Competencia vasca ha intervenido en una de las 84 fusiones con empresas de Euskadi desde 2014

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), organismo dependiente del Gobierno vasco que vela por el cumplimiento de las reglas del libre mercado, reclama un mayor protagonismo en las operaciones de concentración en las que participan empresas de Euskadi. Su presidenta, Alba Urresola, que apura su mandato a la espera del inminente nombramiento de sucesor o sucesora, hace tiempo que pide que las autoridades autonómicas puedan emitir su veredicto sobre este tipo de compraventas en todos los casos.

La realidad a día de hoy es que la labor de vigilancia está monopolizada por la CNMV, el organismo de competencia a nivel nacional, aunque la operación en cuestión pueda tener una gran relevancia para el tejido económico vasco. Por lo general este filtro no suele echar por tierra las operaciones, aunque sí marca una serie de condiciones para que la fusión o absorción pueda llevarse a cabo.

En un informe con datos desde 2014, la AVC recoge que la CNMV ha autorizado algo más de 800 concentraciones de empresas estos diez años. De estas, en 84 al menos una de las dos compañías implicadas era vasca o tenía implantación en el País Vasco, es decir, eran operaciones con afección directa a la economía de Euskadi. En la nómina de empresas que han participado estos años en ese tipo de procesos están Euskaltel, Gamesa o MásMóvil, en este último caso a las puertas de una nueva integración con Orange.

Más recientemente Euskadi ha asistido a adquisiciones por parte de Sidenor o Solarpack o, en sentido inverso, a la entrada de firmas vascas en grupos de mayor tamaño, caso de Ibermática (Ayesa) o del Igualatorio Médico Quirúrgico, el IMQ, en Adeslas. La última operación recogida en el informe (hasta junio de 2023) es la compra por parte de la estadounidense Jupiter de Aludium, con una planta en Amorebieta.

Instalaciones de la funeraria Mémora / Europa Press

Funeraria Mémora

83 de estas 84 operaciones han sido validadas por la CNMV en primera fase, lo que impide la entrada de la autoridad vasca. En ese sentido la ley recoge que los organismos autonómicos solo podrán emitir su opinión respecto a estas operaciones en segunda fase, es decir, una vez la CNMV ha detectado que hay un desajuste con las normas del libre mercado.

La AVC argumenta en ese sentido que la incidencia de una operación de concentración en una comunidad autónoma es independiente de la fase del procedimiento en la que se resuelva, por lo que "se debiera dar traslado a la autoridad autonómica correspondiente para que pueda emitir un informe en cualquiera de las dos fases del procedimiento".

La única operación de estas 84 que llegaron a segunda fase fue la compra por parte de la funeraria Mémora de los grupos del sector Rekalde e Irache, finalmente admitida con condiciones (la propia CNMV forzó algunos cambios en seis operaciones aprobadas en primera instancia).

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola / AVC

Relevo al frente de la AVC

Por otro lado Competencia vasca está inmersa en un proceso de relevo al frente del organismo después de que Urresola culminara su mandato de seis años el pasado mes de septiembre. El consejero Pedro Azpiazu (la AVC depende del área de Economía y Hacienda del Gobierno vasco) ha reconocido que está costando dar con un perfil adecuado para reemplazar a Urresola en este puesto, aunque la idea del Ejecutivo es poder culminar el traspaso de poderes antes de que termine el año.

La elección de sucesor ha traído ya, incluso sin nombres en la mesa, algunos rifirrafes entre Lakua y la oposición, en especial con el parlamentario del PP Luis Gordillo, quien reclamaba al Ejecutivo vasco una figura "independiente" del PNV para el puesto. Hace unos meses la propia consejera de Trabajo, Idoia Mendia, reprochaba a la AVC la publicación de una guía en la que se cuestiona el papel de los convenios sectoriales.