La sentencia judicial que dictamina el futuro del grupo Celsa ha tenido gran repercusión al tratarse de la primera emitida tras la puesta en marcha de la nueva ley concursal. La familia Rubiralta dejará de ser propietaria del grupo, que pasa a manos de los fondos acreedores tras absorber la millonaria deuda de la compañía, cifrada en 1.300 millones de euros. Se trata de una sentencia única hasta la fecha, sobre la que no existe jurisprudencia anterior en la que basarse, lo cual hace que la operación esté siendo analizada con lupa desde las instituciones.
Tal y como ha advertido el juez, la propuesta de compra de los fondos, elaborada por Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group o Attesor Capital, entre otros encaja en la legalidad vigente, por lo que la familia Rubiralta debe facilitar el traspaso de poder a los nuevos propietarios. Eso sí, la sentencia les obliga a mantener el centro de decisión en España, a no llevar a cabo una reducción de plantilla y a no dividir el grupo.
Ahora mismo, la operación, aunque avalada por la Justicia, se encuentra en el tejado del Gobierno central, que es quien debe emitir la autorización final. Dadas las circunstancias, los fondos acreedores podrían tener que cumplir un requisito añadido para impedir que se lleve a cabo una OPA por la totalidad de esta empresa, considerada de interés estratégico.
Oficinas del grupo Celsa.
Garantizar la actividad y el empleo en Euskadi
Atendiendo a la petición del Gobierno vasco, Moncloa podría pedir la entrada de un grupo industrial que garantizase el futuro del grupo Celsa en Euskadi y los puestos de los 400 trabajadores de sus tres plantas en suelo vasco: Nervacero, en la localidad vizcaína de Trapagaran; y Celsa Atlantic y Laminaciones Arregui, en Vitoria-Gasteiz.
Es más, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha hecho referencia a los movimientos que están dando desde el Gobierno vasco. Consciente de la delicada situación que atraviesa el grupo Celsa, la consejera vasca ha contactado por teléfono con el ministro de Industria, Héctor Gómez, para trasladarle lo importante que es mantener la actividad del grupo en Euskadi.
Con este objetivo, la consejera de Desarrollo Económico ha indicado que están buscando “un grupo industrial local” para que se convierta en socio del grupo, si bien aunque no ha querido dar nombres ha asegurado que “hay interesados” en adquirir Celsa.
Nervacero, planta de Celsa en el País Vasco
En su opinión, “es necesario un socio industrial para el grupo Celsa que garantice la continuidad de la actividad cuando los fondos vendan la compañía”, ha advertido, dando por hecho un interés especulativo por parte de los acreedores que podría llevarles a deshacerse de Celsa.
Un escenario que los trabajadores de las tres plantas vascas del grupo no contemplan. Y es que, de llegar a producirse estos movimientos, sólo arrojarían más incertidumbre acerca del futuro de la compañía. No obstante, desde el comité de empresa subrayan que, al tratarse de una sentencia firme, contra la que no cabe recurso, los fondos deben cumplir los tres requisitos que dictamina el juez, entre los que está el de la imposibilidad de dividir el grupo.
No obstante, solicitan que se les presente un Plan Industrial en el que se garantice el futuro de las tres plantas vascas que forman parte del grupo Celsa y de sus trabajadores. En este sentido, piden que las instituciones y la Justicia velen por que los fondos cumplan con la sentencia y faciliten el traspaso de poder entre la familia Rubiralta y los nuevos propietarios sin ruido de fondo que pueda entorpecer esta delicada transición, en la que los mayores perjudicados son siempre los trabajadores, concluyen.