El fallo emitido por el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), cayó ayer como un jarro de agua fría sobre la plantilla vasca de Nervacero. La cosa no pintaba bien, pero según fuentes internas de la empresa, su intuición era que la decisión sería más salomónica, con un porcentaje ajustado, ligeramente superior a favor de la familia Rubiralta -propietaria del conglomerado al que pertenece Nervacero, el grupo Celsa.
Sin embargo, la contundencia del titular del juzgado, Álvaro Lobato, que ha concedido el 100 % de la empresa, de origen catalán, a los fondos acreedores, ha sorprendido a los trabajadores. Fondos como Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Golden Tree, Attestor y Anchorage son algunos de los nombres que se encuentran detrás de esta operación, de la que el pasado mes de julio se descolgaba Kutxabank. Ahora todos ellos pasan a ser accionistas de la compañía en sustitución de sus propietarios originales, la familia Rubiralta.
La resolución judicial avala así la legalidad del plan de reestructuración presentado por la mayor parte de los fondos acreedores de Celsa a finales de septiembre, a pesar de la oposición de la familia Rubiralta, que dudaba de la legalidad de la operación y consideraba que estaban siendo expropiados de su propia compañía. Sin embargo, el juez ha argumentado que “el plan -una figura preventiva creada en la nueva ley concursal- reúne todos los requisitos legales” y que, con él, “queda asegurada la viabilidad del grupo industrial”, cuya deuda actual superaría, por mucho, el valor de la compañía. Así, los acreedores podrán tomar el control de la compañía tras refinanciar su deuda, que a día de hoy asciende a los 3.988 millones de euros.
Eso sí, según la resolución, que es firme y contra la que no cabe recurso, los fondos acreedores "deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto".
Francesc Rubiralta, presidente de Celsa Group.
Divergencias en la valoración económica del grupo
Otra de las divergencias entre los Rubiralta y los fondos acreedores ha girado en torno a la estimación económica de Celsa, que tampoco se acerca, ni de lejos, al valor establecido por la familia. Según el informe encargado por los fondos, el valor actual de la siderúrgica no llegaría a cubrir siquiera el importe de la deuda, ya que se situaría entre los 2.400 y los 2.775 millones de euros, muy por debajo de los 6.000 millones de euros en los que la familia cifra el valor de la compañía.
De esta forma, los acreedores podrán hacerse con la totalidad de Celsa con la capitalización de 1.291 millones de euros, cantidad que supondría la quita del préstamo adeudado por las sociedades que hasta la fecha ostentaban el 100 % de Celsa: Pico Anayet, Pico Aneto y Pico Espadas, todas ellas pertenecientes a la familia Rubiralta.
Por parte de los trabajadores, las dudas no dejan de aumentar. “No sabemos lo que va a pasar, así que tenemos que estar tranquilos e ir viendo poco a poco cómo transcurre todo. A día de hoy no conocemos más que el plan de reestructuración a grandes trazos, entonces aún es pronto para saber cómo nos va a afectar este traspaso”, advierten desde el comité, desde donde llaman a la calma.
Movilización de trabajadores de Nervacero, del grupo Celsa, en Bilbao. / CV
Una herida más en el tejido industrial de Euskadi
Celsa Group fue fundado en 1967 por la familia Rubiralta. En 1988, Nervacero, que cuenta con una factoría que, aunque está situada en el desvío de entrada a Portugalete, se encuentra en el término municipal de Trapagaran, pasó a formar parte del grupo catalán. Además, el grupo está presente en Euskadi con dos plantas más en Vitoria-Gasteiz a través de Laminaciones Arregui. Entre los tres centros vascos aglutinan a cerca de 450 personas, sin hablar de los más de 2.000 empleos indirectos que generan en el entorno a través de su actividad siderúrgica.
A pesar de ser uno de los principales fabricantes en Europa de tubos de acero soldado conformado en frío y en caliente, el Grupo Celsa lleva desde 2008 cuesta abajo. La crisis pilló en un mal momento a la familia Rubiralta, que acababa de ejecutar numerosas inversiones en el exterior, y desde entonces su deuda no ha dejado de aumentar.
La derrota de la familia de siderúrgicos catalanes acrecienta la incertidumbre acerca del futuro de Celsa, una de las últimas empresas industriales de Euskadi, cuya desaparición supondría una herida más en el desgastado tejido industrial vasco, que resiste estoico ante nuevos embistes.
Un operario de una planta de Celsa Group. / CV
Sacrificio por parte de la plantilla
En el comunicado interno enviado ayer por la tarde a la plantilla, la dirección de Celsa agradece "el esfuerzo, conocimiento e implicación" de todos los trabajadores, quienes han encadenado sucesivos sacrificios en sus condiciones laborales desde que en 2010 aceptaron reducirse el salario un 20 % para tratar de salvar el proyecto industrial de Celsa que, "reúne, por sus características, una relevancia estratégica para la sociedad y la economía española y europea".
Aun con todo, aseguran que la actividad del Grupo Celsa es independiente de la sentencia judicial, por lo cual "Celsa continúa plenamente implicada en el desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en pleno compromiso de satisfacción de las necesidades de todos sus profesionales, clientes, proveedores y el resto de colaboradores que forman parte de su cadena de valor industrial".