Este lunes las plantillas de las empresas vascas Mecaner y Glavista se han concentrado frente a la puerta del Parlamento vasco para pedir a las instituciones apoyo y mediación con las respectivas multinacionales de las que forman parte, la francesa Stellantis y el fondo de inversión suizo, Partner Capital. 

Sus trabajadores llevan meses movilizándose ante la “inactividad” del Gobierno vasco; y es que están en juego 384 puestos de trabajo entre ambas fábricas. Son 144 de la fábrica de Urduliz Mecaner, fabricante de troqueles, y 244 de la planta en Llodio de Glavista, especializada en lunas y techos solares para automóviles… Despidos que reflejan la frágil situación que está viviendo el sector de la automoción vasco, ya que a estas empresas se le suma las medidas planteadas por Michelin por “falta de demanda de pedidos” o por  el otro gran fabricante vasco de neumáticos, Bridgestone, que anunció un ERTE a partir de diciembre por la desfavorable evolución de pedidos.

El grupo Stellantis anunciaba el 1 de septiembre el cierre de la fábrica de Urduliz Mecaner. Una decisión que si bien no pillaba por sorpresa a la plantilla, que llevaba tiempo denunciando que la dirección del grupo estaba sometiendo a la planta a un "proceso continuado de vaciado de carga de trabajo", se podía evitar. Desde el comité mantienen que la planta de Mecaner "es viable" y señalan que, tanto Mecaner como la multinacional francesa, acabaron 2022 con resultados positivos. En concreto, Stellantis cerró el ejercicio del pasado año con un beneficio de 16.779 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2021. 

“Por parte de la multinacional no ha habido ninguna novedad, siguen con la intención de cerrar la planta. Lo que hemos hecho es una ronda con las instituciones, el pasado día 5 estuvimos con el departamento de Industria y se le transmitió la solicitud de que se involucre en trabajar con nosotros”, aseguran desde LAB. Explican que desde el comité han comenzado a trazar un plan de viabilidad y reconversión, con la ayuda del Ayuntamiento de Urduliz, “estaban muy interesados, querían formar parte de él y trabajar con nosotros, buscar inversores… Y ver que modelo de empresa se puede establecer”. 

Esperan con incertidumbre hasta el 1 de marzo, cuando la multinacional podrá empezar a tomar medidas. Poco más de tres meses tienen para reconvertir la situación, para ello piden ayuda a todas las instituciones públicas: “Por parte de Eh Bildu, el diputado Oskar Matute registró una carta de preguntas referente a las subvenciones que Stellantis ha recibido del Gobierno de España. Sabemos que ha recibido en torno a 64 millones de euros y lo que queremos es poner en tela de juicio el hecho de que esté recibiendo dinero público pero se le permita que cierre empresas dentro de España”. 

La situación de Glavista es similar, aunque en este caso la producción en la planta lleva parada un año. Lo que en un principio era un ERTE se ha convertido con los meses en un ERE que, a día de hoy, tiene el periodo de consultas parado. “Pedimos unos documentos que creíamos necesarios para buscar culpabilidades, y esos documentos no han llegado”, aseguran desde LAB. 

“Desde las instituciones han hecho poco. Había un comprador interesado y a lo único que se ha dedicado el Gobierno vasco es a hacer de mediador entre el comprador y Guardian, que es el propietario de los terrenos. Cuando ambos no se han puesto de acuerdo, nos hemos encontrado que el ejecutivo no tiene plan B, no ha buscado una solución”, incitan. 240 familias dependen de una decisión que se toma a miles de kilómetros de aquí; trabajadores que según confiesan han propuesto medidas de reubicación o expropiación de los terrenos para evitar medidas traumáticas, pero que sin ayuda institucional lo ven “imposible”.

El Gobierno vasco “es el único que tiene herramientas” para evitar que estas dos históricas vascas bajen la persiana el próximo 2024, pero “no las utilizan”, por eso las plantillas de ambas piden soluciones antes de que finalice el año.