que fuese Bernedo quien pusiese los mimbres urbanísticos para hacer realidad la infraestructura. Ambos consistorios están gobernados por el PNV.

Imagen de archivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en Bilbao. /EP

Una alegalidad superada mediante jurisprudencia

Aunque esa falta de acuerdo es una laguna legal, el vacío de legalidad se sortea mediante pura jurisprudencia. La ley que regulaba el régimen de suelo y ordenación urbanística en 1998 sí recogía una disposición en la que cuando las tramitaciones eran supramunicipales recaían en manos de las Diputaciones hacerse cargo de ello. En cambio, la ley de suelos de 2006 no reparó en ese aspecto, de modo que este asunto quedaba en una laguna legal. Sin embargo, la alegalidad ya se ha superado porque, aunque no se ha cubierto legalmente ese vacío, esta cuestión ha sido 'colmatada' por la jurisprudencia. Ya ha habido ocasiones anteriores en las que se ha recurrido a este mecanismo para tramitar planes análogos los tribunales -tanto el TSJ vasco como el propio Tribunal Supremo- han dado la razón a los Gobiernos forales.

Ahora la única obligación que tendrá la Diputación será escuchar a los ayuntamientos para hacer realidad un parque eólico que contará con una potencia de 40 MW repartida entre ocho aerogeneradores.