Pese a que Indra, una de las principales empresas españolas del sector de defensa, ha coprotagonizado los titulares relativos a ITP Aero los últimos meses lo cierto es que la mayor parte de los motores que fabrica la firma de Zamudio acaban en vuelos comerciales. De hecho la recuperación de la normalidad en los aeropuertos tras el covid es una de las claves que explica el aumento del negocio en 2022, en el que rebasó la barrera de los mil millones de euros de facturación.
Y es que la vida no se ha paralizado estos últimos tres años de puertas para adentro a pesar del largo proceso de cambio de manos que comenzó una vez decidiera Rolls Royce poner fin a su corta etapa al frente de la compañía. Una venta que encendía todas las alarmas y que ponía rápidamente a trabajar al área industrial del Gobierno vasco que encabeza Arantxa Tapia ante el riesgo de perder un engranaje vital en el tejido industrial de Euskadi.
Pese a ser una empresa extranjera Rolls Royce, por su perfil industrial, garantizaba el futuro del proyecto. La compra por parte del fondo de inversión Bain Capital, en cambio, abría todo tipo de incertidumbres. La propia Tapia reclamaba desde el primer momento un acuerdo que permitiera al Ejecutivo de Gasteiz, a cambio de hacerse con una participación, asegurarse de que no se tomaban decisiones encaminadas a descapitalizar la empresa o a mover sus anclajes fuera de Euskadi.
Ha llovido desde entonces (septiembre de 2021), pero lo de Bain Capital y el Gobierno vasco no fue precisamente amor a primera vista. El propio lehendakari Iñigo Urkullu tiró públicamente de las orejas a los gestores del fondo por no comprometerse con la actividad y el empleo dentro del plazo para la adjudicación de la compañía. "No queremos sustos", insistían entonces desde el departamento de Tapia conscientes de cuál suele ser el modus operandi de los fondos de inversión.
Casualidad o no, la llamada de atención del lehendakari surtió efecto, se retomaron los contactos, se limaron asperezas y, un año después, el Ejecutivo confirmaba la compra del 6% de ITP Aero a través de Finkatuz.
La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en Radio Euskadi / Irekia
Otro invitado al consejo
El desembolso por parte de Finkatuz asegura al Gobierno de Gasteiz un asiento en el consejo de administración, elemento clave para el equipo de Tapia para poder tener un cierto control. La entrada de Indra en el accionariado genera una especie de doble poder a nivel gubernamental que habrá que ver si puede confluir en un mismo interés. Indra es una compañía vinculada al Ejecutivo central a través de la Sepi, la sociedad industrial del Estado, y pieza clave en los planes industriales del propio Pedro Sánchez (no deja de ser llamativo que el matrimonio ITP-Indra se consume con el gobierno en funciones).
Ha sido una fase de cortejo larga con cambios a nivel directivo en Indra pero finalmente se cumple lo previsto: la pata industrial de la nueva ITP Aero la conforma la empresa controlada por la Sepi, que contará también con presencia en el consejo. Hubo otros candidatos al principio, entre ellos Sidenor o incluso se barajó el regreso de la fundadora Sener, pero finalmente no ha habido capacidad o interés suficiente por parte de ninguno de los grandes tractores industriales vascos por colarse en la aeronáutica vizcaína.
Visita institucional a las instalaciones de SAPA junto a Ibon y Jokin Aperribay.
SAPA, el reflejo de una nueva era
Como único acompañante con sello industrial aparece SAPA Placencia, de la familia Aperribay, con un 5% del capital. La firma guipuzcoana, asentada en el negocio de defensa e interesada desde un principio en ITP, habría ejercido de hecho de 'muñidora' en las relaciones entre la vizcaína e Indra. Se teje así un consorcio en el que en torno al 80% del accionariado estaría en manos de capital financiero (Bain Capital y JB Capital, la sociedad de inversión de Javier Botín, el hijo de Emilio Botín) y el resto: un 6% para Lakua y, esta sería la parte correspondiente a empresas con un negocio puramente industrial, el restante 15% para SAPA e Indra.
Con estos mimbres y, regresando a ese reparto de las ventas entre aviones comerciales y militares por ahora favorable a los primeros, todo apunta a que los nuevos propietarios tienen en mente un negocio más volcado en el sector de defensa. Al interés del presidente de la Real Sociedad por contar con Indra como socio hay que sumar que el propio Gobierno de Sánchez ve ITP como una oportunidad para reforzar todo el ecosistema militar en torno al Estado y cumplir con las exigencias de un sector que demanda cada vez más ingresos.