Garbiñe Aranburu (LAB): “Lograr el SMI no va a ser fácil, Confebask va a tener que sentir la presión sindical”

Con poco más de 50 años de vida, el sindicato LAB se ha posicionado como segunda fuerza sindical en Euskadi, con un representación que roza ya el 20% y amplia presencia en el comité de importantes compañías y multinacionales del territorio. 

En un contexto en el que la industria vasca está siendo azotada por la crisis global y el goteo de cierre de empresas se da prácticamente a diario, su coordinadora general, Garbiñe Aranburu, recibe a Crónica Vasca en la sede guipuzcoana del sindicato para abordar temas tan a la orden del día como la próxima negociación por el SMI propio, el conflicto laboral en Guardian Glass de Llodio o la reducción de jornada a 30 horas. 

No podemos empezar esta entrevista sin hablar de uno de los temas principales de lo que será el año, que es el Salario Mínimo Interprofesional. Este ha sido una reivindicación histórica del sindicato, ¿cuál ha sido el proceso para llegar al punto actual?

Ya en la huelga de 2020 la necesidad de un SMI propio fue una de las principales reivindicaciones. Reclamamos y demandamos a la patronal la necesidad de un acuerdo intersectorial para establecer un salario mínimo superior al estatal en nuestro ámbito. A lo largo de este tiempo esto ha sido una reivindicación que ha estado siempre en nuestra agenda y hemos defendido a nivel público, haciendo también mucho trabajo a nivel de relaciones entre sindicatos, con la Consejería de Empleo, con el Gobierno y con la propia patronal. Ha habido una serie de reuniones y, a día de hoy, se han generado unas nuevas condiciones para avanzar en esa reivindicación.

¿Qué reivindican exactamente desde LAB?

Es una reivindicación estratégica, primero porque mejoraría la vida de muchísima gente, principalmente de mujeres, pero también de muchos trabajadores migrantes y racializados, de jóvenes y de gente con diversidad funcional. Es una medida para dignificar las condiciones de vida de todas esas personas y para eliminar las brechas que se están dando dentro de la clase trabajadora. Además, desde un punto de vista soberanista, LAB aspira a construir un marco vasco de relaciones laborales y protección social, defendemos que deberíamos tener plenas competencias sociolaborales para poder decidir aquí todas nuestras condiciones laborales y salariales. 

A través de la iniciativa legislativa popular presentada en los Parlamentos vasco y navarro, ¿su intención es que el acuerdo de cobertura a toda la clase trabajadora, independientemente de su contrato?

Incluiría a todas las personas trabajadoras que trabajan o bien en la comunidad autónoma o bien en Navarra. Tenemos instrumentos jurídicos para poder hacerlo. Hemos planteado en base al artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores una formulación jurídica para crear o negociar aquí un acuerdo de materia concreta, un acuerdo intersectorial porque sería para todos los sectores, pero abarcaría a todo el colectivo trabajador. Y cuando hablamos de todo el colectivo trabajador, estamos incluyendo también a las empleadas de hogar o a las personas que están fuera de convenio, no solo a esas personas que están ligadas por un convenio colectivo bien firmado en nuestro ámbito o bien a nivel estatal o a nivel de empresa. 

En este paso adelante ha jugado un papel importante la unidad sindical. Por el momento todos las centrales sindicales parecen ir en la misma dirección en qué quieren y cómo lo quieren. ¿Cómo valora esta sintonía, rara de ver normalmente?

Quiero poner en valor que a día de hoy todos los sindicatos defendemos la necesidad de un salario propio superior al estatal y acorde a la realidad socioeconómica de nuestro entorno. Y esto es una cosa que hace no tantos años no pasaba y que nos parece que es muy positivo. Esto responde a todo el trabajo que venimos realizando, por parte de este sindicato principalmente que siempre ha defendido la necesidad de un ámbito propio de las relaciones laborales y protección social. Un aspecto muy positivo y un avance haber llegado a este punto, ya que hace años ni CO.OO ni UGT se abrían a la posibilidad de hablar de un salario mínimo diferente al estatal.

Tampoco se abría a ello, y ahora parece que sí, Confebask. El próximo 6 de febrero tienen esa primera jornada de negociación en la que participarán predeciblemente tanto sindicatos como Confebask. ¿Cómo valoran la presencia de la patronal en dicho encuentro?

Es que yo creo que es lo suyo. Durante los últimos años aquí se está dando un reparto cada vez menos equitativo de la riqueza que se genera y se están agrandando más las diferencias entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Establecer un Salario Mínimo superior al estatal es una forma de avanzar hacia un reparto más equitativo y de dignificar las condiciones de un colectivo de trabajadores muy importante, que según los cálculos de LAB puede estar en torno a un 25%. Con lo cual, la patronal lo que tiene que hacer es atenerse a negociar, hacerlo de buena fe y dejar de lado esas políticas patronales que han imperado en el sentido de ir abaratando costes laborales para ir sacando el máximo rendimiento posible o el mayor beneficio posible.

¿Cree que va a ser fácil?

No va a ser fácil, la patronal va a tener que sentir esa presión sindical y social, pero también nos parece que el Gobierno Vasco aquí tiene que jugar un papel fundamental. No es un debate única y exclusivamente entre sindicatos y patronal, sino que el gobierno también tiene que intervenir.

Este ya ha anunciado una partida presupuestaria enfocada al estudio para sentar las bases de esta propuesta, así como ha reiterado su firme propósito de que exista un acuerdo entre Confebask y sindicatos, aunque en ningún momento ha aceptado estar planteándose instaurar esta medida de manera legal, ¿qué les parece esta postura?

El Gobierno vasco tiene que dar más pasos de los que ha dado hasta el momento, no es suficiente con que se comprometa a hacer un estudio sobre el coste que puede tener una medida de este tipo; tiene que ser un agente activo a la hora de impulsar un acuerdo intersectorial de estas características y presionar a la patronal, porque aunque en estos momentos los sindicatos estamos de acuerdo, es la patronal la que está intentando bloquear o no avanzar en esta reivindicación.

Al mismo tiempo también nos parece que a los partidos del gobierno les corresponde avalar la ILP que se ha planteado en el Parlamento vasco. Los partidos tienen que dar el visto bueno a esa ILP para poder tomar una posición como país ya que tenemos derecho a decidir aquí nuestras condiciones salariales y en este caso para establecer un salario mínimo interprofesional propio.

¿Es esta actitud más de lo que ya se había dado con el Gobierno vasco anterior? 

Nosotros esta reivindicación ya la venimos hablando con el gobierno anterior, con Mendía como consejera de empleo y como vice vicelehendakari. En este caso, creo que el Gobierno de Pradales ha querido trasladar una imagen de mayor apertura, de mejor relación con los sindicatos y cierta normalización, algo que no debería de ser noticiable; eso debería de ser así, lo que era una anomalía era la falta de relación que tenía el anterior lehendakari y la posición que tenía el anterior gobierno vasco.

Más allá de una posición más abierta, más allá de esa ronda inicial, más allá de que tenemos relaciones normalizadas con diferentes consejerías, en cuanto a la necesidad de impulsar la negociación colectiva dentro de los ámbitos del propio gobierno vemos que no ha habido avances. Están bien los gestos, pero lo que vamos a exigir son cambios de de calado.

El Gobierno vasco tiene que dar más pasos de los que ha dado hasta el momento, tiene que ser un agente activo a la hora de impulsar un acuerdo intersectorial de estas características y presionar a la patronal

Vamos con un conflicto que esta semana ha estado en boca de todos, el conflicto en Guardian Llodio.  Este miércoles se procedió a apagar el horno pese al rechazo tanto de instituciones como de la parte sindical… ¿La situación que se ha vivido en esta localidad alavesa refleja o dibuja cuál es la situación actual de la industria vasca?

Lo que dibuja es que aquí no ha habido una política industrial. Refleja que se les ha puesto la alfombra roja a las multinacionales, que el poder de decisión de nuestras empresas se ha dejado en manos de las multinacionales o de los fondos buitre, que ha habido una inyección de dinero público muy importante para las empresas, pero que luego no ha habido ningún tipo de condicionamiento, que no se les ha pedido ningún compromiso con el empleo ni para que hagan ciertas inversiones, ningún compromiso con el mantenimiento de la actividad, ningún arraigo con con el país en el que están… No se les ha pedido nada a cambio y esto lo que conlleva son situaciones como las de Guardian.

Respecto a esta política industrial, ¿qué reclaman entonces?

Una política industrial que haga una apuesta con una intervención pública mucho más fuerte en las empresas. Una intervención pública en todos los sentidos, también incidiendo en la parte económica de las empresas, pero sobre todo poniendo condiciones a la hora de dar dinero público, condiciones ligadas al empleo o al arraigo. Porque, en el caso de Guardian, es una situación dramática que va a afectar no solo a todas esas personas que han perdido su puesto de trabajo, también a toda una comarca que ya está bastante dañada.

Sin embargo, grandes empresas como Mercedes y Michelin, a pesar de estar sufriendo de lleno la crisis de la automoción, viven un momento de cierta calma en cuanto a conflictos laborales. ¿Es esto algo coyuntural, dado que los convenios de estas grandes empresas están prácticamente recién renovados?

Hablaba de la falta de política industrial que sea mucho más intervencionista y mucho más preventiva, y en este aspecto podemos decir que está pasando lo mismo. El sector de la automoción se está transformando y echamos en falta un proceso de debate para abordar cómo se tiene que informar y cómo tiene que ser el modelo de esa transformación productiva. Teniendo en cuenta que la automoción tiene un peso específico muy importante en nuestro territorio y nuestro PIB, lo que vemos es que no se aborda esa cuestión, que las decisiones se dejan en manos de las multinacionales, multinacionales que han recibido también muchísimo dinero público de los fondos europeos. No sabemos cuál va a ser realmente la evolución del sector de la automoción, pero es algo que nos preocupa y que nos ocupa y vamos a seguir exigiendo una política industrial que aborde la transición ecosocial, que abra el debate sobre el modelo de producción que necesita este país y que tenga esa participación también de la parte social.

En Euskadi no ha habido una política industrial. El poder de decisión de nuestras empresas se ha dejado en manos de las multinacionales o de los fondos buitre

Otra de sus históricas reivindicaciones ha sido la reducción de la jornada laboral a 30 horas. Desde el Gobierno central, esta próxima semana está previsto que se apruebe la reducción a 37,5 horas, ¿cómo ve esta medida?

Me parece que se queda corta, que hay que abordar un debate de mayor calado. Ya en el año 1999 en Euskadi hicimos una huelga por las 35 horas semanales. A raíz de aquella huelga, en toda la administración pública, en muchos sectores y en muchas empresas ya se instalaron, por lo que esta reducción a 37,5, afectará a parte de los trabajadores, pero a otros muchos no. 

Además, la reducción de la jornada laboral se tiene que abordar desde diferentes prismas. Por un lado, para abordar la reconversión del modelo productivo que se va a dar para responder a los retos de la crisis ecológica desde una visión de transición ecosocial, pero también como una herramienta para poder reconocer todos los cuidados y después repartir y reorganizarlos. Por eso nos parece que esta medida es unn punto de comienzo para encaminarnos hacia las 30 horas.