“La biomasa es la principal energía renovable de Euskadi, y en el horizonte 2030 lo seguirá siendo”. Eso decía el Ente Vasco de la Energía en 2017. Más de un lustro después el discurso se mantiene porque la riqueza forestal del territorio invita a ello, pero hay matices. De las diferentes patas de esta línea estratégica, el impulso de grandes instalaciones generadoras de electricidad mediante residuos leñosos parece haber trastabillado. Hace apenas un año el Ejecutivo de Urkullu aparcaba el proyecto de la central de Lantarón. Con el inicio de 2023, Glefaran ha cerrado. La empresa vizcaína, que se beneficiaba de las ayudas a las renovables, ha echado la culpa a los últimos ajustes regulatorios. “Los costes de producción han pasado a ser significativamente superiores a su precio de venta en el mercado regulado, haciendo inviable la actividad”, afirma. Sin embargo, un hecho coincide en ambos casos y para nada es económico: la contestación social.

Los movimientos locales se han hecho fuertes destapando la cruz de este tipo de infraestructuras. La biomasa es una energía verde, pero sobre las productoras de electricidad a partir de la madera planean sombras grises. Entre otras, el impacto que pueden generar en el medioambiente y en la salud de las personas. Glefaran, que abrió puertas en 2016, llegó a ser advertida por el Gobierno vasco por cuadruplicar algunos valores límite de sus emisiones. También recibió sanciones de ayuntamientos del entorno: contaminación acústica entre otras razones. Y a todo esto, las plataformas ciudadanas no cejaron en plantar batalla legal a la empresa.

La cooperativa de energía vasca Goiener, que sabe mucho sobre biomasa y más sobre los claroscuros del sector, no cuestiona que lo económico haya pesado en el cierre de Glefaran. “Con los precios de mercado tan elevados el último año y medio, era un hecho que las primas o sobreingresos que el Estado destinaba a ciertas tecnologías como suplemento de los ingresos de la venta de dicha energía en el mercado dejaban de tener sentido”, señala la presidenta, Erika Martínez. Ahora bien, “desconocemos si este motivo ha sido suficiente para establecer una relación causa-efecto o si en realidad esta decisión es la excusa que se necesitaba para proceder al cierre”. La versión oficial de la empresa en los medios de comunicación “no puede ocultar la existencia de problemas que venían de largo, sobre todo en lo tocante a la alta contestación social”.

En Goiener ven potencial a la biomasa con fines térmicos, mediante el aprovechamiento de leña, astillas o pellets y la creación de redes de calor. No así en la producción de electricidad, área en la que se acumulan controversias y problemas. Martínez se hace eco de los inconvenientes largas veces denunciados por las plataformas locales, como “el origen mismo de las maderas, la explotación de bosques asociados de manera indiscriminada o sin una mirada de desarrollo basado en la biodiversidad (se gestionan plantaciones, no se cuidan bosques), el tamaño de las instalaciones, su gestión más que gestionable y contaminación por escaso tratamiento de los humos”.

El riesgo de caer en la trampa del "todo vale"

El negocio de la biomasa tiene dos caras, y además ésta es una realidad exportable a todo el sector de las renovables. O eso advierten quienes trabajan al margen de los oligopolios en favor del autoconsumo. Administraciones, empresas y ciudadanía son cada vez más conscientes de la alta dependencia energética que sufrimos, pero “las prisas para inyectar fondos económicos que permitan reducirla puede hacer que se caiga en la trampa del todo vale”. Un ejemplo: se ha eliminado el requisito de estudios de impacto ambiental para cualquier tecnología renovable.

En Goiener tienen claro que “vamos a ver proliferar grandes fondos de inversión y grandes compañías poniendo en marcha planes basados en energías limpias sin criterios sociales o ambientales, más cuestionados por la ciudadanía que por las propias administraciones públicas… porque si son renovables, no pueden ser malas, ¿verdad?”. La pregunta esconde una reflexión profunda sobre las motivaciones de quienes hacen negocio con la transición verde.

La viabilidad holística frente al beneficio

Recientemente, en el 40 aniversario del EVE, el lehendakari defendía como receta para abordar el “desafío energético local y global” implantar más instalaciones de generación de energía renovable en detrimento del gas. El problema, según Goiener, es que si lo que alienta a las empresas es la obtención del beneficio -cortoplacista, además- “se seguirán cometiendo los errores de siempre”. No serán combustibles fósiles, pero a su juicio viviremos un despliegue de renovables que no tendrá en cuenta el impacto natural, local y remoto. “¿Proyectos económicamente viables? Sí, pero que sean justos, que redistribuyan la riqueza de manera real, que no generen desequilibrios intergeneracionales, que no destruyan el ámbito natural, cercano y lejanos. La viabilidad ha de ser holística”.

Para evitar futuros desatinos, Goiener defiende un cambio estructural del sistema. En el caso de Euskadi, esto pasaría por aparcar la mirada de corte industrial y promover un debate sobre otros modelos societarios, productivos, de distribución de recursos...  “De lo contrario habremos cambiado todo para que nada cambie”, advierte la cooperativa al volver los ojos, de nuevo, a Glefaran. El cierre de la planta ha dado carpetazo a más de seis años de conflicto, pero también deja sin sustento a más de treinta familias. Un recordatorio de que la sostenibilidad es social, económica y medioambiental, o no habrá transición verde.