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Para entender el combate judicial que enfrenta a Iberdrola y Repsol por greenwashing es necesario remontarse a febrero de 2024 cuando la compañía vasca demandó a la petrolera por publicidad engañosa. Se trata del primer juicio de este tipo que se celebra en España y en la que está implicada como denunciante la grande energética vasca. 

Este jueves se desarrolla el primer encuentro entre ambas en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander. La petrolera es acusada de "competencia desleal" y "publicidad engañosa" por hacer marketing verde de manera falsa en sus campañas de publicidad y comunicaciones corporativas. 

En la denuncia, la eléctrica acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, "cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes", así como de "centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales".

El objetivo principal de Iberdrola con esta demanda es solicitar que se declare que Repsol está llevando a cabo competencia desleal y busca que la compañía cese en la realización de estos y remover sus efectos. La energética vasca busca poner el foco en el 'ecopostureo' y garantizar que todo el mercado tenga información veraz y transparente. 

En este primer encuentro se verán las caras los peritos y abogados de ambas partes. Iberdrola cuenta con el amparo de la Ley de Competencia Desleal y con el asesoramiento de la consultora Nera y con el bufete Ontier, mientras que Repsol tiene para su defensa el despacho Dentons.

Repsol contraataca antes del combate

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, aseguró que la demanda interpuesta por la compañía vasca revela el "nerviosismo" de la misma y aseguró que esta denuncia busca "limitar el crecimiento" de la energética en el sector eléctrico. 

A Repsol no le va a distraer una demanda judicial de una empresa que no está acostumbrada a competir en un mercado abierto, sino que más bien está acostumbrada a moverse en entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado. Con esta demanda, carente de fundamento jurídico, lo primero que demuestran es que están nerviosos

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol

Asimismo, la compañía defiende su estrategia en cuanto a la transición energética, "con el único objetivo de ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando a su vez el suministro".

Repsol ha recordado que la compañía cuenta 2,4 millones de clientes en España, situándose como la cuarta comercializadora del país y cuenta con dos gigavatios (GW) en renovables de capacidad instalada en España. Asimismo, cuenta con más de 2.000 puntos de recarga instalados.

En cuanto a las estaciones de servicio, cuenta con más de 3.300 puntos a lo largo y ancho del país, donde ha iniciado el despliegue de combustibles 100% renovables, que ya casi alcanza las 600 estaciones de servicio.

También han incidido en la producción de hidrógeno renovable en octubre de 2023 y la puesta en marcha en Cartagena de la primera planta a escala industrial de combustibles renovables en la Península.

Así, Repsol insiste en que es una compañía "acostumbrada a competir en un mercado abierto y que mantendrá su claridad estratégica y su ambición en la transición energética".

Santander, el cuadrilátero del combate

La capital cántabra será el cuadrilátero ya que, de acuerdo con la normativa que procede, cuando se demandan empresas con diferente domicilio social, el demandante (Iberdrola) puede elegir un lugar de esos domicilios.

En este caso, la sociedad competidora de la eléctrica en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander.

No obstante, la demanda también se dirige contra la filial de productos petroleros y la propia matriz, Repsol S. A., con sede en Madrid. De hecho, Repsol trató de derivar el asunto a los juzgados de Madrid al dirigirse la causa también contra la matriz, aunque la petición fue rechazada.

La resolución del combate podrá conocerse entre finales de este año o principios de 2025, cuando el juez decidirá si se trata de un caso de publicidad verde engañosa o si la gran energética está tratando de limitar el crecimiento responsable de Repsol. 

Primera demanda por greenwashing en España

Es la primera vez que se celebra un juicio por greenwashing en España. En este sentido, la demanda jurídica es pionera, ya que no está tipificado en el ordenamiento jurídico español. 

Iberdrola busca así abrir un camino que ya ha sido explorado en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Italia, donde ya se han tomado medidas contra compañías por incurrir en ecoimpostura, principalmente las petroleras.

En el caso de la Unión Europea, se ha fijado como objetivo prioritario la lucha contra el cambio climático, con un objetivo en la reducción de emisiones del 55% antes de 2030; y la neutralidad climática en 2050.

Para conseguir este propósito se ha aprobado una normativa obligatoria, en el ámbito energético, de las finanzas sostenibles y la protección de los consumidores.

De hecho, existe la directiva europea sobre empoderamiento de los consumidores para la transición verde, aprobada en febrero y que introduce normas específicas para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que inducen a error, como la ecoimpostura, aunque no ha sido todavía transpuesta por España.

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