Cada vez son más los agentes públicos, empresas y proyectos que desarrollan tecnologías en busca de una transición ecológica hacia un futuro más sostenible y libre de CO2. Según los últimos datos del departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero no ha dejado de crecer desde hace más de dos décadas debido a la expansión y proliferación de la industria en el territorio, pasando de las 13.069.575 toneladas emitidas en 1990 a las 16.006.313 toneladas en 2022.
En este marco, son muchas las soluciones que se han intentado buscar para disminuir o contrarrestar este aumento. Una de ellas es el proyecto CO2FARM, impulsado por Aclima, Basque Environment Cluster, con la colaboración de NEIKER, el Instituto Vasco de Investigaciones Agrarias, y financiado por el Gobierno vasco. Con él pretenden evaluar el marco de oportunidad e identificar los aspectos clave para el desarrollo de un mercado de agricultura de carbono en Euskadi.
Arrancaron con el proyecto desde Aclima en julio de 2023 y este tiene una duración estimada de 18 meses, por lo que a finales de este mismo año, se sabrán las conclusiones que el equipo de trabajo ha podido extraer del contexto vasco. Todo ello teniendo en cuenta la ventaja y oportunidad con la que juega el territorio, pues este cuenta con una superficie rural superior al 90%.
Así, serían los agricultores vascos los encargados, en este caso, de contribuir a la neutralidad climática -fijada por la UE en 2050- a través de sus suelos, en los que se almacenaría el carbono emitido en otros sectores, y de esta manera se reduciría la contaminación. Todo ello haciendo pagar a las empresas u organizaciones más contaminantes para impulsar este tipo de iniciativas y contrarrestar la huella de carbono.
Agricultor
¿Es viable en Euskadi?
Para que la implementación de prácticas de agricultura de carbono sea una realidad entre los agricultores de Euskadi es crucial, apuntan desde Aclima, “la creación de un mercado de ‘carbón farming’ donde sus esfuerzos concretos en la transformación de las explotaciones agrícolas cuenten con una contraprestación económica a través de la venta de créditos”.
Esto ya existe en la actualidad, pero es voluntario; por eso, con este nuevo proyecto se quiere apostar por un marco estandarizado a nivel europeo que permitiría consolidar y dar credibilidad a este mercado. Un mercado que “permitirá a los agricultores generar créditos de carbono mediante la implementación de técnicas sostenibles que capturan y almacenan CO2 en el suelo y la vegetación. La venta de estos créditos proporcionará una fuente adicional de ingresos que será lo que previsiblemente incentive al menos económicamente a los agricultores a adoptar y mantener prácticas agrícolas orientadas a la captura de CO2”.
Desde Aclima presentan el proyecto como una “mejora de la resiliencia del sector agrario, permitiéndoles invertir en mejorar y reducir su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado agrícola tradicional como señalas en el enunciado”; sector que en los últimos meses se ha movilizado en numerosas ocasiones en busca de una mejora para su situación.
Así, y preguntados sobre si es posible que los agricultores vascos adopten este tipo de prácticas, desde el clúster aseguran que “la adopción de prácticas de agricultura de carbono es viable para los agricultores de Euskadi que verán cómo a través de la venta de esos créditos (cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono capturada o evitada) a empresas o gobiernos que buscan compensar sus emisiones de CO2, logran beneficios económicos que proporcionan un incentivo para continuar con la adopción de prácticas sostenibles”.
Desde Aclima, señalan que todavía no han contactado con empresas para testear su disposición a participar en un modelo de estas características, pero insisten en que entienden la disposición sería buena teniendo en cuenta el mercado voluntario que ya existe, en el que se están llevando a cabo transacciones que en 2023 alcanzaron un total de 723 millones de euros. “La creación de un mercado regulado garantizará estándares comunes en la fijación del precio que se paga por tonelada capturada (1 crédito) fomentando estándares comunes que supongan el crecimiento de un mercado que puede alcanzar los 100.000 millones en el año 2030”, concluyen.