"No tiene buena pinta". La sensación entre la plantilla de Nervacero, una de las principales acerías vascas y fábrica central de Celsa en Euskadi, es de que se avecinan tiempos de cambio. Y es que está cerca de resolverse la larga disputa judicial entre los actuales propietarios del grupo catalán, los Rubiralta, a los que representa ahora en este negocio Francesc Rubiralta, y los fondos de inversión acreedores de la deuda.
Será finalmente los primeros días de julio, algo más tarde de lo previsto, cuando ambas partes se vean las caras en la vista oral programada en los juzgados de lo Mercantil de Barcelona, lo que confirma la estimación de que habrá un veredicto judicial sobre el plan de reestructuración planteado por los fondos hacia la segunda mitad del verano.
De la decisión del magistrado Álvaro Lobato depende en última instancia si la familia Rubiralta retiene la mayoría del capital y por tanto el poder de decisión sobre el grupo o si el control pasa en cambio al bloque acreedor que lideran entidades como Deutsche Bank, Anchorage o Attestor. Firmas de carácter puramente financiero que, en buena lógica y atendiendo sobre todo a las barreras del Gobierno central a la inversión extranjera en compañías estratégicas (el llamado escudo antiopas), deberán apostar por una alianza con otro socio de corte industrial con experiencia y conocimiento del sector.
Y es que todo apunta a que esta última será, por el desarrollo que ha seguido el proceso hasta ahora, la opción por la que se decantará el juez. Desde luego atendiendo a las decisiones preliminares que ha ido tomando Lobato puede decirse que los fondos van ganando la guerra a la familia de industriales catalanes, de ahí que la sensación a pie de fábrica sea de un cierto pesimismo o, al menos, de bastante incertidumbre.
El CEO de Celsa, Francesc Rubiralta / Europa Press
Respaldo a los Rubiralta
Hay que recordar que, en un movimiento poco habitual hoy en día, los propios trabajadores del grupo siderúrgico han salido en defensa de los actuales propietarios entendiendo que la continuidad del equipo que lidera Francesc Rubiralta es la mejor opción para el futuro de la actividad industrial.
De hecho los propios sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han intentado personarse en el proceso judicial como parte interesada a fin de tratar en la medida de lo posible de respaldar la continuidad de los industriales catalanes. El magistrado ha rechazado hasta en dos ocasiones la petición de las centrales sindicales, pero con todo la gestión es muestra clara de cuál es el posicionamiento de los representantes de la plantilla. También varios gobiernos autonómicos, entre ellos el de Iñigo Urkullu, han defendido públicamente la continuidad de los Rubiralta y su gestión industrial.
Celsa es una de las principales compañías siderúrgicas de España y roza los 10.000 trabajadores de los que en torno a medio millar corresponden a Euskadi. De ahí que el futuro del grupo sea cuestión de Estado, que de hecho aprobó a través de la Sepi un balón de oxígeno de 550 millones de euros para tratar de aliviar su abultado endeudamiento, superior a 3.000 millones.
Movilización de trabajadores de Nervacero, del grupo Celsa, en Bilbao / CV
Convenios renovados
Curiosamente el posible cambio de manos llegaría, si finalmente sale adelante, con las plantas vascas en un momento de cierta estabilidad a pesar de que la situación del mercado del acero nunca permite grandes alegrías. En el caso de Nervacero, con 350 trabajadores, acaba de renovar el convenio hasta 2026 y además la plantilla ha ratificado la gestión al frente del comité de UGT en las últimas elecciones sindicales. La acería de Portugalete tiene aprobado un ERTE que se aplica un par de jornadas al mes y que estará en vigor, al menos, hasta la próxima primavera.
Por otro lado, Laminaciones Arregui, ahora Celsa Atlantic, firmaba también un nuevo convenio este pasado mes de mayo 17 años después del último acuerdo laboral. La compañía alavesa, que no hace tanto llegó a tener 400 trabajadores y ahora ronda la centena, ha vivido en los últimos 14 años tres ERE con despidos, además de otros despidos individuales, y seis ERTE, el último vigente hoy en día y en proceso judicial, resumía el sindicato LAB tras la consecución del último acuerdo. Esta central apuntaba precisamente a la guerra judicial entre los Rubiralta y los fondos y a la delicada situación financiera como un obstáculo para la consecución de un mejor convenio.