Después de conocerse en la Confederación Española del Comercio (CEC) la citación en calidad de investigado por un presunto delito de apropiación indebida -revelada este lunes por 'Crónica Vasca'- y la posterior dimisión de Pedro Campo como presidente de la patronal nacional del comercio, el Comité Ejecutivo de la CEC se vio obligado a reunirse de urgencia. Lo hizo cuatro días después de que Campo presentase su carta de dimisión como presidente de la Confederación: el 27 de julio de 2021 a las 16:30 horas, por videoconferencia, según refleja el acta de esa reunión, a la que ha tenido acceso este periódico. Un acta en el que se documenta que, tras la marcha de Campo, el Comité Ejecutivo de la CEC pidió a su tesorero, Carlos Moreno-Figueroa, la elaboración de un informe económico -literalmente, "un análisis detallado de la documentación"- para ser expuesto "a la mayor brevedad posible".

El encuentro, de aproximadamente una hora y media de duración y con 13 asistentes, trató cinco puntos, orientados fundamentalmente a resolver el vacío de gobernanza creado tras la salida de quien hasta el 23 de julio era presidente de la organización y que actualmente sigue desempeñando su papel como presidente de Cecobi. La marcha de Campo fue el asunto al que más pábulo se le dio. La cúpula de la CEC fue notificada entonces oficialmente de la salida de Campo, cuya carta de dimisión fue leída en ese encuentro digital.

Tras la lectura de ese documento, el tesorero de la CEC, Carlos Moreno-Figueroa, amplió algunos detalles sobre los motivos detrás de la dimisión de Campo. Unos motivos que, "además de los motivos de índole personal", incluían, según ese documento, "otras causas relacionada con el proceso judicial derivado de la denuncia interpuesta en su día por Pedro Salafranca" -revelada también por este periódico este lunes- y "facturas localizadas tras la revisión de documentación realizada a petición de los abogados de CEC en la causa contra José Guerrero". Guerrero había sido secretario general de la Confederación -hasta la llegada del propio Salafranca- al tiempo que Pedro Campo era tesorero de la organización. Unos años en los que -siempre según la denuncia de Salafranca- "la dinámica habitual de funcionamiento de la Confederación era la de abonar la mayor parte de los gastos [...] realizando transferencias periódicas desde la cuenta corriente de formación a la cuenta de administración".

Según se explica en las actas de esa reunión, esa "revisión de documentación" forzada por la batalla judicial entre la CEC y José Guerrero, "los primeros documentos localizados" dejan a la luz que "los entonces presidente (Manuel García-Izquierdo), secretario general (Guerrero) y tesorero (Campo) emitieron y cobraron facturas mensuales durante varios años a CEC por un elevado importe global". Unas facturas mensuales que se emitieron, según explica Moreno-Figueroa en esa reunión, "sin comunicación ni aprobación por parte de la Junta Directiva".

El acta de esa reunión hace por primera vez mención a "la citación judicial recibida por Pedro Campo" -esa convocatoria judicial para comparecer ante los tribunales- y a "la existencia de estos cobros", presumiblemente en referencia a las facturas anteriormente mencionadas. Esas dos circunstancias, según explicó entonces el tesorero de la CEC, "aconsejaron actuar inmediatamente".

El presidente de Cecobi, Pedro Campo / CEC

"Se comprometió a dar las explicaciones oportunas"

Se le comunció a Pedro Campo "la existencia de estas facturas en la contabilidad" de la Confederación y, según las declaraciones de Moreno-Figueroa recogidas en ese acta, Campo "se comprometió a dar las explicaciones que se consideren oportunas y a la completa devolución de los importes". Llegados a ese punto, de acuerdo con ese acta, el actual presidente, Rafael Torres, charló con Campo y se confirmó la presentación de la carta de dimisión "de forma inmediata".

Este periódico ha intentado de nuevo durante las últimas horas y en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con Pedro Campo o, en su defecto, con algún portavoz de Cecobi que aporte su versión de estos hechos. Desde la confederación vizcaína se han remitido a sus servicios jurídicos, que han aclarado a 'Crónica Vasca' que no iban a ejercer como portavoces de la organización empresarial.

La renuncia de Pedro Campo como presidente de la CEC se aceptó por unanimidad y que, según reflejan las actas de la propia CEC, movieron a solicitar "un análisis detallado" de la documentación que había aparecido en la contabilidad de la CEC "para ser expuesta a la mayor brevedad posible". En esa misma cumbre, el vacío legal se resuelve con el nombramiento provisional de Torres como presidente de la patronal nacional del comercio, la convocatoria para dos días después