Celsa "llevará a cabo las acciones necesarias junto a sus grupos de interés para asegurar la continuidad de su proyecto industrial", y ha recordado que la toma de control de la siderúrgica por parte de los fondos aún requiere de la autorización del Gobierno español.

De esta forma, como informan desde EFE, Celsa, controlada hasta ahora por la familia Rubiralta, se refiere así a la sentencia que ayer dio vía libre a un grupo de fondos de inversión para sustituir a esa familia como propietarios de la siderúrgica, al convertir 1.352 millones de deuda de Celsa en capital.

El grupo siderúrgico catalán Celsa tiene cerca de 500 trabajadores en Euskadi, repartidos entre Nervacero, ubicada en Portugalete (Bizkaia), su principal acería, y lo que queda de la antigua Laminaciones Arregui, en Álava.

En un comunicado firmado en nombre de Celsa Group, los Rubiralta dan a entender que no tiran la toalla en este proceso al comentar que "Celsa, dentro del necesario respeto a la sentencia judicial, velará por los intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía, sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores".

Según recoge la Agencia EFE, Celsa apunta en el comunicado que "el plan de reestructuración homologado en sede judicial significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española", y añade: "Este hecho, de acuerdo con la ley sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, requiere de una autorización expresa del Gobierno de España".

"Celsa, empresa estratégica para la economía española y europea, que ha desarrollado un modelo único y de referencia de producción de acero circular y de bajas emisiones, mantiene el apoyo de los diferentes grupos de interés (socios, proveedores, Administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales o sindicatos) a su modelo industrial", asegura la compañía, tras lo que añade que "todos ellos a lo largo de este proceso se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto y por ello Celsa tiene asegurada su continuidad".

Tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha subrayado que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorice la operación.

El Gobierno español, en esta línea, tiene previsto negociar con los nuevos propietarios de Celsa para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y su continuidad en España.

El Ministerio de Industria insiste en que su prioridad es garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico, algo a lo que, por su parte, se han comprometido los fondos acreedores.

El titular del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona dio a conocer ayer su decisión de homologar el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que da vía libre para que los fondos acreedores pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, la familia Rubiralta, según dicta en su sentencia, contra la que no cabe recurso.

Tras la sentencia dictada este lunes, los fondos acreedores que controlan en torno el 90% de la deuda jumbo y convertible de la siderúrgica aseguran que esta les concede "el 100% del capital de la empresa mediante la capitalización de 1.352 millones de deuda convertible y de parte de la deuda".

Este grupo de fondos, formados por Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group, ha ratificado al mismo tiempo su "compromiso" con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España y su intención de nombrar a un nuevo consejo de administración.