Este miércoles Bruselas daba luz verde a los aranceles a vehículos eléctricos chinos. Lo hacía al considerar que la penetración en el mercado interior de los vehículos producidos en el gigante asiático daña a los productores europeos por estar subvencionados y revelando que este arancel, según los primeros estudios, iría desde el 17,4% al fabricante chino BYD, hasta el 38,1% a SAIC, pasando por un 20% a Geely.
Esta distinción se haría en función del grado de cooperación que estas marcas tuvieron con Europa a la hora de hacer el estudio -que arrancó en octubre- sobre el impacto de la llegada de coches de este país al continente europeo. Dicho análisis, ha arrojado a la luz grandes datos como que las importaciones chinas de vehículos de estas características aumentaron desde el 3,9% en 2020 hasta el 25% que registró en los últimos datos facilitados por la Comisión Europea. Y que China exportó 10.000 millones de euros en coches eléctricos a la UE en 2023.
En esta línea, desde Bruselas se ha anunciado la intención de imponer esta medida con el objetivo de proteger “2,5 millones de puestos de trabajo directos y 10,3 millones indirectos”.
Trabajadores de Mercedes/Mercedes Benz
El Gobierno vasco da el visto bueno al arancel
Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar, entre ellas las del Gobierno vasco, especialmente significativa dada la magnitud del tejido empresarial que ocupan las empresas directa o indirectamente relacionadas con el mundo de la automoción, muchas de ellas en plena transición hacia una producción especialmente ligada a los vehículos eléctricos.
Ha sido la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, la encargada de valorar esta medida a la que ha calificado de "positiva para que así todos puedan jugar en las mismas condiciones": “No se puede hablar de proteccionismo, ni de cerrar las fronteras completamente, sino de "producir en las mismas condiciones". Insiste en que no cree que las empresas vascas establecidas en China deban estar preocupadas, ha indicado que se debe garantizar el futuro de nuestra industria, una industria "mucho más verde, sostenible y digital, pero también una industria que produce".
La iniciativa cobra especial importancia en el contexto vasco, ya que más del 54% de la industria de componentes de todo el país está en el País Vasco, lo que supone que las empresas vascas están "jugando a nivel mundial", según Tapia. A este dato hay que añadir los 40.000 empleados que directa e indirectamente trabajan en las casi 300 empresas de sector.
Entre el tejido empresarial dedicado a la automoción -que facturó 25.023 millones de euros en 2023, un 11,5% más que en el ejercicio anterior- destaca especialmente la planta de Mercedes en Vitoria, con más de 5.000 empleados. Según fuentes sindicales, desde la planta ven con buenos ojos este arancel, “por el tema de la competitividad”, aunque indican que por el momento a la factoría esta medida no les va a afectar porque “el arancel sería solo para vehículos pequeños y no para furgonetas, que es lo que se produce en esta planta”.
Y es que la exportación del país asiático estaría en gran medida concentrada en los vehículos pequeños por lo que, por ahora, no se espera que vaya a influir de ninguna manera en la producción o demanda de las furgonetas fabricadas en terreno alavés.