CCOO y UGT entran al juicio de Celsa para proteger el empleo en caso de victoria de los fondos

El culebrón del grupo Celsa, el gigante siderúrgico catalán que cuenta en Euskadi con Nervacero y Celsa Atlantic, encara esta primavera su fase decisiva. El último movimiento de los fondos de inversión acreedores logró un primer aval en los juzgados y, con una nueva ley concursal desfavorable, la situación de los propietarios, la familia Rubiralta, es cada vez más delicada. En la guerra abierta por el control de la empresa han querido colarse los sindicatos CCOO y UGT como partes afectadas con intención de hacer valer los intereses de la plantilla y evitar sobre todo que una victoria de los fondos acabe teniendo repercusión en el empleo.

Ya ocurrió a las puertas del pasado verano, con el rescate de la Sepi en el aire, que ambas centrales sindicales movilizaron a la plantilla para respaldar a los Rubiralta y reclamar que el dinero público llegara a las arcas de la compañía. La lectura de la parte social se apoyaba en la incertidumbre que siempre genera la entrada de bancos y fondos de inversión en las empresas frente a un propietario que, pese a su gestión con luces y sombras, al menos cuenta con vocación y un proyecto industrial. El grupo Celsa da trabajo a cerca de 10.000 trabajadores, cerca de medio millar en las plantas del País Vasco. Junto a CCOO y UGT diferentes gobiernos autonómicos, entre ellos el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, dieron entonces su apoyo a la actual propiedad frente a los acreedores a fin de asegurar el rescate y la viabilidad de las fábricas.

La situación ahora no es exactamente la misma. Después de numerosos tira y aflojas, la disputa está más del lado de los fondos de inversión que de la histórica familia industrial catalana, ahora con Francesc Rubiralta al frente. El juzgado mercantil número 2 de Barcelona ya ha tumbado un recurso de los Rubiralta contra la reestructuración que plantean los acreedores y la nueva ley concursal juega también a favor de los fondos, que en última instancia aspiran a poder controlar parte de la propiedad del grupo. En este escenario adverso los Rubiralta habrían aceptado negociar, siempre con ese 49% del capital máximo a conceder como línea roja.

Idoia Mendia charla con trabajadores en la planta de Nervacero. / PSE

La plantilla a escena

Pese a tratarse de una disputa legal y financiera las secciones sindicales de CCOO y UGT siguen de cerca el proceso y, como hicieron en junio, han tomado la iniciativa para evitar que la guerra acabe teniendo repercusiones sobre el empleo o las condiciones laborales. Así, han solicitado sumarse al proceso como parte afectada en primer lugar para recabar información y, en especial, para hacer valer los intereses de la plantilla que, recuerdan, son un agente muy relevante en esta historia.

Fuentes sindicales no ocultan que, en caso de tener que elegir, se prefiere que no haya cambios en la propiedad y que todo el capital siga en manos de los Rubiralta. La prioridad, señalan, es que haya un acuerdo que asegure la entrada de los 550 millones de euros de la Sepi y, en especial, que sigan adelante los planes industriales diseñados por los actuales propietarios porque se entiende que eso supondrá la continuidad de todos los puestos de trabajo. Y, en caso de que no haya acuerdo y tenga que decidir el juez, se intenta que este tenga en cuenta el futuro de los trabajadores frente a los intereses de los fondos de inversión.

El CEO de Celsa, Francesc Rubiralta / Europa Press

El sindicato USO, con mucho peso entre la plantilla sobre todo en Barcelona, se queda al margen y asegura que "no vamos a ser altavoz de nadie". "Nuestra pretensión va más allá de quién esté al mando. Demandamos estabilidad orgánica e institucional que permita la viabilidad de toda la actividad industrial y el empleo", dicen desde la federación de Industria de esta central.

En Euskadi el nombre de Celsa ha estado vinculado en los últimos años a importantes conflictos laborales, primero por la progresiva pérdida de peso de la antigua Laminaciones Arregui, ahora Celsa Atlantic, y en el caso de Nervacero por los importantes ajustes que se han venido aplicando a la plantilla de la acería de Portugalete. Recientemente dirección y comité de Nervacero han sellado la paz social con la renovación del convenio y, pese a la caída de la demanda y a que hay un ERTE pactado, la acería sigue trabajando casi con normalidad.