Tan sólo un 4 % de las personas en paro en Euskadi encuentran trabajo a través de Lanbide. Sus 43 oficinas, 42 de ellas presenciales y una virtual, se han convertido principalmente en tramitadoras de prestaciones por desempleo y de ayudas sociales, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), lo que ha ido en detrimento de sus funciones relacionadas con la orientación laboral.
La Ley Vasca de Empleo, cuyo proyecto fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno, prevé revertir esta situación y apostar por que el Servicio Vasco de Empleo aspire a mejorar sus índices de intermediación y tenga un papel determinante para la gestión del empleo y del talento en el territorio. Así, el texto de esta ley, que prevé ser aprobada en mayo y podría entrar en vigor en el mes de noviembre, establece una base de datos única en la que compartirá la información de las ofertas laborales existentes en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa con las más de 300 entidades y agentes públicos y privados con los que opera en Euskadi, entre Ayuntamientos, Diputaciones, centros educativos y universidades, etc, así como con los usuarios de Lanbide.
De esta forma el Gobierno vasco, a través de Lanbide, pretende “liderar” y “ordenar” la gestión del empleo creando “una red vasca de empleo” que englobe y establezca las directrices a seguir por parte de cada uno de los agentes, fomentando el valor añadido y la especialización de cada uno de ellos y evitando duplicidades a fin de lograr un sistema más “eficiente” que permita optimizar los recursos económicos.
Voluntariedad frente a obligatoriedad
Sin embargo, la aspiración inicial de la ley impulsada por la Vicelehendakari segunda y Consejera de Trabajo y Empleo Idoia Mendia, para obligar a todas las empresas de Euskadi a comunicar sus ofertas de empleo al Servicio Vasco de Empleo para incluirlas en una base de datos común y “garantizar así el acceso de todas las personas” a las mismas oportunidades laborales, no podrá llevarse a cabo.
La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, espera que la Ley Vasca de Empleo obtenga un consenso. / EuropaPress
El problema reside en la reforma laboral diseñada desde el Gobierno central, que aunque incluía esta obligatoriedad en su borrador, al estilo del modelo de gestión laboral alemán, el texto final aprobado tras las negociaciones terminó imitando el modelo francés, que confía en la voluntariedad de las empresas a la hora de informar de sus ofertas de empleo. Por ello, las personas en búsqueda de empleo seguirán teniendo que recurrir a portales de empleo o redes profesionales para estar al tanto de las oportunidades que pudieran surgir en su ámbito de búsqueda. No obstante, las empresas colaboradoras sí tendrán la obligación de llevar a cabo este ejercicio de transparencia con Lanbide.
Ofertas de empleo “digno”
Otro de los objetivos de la Ley Vasca de Empleo es establecer unos criterios objetivos que permitan desechar aquellas ofertas de empleo que no reúnan las condiciones necesarias para garantizar un empleo “digno”, tal y como explicó Mendia en el desayuno informativo convocado para esbozar los aspectos recogidos en el proyecto de ley recién aprobado. “Por supuesto no pasarán el filtro aquellas ofertas que ofrezcan una remuneración inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, advirtió. Además, se hacen extensibles las causas objetivas recogidas en la ley reguladora de la RGI que permitan al demandante de empleo rechazar una oferta, como en el caso de que resulte incompatible con la conciliación o que el tiempo dedicado al transporte de ida y vuelta al centro de trabajo suponga más de un 25 % de la jornada de trabajo establecida.