Los papeles de Cecobi (I): Pedro Campo, un presidente investigado por la justicia

Jueves, 5 de diciembre de 2019. España vislumbra el final de año pendiente de ver cómo se cocina el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La prensa nacional de ese día señala como asuntos relevantes, además de los pactos poselectorales, la cumbre de una OTAN que mira con recelo a China, la huelga de Renfe que va a complicar la Operación Salida en pleno puente, el asesinato de Marta Calvo y el brutal ataque que había sufrido en Madrid ese miércoles un centro de menores no acompañados. En Euskadi -este periódico todavía no existía- eran noticia asuntos como el pacto presupuestario rubricado entre el Gobierno y Podemos, el futuro de Euskaltel -que parecía que tenía garantizado el arraigo-, la acogida futura de la Eurocopa en San Mamés o el cuello de botella que los controles 'antiterroristas' de Francia empezaban a formar para los migrantes en Irun.

Ese mismo día, un Pedro Salafranca que apenas ha aguantado dos meses como Secretario General de la Confederación Española del Comercio (CEC) acude a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y deposita un escrito de cinco páginas -al que ha tenido acceso este periódico- en el que transpone lo que ocho días antes, el 27 de noviembre, había transmitido a la Junta Directiva de la patronal nacional del comercio: las sospechas de que se está haciendo un uso incorrecto de las subvenciones que recibe la CEC y de que se pueden estar malversando caudales públicos.

Según explica Salafranca en los archivos a los que ha tenido acceso 'Crónica Vasca', el entonces secretario general de la CEC asegura que la organización se mantiene viva porque usa dinero de subvenciones públicas para sufragar gastos ordinarios de la Confederación, algo que para Salafranca puede ser susceptivo de los delitos de administración desleal o malversación de caudales públicos. Esa bola, asegura Salafranca, ha hecho un agujero de más de 3 millones de euros en deudas por no ejecutar fondos de formación... que no se puede cubrir y que "no está aprovisionado en contabilidad".

En la denuncia -que también recomienda la declaración de la CEC en concurso de acreedores- se hablan de una acumulación de acontecimientos que abarcan, a ojos de Salafranca, los posibles delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos, corrupción entre particulares y falsedad documental. Un cúmulo de ílicitos penales en el que se señala a cuatro posibles responsables: dos abogados, José Guerrero -el anterior secretario general-... y Pedro Campo. El actual presidente de Cecobi ejercía durante los años en los que se dieron esas supuestas irregularidades en la contabilidad los cargos de vicepresidente y tesorero de la CEC. En el momento de la denuncia Campo ya ocupaba la presidencia de la CEC que le duraría dos años.

Precisamente Campo dejó la presidencia de la patronal nacional del comercio cuando la denuncia de Salafranca derivó en una citación para declarar como investigado por un delito de apropiación indebida. Un llamamiento que no había trascendido públicamente hasta este lunes y que emitió el juzgado de instrucción número 18 de Madrid el 14 de julio de 2021. Nueve días después, el 23 de ese mismo mes, Pedro Campo, presentó su dimisión como presidente de la Confederación Española del Comercio, pero el presidente de Cecobi decidió seguir en su puesto en la patronal vizcaína, integrante de CEBEK y posible responsable subsidiaria en caso de que la CEC no pudiese hacer frente a esos pagos.

Fuentes conocedoras del proceso judicial señalan que ahora mismo la causa que llevó a la investigación de Pedro Campo se encuentra en una fase de peritaje de la contabilidad de la CEC durante los años en los que Campo, Guerrero -entonces secretario general- y Manuel García Izquierdo -expresidente- coincidieron al frente de la patronal, si bien este periódico no ha podido corroborar este último extremo y no puede asegurar si Campo mantiene o no la calidad de investigado a día de hoy por la justicia madrileña. Fuentes consultadas por este periódico señalan que la justicia trata de esclarecer cómo se gestionaron las cuentas, qué uso se le dio a las subvenciones públicas y cómo cobraron sus gastos de representación Campo, Guerrero y García-Izquierdo. Este periódico ha intentado en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con Pedro Campo o algún representante de Cecobi sin que su petición haya sido atendida.

La denuncia presentada por Salafranca ante la UDEF incluso asegura que una abogada cercana a Pedro Campo que ejercía de asesora suya, contactada para preguntarle sobre la autenticidad de dos avales -firmados con aseguradoras sobre las que entonces pesaban alertas de fraude-, llegó a decirle: "Pero Pedro, ¿a ti qué más te da... (que sean falsos)?". La relación entre la CEC y Cecobi viene deteriorándose desde entonces hasta el punto de que fuentes consultadas por este periódico señalan que hay intenciones de abandonar la patronal nacional del comercio y que la salida podría efectuarse en breve.

Ilustración de la conversación entre una asesora de Pedro Campo y Pedro Salafranca / CV

Unas cuentas que "no reflejan la imagen fiel del patrimonio y la situación económica"

Para evitar pagar esas cifras, la patronal tiene entonces varios frentes judiciales abiertos contra la Administración Pública... y avales. Avales de la CECA, de la CEC... y también avales privados. En concreto, dos avales... de los que en la Confederación "no constan los correspondientes contratos", de los que no se estaban pagando primas y que contaban con advertencias de fraude en ambos casos.  

Salafranca había llegado a la CEC para sustituir a José Guerrero, secretario general de la Confederación Andaluza del Comercio y que ya contaba con alguna demanda judicial a sus espaldas. Guerrero, según informó entonces la CEC, abandonaba la patronal nacional del comercio por voluntad propia. Su sustituto no llegó a los dos meses en el cargo... y acabó acudiendo a la policía ante el temor de que se estuviesen cometiendo ilícitos penales en la CEC.

A su llegada a la secretaría general, Salafranca, según explica en los escritos a los que ha accedido este periódico, se encuentra con una contabilidad en la que la cuenta de gastos ordinarios de la patronal está "prácticamente a cero" -el importe no llegaba a los 20.000 euros- y la de formación -donde se ingresan las subvenciones públicas- cuenta con 192.000 euros. Sin embargo, Salafranca asegura que "la dinámica habitual de funcionamiento, desde hace años, de la Confederación era la de abonar la mayor parte de los gastos [...] realizando transferencias periódicas desde la cuenta corriente de formación a la cuenta de administración". Algo que revela, a sus ojos, que el sostenimiento económico de la CEC hunde sus raíces en unos fondos que no están destinados a eso. "Buena parte de los gastos ordinarios de la Confederación se han venido abonando recurrentemente con subvenciones públicas", asegura el exsecretario general ante la UDEF.

La situación, de hecho, movió a la CEC a elaborar un 'mapa de riesgos' en el que se advertía, siempre según la denuncia de Salafranca, que se estaban consumiendo para los gastos ordinarios de la Confederación fondos destinados a programas de formación. Algunos de ellos contemplaban 48 jornadas de una formación de las que, a la marcha de Salafranca, solo se había ejecutado una sesión. El exsecretario general de la CEC también argumenta que se llegó a contratar a exempleados de la patronal andaluza "sin que [...] desarrollaran ninguna actividad en la sede de la CEC y sin que conste acreditado que realizaran ninguna tarea efectiva para la confederación".