Los nuevos propietarios de Celsa, los fondos encabezados por Deutsche Bank, Anchorage o Attestor, quieren seguir la sentencia, que les permite hacerse con el timón del grupo catalán capitaneado por la familia Rubiralta a cambio de mantener la compañía unida así como los empleos, la producción y la sede en España.
Así se lo han hecho saber al Gobierno central, con el que han firmado un acuerdo en el que se comprometen a cumplir estas condiciones a cambio de poder tomar el control de la siderúrgica de forma inmediata. Ha sido tal su premura, que ni siquiera han esperado a contar con un gobierno sólido con el que negociar, sino que han preferido obtener la aprobación del actual gobierno en funciones, presididido por Pedro Sánchez, que ha dado luz verde a la operación aprobada por la Justicia a cambio de que los fondos incorporen en su capital un socio industrial que pueda desarrollar la gestión y la actividad del grupo.
Se trata de una operación que está siendo seguida con especial interés, ya que es la primera realizada tras la nueva Ley Concursal. Tras la aprobación por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona del plan de reestructuración que presentaron los fondos acreedores del Grupo Celsa, que tras absorber la deuda del grupo cifrada en más de 1.300 millones de euros y quedarse con la compañía, han iniciado el proceso para obtener la autorización para realizar inversiones en España.
Oficinas del grupo Celsa.
El Gobierno, por su parte, ha comunicado a las sociedades acreedoras la necesidad de asegurar, a través de "compromisos firmes y vinculantes", el mantenimiento de la viabilidad de la empresa a largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas de Celsa.
Igualmente, el Ejecutivo ha trasladado a los acreedores la necesidad de establecer un consejo de administración independiente y la incorporación de un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía. Por su parte, los fondos han manifestado al Gobierno su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, así como cumplir con el resto de requisitos solicitados.
"Los acreedores también se han mostrado dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados por el Gobierno, para lo que están fomentando canales de comunicación transparentes, tanto con los distintos niveles de la Administración como con los representantes de los trabajadores", advierten.
Los fondos acreedores de Celsa han nombrado Rafael Villaseca presidente del consejo.
En ese sentido, los fondos ya están poniendo en marcha algunos de los compromisos adquiridos con el Gobierno, como son la petición de la autorización de inversión en España, o el nombramiento de Rafael Villaseca como presidente de un consejo independiente. En cuanto al resto de compromisos, se irán implantando a medida que avance el proceso, indican.
La quiniela
Desde que la Justicia dio el control a los fondos en Celsa, son muchos los rumores de posibles empresas interesadas en entrar en el grupo catalán. En las quinielas aparecen nombres como la siderúrgica vasca Sidenor o la compañía industrial extremeña Grupo CL, pero por el momento los protagonistas no se han pronunciado.
Desde el Gobierno vasco, la propia consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, llegó a trasladar al ministro de Industria, Héctor Gómez, su preocupación por este asunto y se ha pronunciado recientemente acerca de lo importante que es para Euskadi mantener el arraigo del Grupo Celsa, que cuenta con cerca de 10.0000 trabajadores en toda España, de los que 400 aproximadamente se reparten entre su planta de Nervacero, en Trapagaran, y Laminaciones Arregui, ahora Celsa Atlantic, en Vitoria-Gasteiz. De hecho, la consejera ha asegurado que hay más de una empresa industrial interesada en entrar en Celsa.