"Incineradora, contaminando la tierra, el agua y el aire". Este es el lema que se puede ver en algunos balcones de Lasarte-Oria, localidad situada a tan sólo dos kilómetros de la planta de tratamiento y quema de residuos que se encuentra ubicada en Zubieta. Con la fábrica cumpliendo hace una semana tres años desde su reanudamiento, la ciudadanía continúa mostrando rechazo a su apertura y ya acumulan más de 200 denuncias de clausura. En medio de un caos que, en principio, no parece tener fin, la Real Sociedad salta a la palestra y solicita a la Diputación un informe sobre el nivel de toxinas que produce la empresa.
Así lo informó el presidente del club, Jokin Aperribay, en la junta de accionistas de la pasada semana celebrado en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. Preguntado por un accionista y abonado del club, el donostiarra aclaró que, desde la Diputación les han indicado que "no hay motivos para preocuparse", aunque han solicitado que les ofrezcan "un informe" para comprobar que lo mencionado es correcto. "Estamos a la espera de que nos lo faciliten", indicó el máximo mandatario del equipo.
"La planta puede emitir a la atmósfera más de mil veces la cantidad emitida en condiciones estables"
Y es que cada vez son más los habitantes que manifiestan su preocupación. "Desde el estudio de GEIS (Grupo de Estudios sobre Incineración y Salud) no nos fiamos nada", dicen algunos protestantes en referencia a los resultados que arrojaron unos preocupantes datos que alertaban sobre "la contaminación ambiental y el riesgo para la salud" que supone su funcionamiento. "No son de extrañar los altos niveles de dioxinas hallados si se tiene en cuenta las innumerables paradas y arranques sufridos por la incineradora en su primer año de funcionamiento, fruto de su gestión deficiente", señala el GEIS, que recuerda que durante "los procesos de arranque y parada" este tipo de infraestructuras "pueden emitir a la atmósfera más de mil veces la cantidad emitida en condiciones estables".
El partido político EH Bildu, que en ese momento era la cabeza visible en Gipuzkoa tras ser el más votado en las elecciones forales de 2011, mostró dudas sobre el proyecto que ofreció años atrás EAJ-PNV y paralizó por completo la planta, una decisión que acarreó pérdidas económicas de más de 10 millones de euros anuales. Ante la queja de diversos partidos políticos por detenerla sin base legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo (TS) y concluyó que los responsables públicos de la coalición abertzale incurrieron en una "desviación de poder" al truncar, de facto, los planes trazados por las Juntas Generales de Gipuzkoa. El fiscal pidió 41 millones de euros a dos excargos de EH Bildu por parar la incineradora de Gipuzkoa: al exdiputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la expresidenta del Consorcio de Residuos del territorio (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta.
Cadena humana
Lo cierto es que hace justo un año, en diciembre de 2022, la planta fue sancionada con 160.000 euros impuesto por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) por "el mal funcionamiento de la barrera hidráulica", que causó que el pasado julio se produjera un vertido a una regata cercana "a pesar de que no ha habido ningún daño ecológico". En su día Ekondakin, empresa concesionaria de la gestión de la incineradora de Zubieta, negó que el vertido procediera de la instalación.
GHK sancionó a la empresa con 160.000 euros por el mal funcionamiento de la barrera hidráulica
La reacción tanto de la población de Lasarte-Oria como del resto de habitantes de Gipuzkoa fue notoria. Además de gestionar y organizar diversas manifestaciones, centeranes de personas participaron en una cadena humana contra la incineración de residuos en la playa de La Concha, en San Sebastián, en respuesta a la convocatoria realizada por el Movimiento anti incineración de Guipúzcoa y grupos ecologistas para denunciar las "irregularidades" en la incineradora de Zubieta y las intenciones del Gobierno Vasco de construir una nueva planta en Bergara, algo que se producirá finalmente el próximo año.