"Hay un acuerdo entre los gobiernos español y francés y el cable se va a hacer". Así de contundente respondía recientemente a preguntas de Crónica Vasca Iñigo Ansola, máximo responsable del Ente Vasco de la Energía (EVE), la agencia energética del Gobierno vasco, en relación al proyecto para mejorar la conexión eléctrica entre España y Francia uniendo Gatika y Burdeos con un cable submarino.
Un proyecto de dimensiones relevantes (400 kilómetros de longitud) cuyo origen se remonta más de diez años atrás y que, principalmente por discrepancias entre los agentes implicados y la subida de los costes, se ha ido retrasando más y más. Incluso se ha tenido que redibujar el trazado para esquivar el cañón de Capbreton en el lecho marino. Red Eléctrica (ahora llamada Redeia), la empresa que impulsa la interconexión junto a la gala RTE (ambas han formado la sociedad conjunta Inelfe) colocaba hace un año el alumbramiento del cable submarino en el entorno de 2027.
Son tantos los años que se lleva hablando del proyecto que todo es escepticismo en relación a las posibilidades reales de que la conexión pueda estar operativa según lo estipulado en ese nuevo calendario. A comienzos de este año algunos medios señalaban incluso que el cable quedará definitivamente suspendido al no validar los organismos reguladores de la competencia de España y Francia (CNMV y CRE) el nuevo presupuesto, que se iría hasta los 3.000 millones de euros.
Un encarecimiento que responde tanto a las complicaciones a la hora de dibujar el trazado como a la fase inflacionista en la que ha estado inmersa la economía tras la pandemia, que ha disparado las facturas. Red Eléctrica estima que cerca de 140 proveedores vascos se beneficiarán de la obra, a lo que habrá que sumar otras firmas españolas y francesas, lo que da cuenta de su condición de proyecto casi faraónico.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ya en funciones, Teresa Ribera / EFE
Autorización de Transición Ecológica
Los propios responsables de Red Eléctrica explicaban el año pasado que en estos momentos se está en una fase de consecución de permisos administrativos y de negociación con los particulares que quedarán afectados por el recorrido del cable, que hace 13 kilómetros por suelo vizcaíno antes de llegar al mar. No son pocos desde luego los trámites burocráticos que debe superar una empresa de este tipo que, por encima de todo, necesita la implicación de los ejecutivos centrales español y francés. Desde luego la crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania ha sido un punto de inflexión y ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de mejorar los canales de comunicación de energía entre la península y Europa.
En ese sentido, casualidad o no, el Gobierno de Pedro Sánchez dio in extremis un empujón a la infraestructura entre España y Francia pocos días antes de las pasadas elecciones generales. Es en concreto el 20 de julio cuando está fechada una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por la que se concede autorización administrativa previa a Red Eléctrica para llevar a cabo la interconexión por el Golfo de Vizcaya.
En concreto se da luz verde a la construcción de la línea subterránea y submarina en corriente continua entre Gatika y la frontera francesa, así como a las diversas actuaciones y ampliaciones para preparar la estación del municipio vizcaíno para albergar el cable (en cada extremo las estaciones conversoras transformarán la corriente continua en alterna para conectarse con las redes de transporte). Los trámites administrativos no terminan aquí pero, al menos, el movimiento del ministerio confirma que el proyecto no está muerto a nivel político.