La Justicia ralentiza la investigación del 'pelotazo' del cementerio de Deba

La Justicia tiene paralizada desde hace casi ocho meses la investigación de la construcción del cementerio de Deba, un polémico proyecto vinculado a un “pelotazo” urbanístico de 50 millones. En el caso está imputado por un delito contra el medio ambiente el anterior alcalde Pedro Bengoetxea (de la plataforma vecinal Debarren Ahotsa, quien en 2019 perdió la alcaldía, que pasó a Gilen García, de EH Bildu). La Fiscalía de Gipuzkoa había extendido la implicación a siete personas más (funcionarios municipales y concejales) pero el juzgado de instrucción número 1 de Eibar, al abrir la investigación en noviembre de 2019, limitó las responsabilidades al alcalde.

En el más de año y medio desde que se abrió el caso, el juzgado de instrucción número 1 de Eibar, encargado de la instrucción, apenas ha realizado actuaciones. De hecho, todos los informes pedidos para esclarecer los hechos han procedido de la Fiscalía. Tampoco ha ayudado a que ya hayan pasado tres magistrados por dicho juzgado. Uno de los jueces llamó a declarar al único imputado por dos veces pero aún no se le ha tomado testimonio.

Mientras, las obras del cementerio ya finalizaron en noviembre pasado y, pese a que el caso está en instrucción judicial, el ayuntamiento ya ha anunciado que inaugurará el cementerio el próximo 30 de junio. El coste de las obras, asumido por el Ayuntamiento al ser municipal, es de cerca de dos millones de euros para una localidad donde se registran solo media docena de enterramientos al año.

Detrás de todo, está el proyecto de una constructora local, Grupo Eibar, de edificar 180 viviendas y un hotel, en los terrenos del actual cementerio. Un plan urbanístico que es presentado por los promotores como la “mejor terraza del Cantábrico, con unas maravillosas vistas al mar, a la playa y al pueblo de Deba” y que en la primera fase ya tiene todo vendido. En suma, un «pelotazo» urbanístico que podría superar los 50 millones de euros, según los primeros cálculos.

Esta polémica surge cuando la asociación ecologista Mutriku Natur Taldea presentó en abril de 2019 una denuncia ante la Fiscalía por afectar a un manantial y estar en la zona de servidumbre de un dominio público marítimo terrestre, al Camino de Santiago y por el hecho de que el proyecto fuera elaborado por el asesor de urbanismo del Ayuntamiento y aprobado por la misma persona.

El Ayuntamiento de Deba lleva casi 25 años con el proyecto de demoler el cementerio actual, un terreno muy apetecible urbanísticamente para construir viviendas. Tras iniciar los trámites en 1996, se encontró con un informe negativo en 1999 de la Dirección de Salud del Gobierno vasco a la construcción del cementerio, en la denominada zona de Arzabal, por ser un terreno impermeable (la ley de instalaciones mortuarias exige su permeabilidad para que, cuando llueva, no haya riesgo sanitario con los lixiviados por la putrefacción de los cadáveres), la existencia de una conducción de agua potable y no cumplir la distancia de 500 metros a zonas pobladas. El Tribunal Superior de Justicia vasco, además, anuló en 2002 el convenio urbanístico para edificar el cementerio.

Sin embargo, el consistorio retomó el proyecto tras un decreto del Gobierno vasco de 2004 que rebajó las condiciones para construir cementerios, al reducir de 500 a 10 metros la distancia a zonas pobladas. Un decreto que parecía redactado a la carta para el caso de Deba.

Así, el nuevo proyecto redujo significativamente la superficie del nuevo cementerio: de 11.000 metros cuadrados y cerca de 1.200 sepulturas se pasó a 4.500 metros cuadrados y un centenar de fosas. Pero este segundo plan se aprobó sin el permiso de la Agencia Vasca del Agua, Ura, que se enteró de su existencia por los ecologistas, y constató que un tercio de la superficie es área de dominio público marítimo terrestre.

Para salvar esa protección, el Ayuntamiento acometió un tercer proyecto que limitó las obras a dos tercios de los 4.500 metros cuadrados previstos.

Mientras, los trabajos empezaron en junio de 2019 con las excavaciones en el terreno pero sin el permiso de Ura y con autorizaciones de los Departamentos de Salud y Cultura al segundo proyecto. Es decir con un permiso distinto al que se ejecutó.

La Fiscalía de Gipuzkoa abrió, el 23 de abril de 2019, una investigación por los posibles delitos contra el medio ambiente debido a la afección al dominio público y a la conducción de agua potable que abastece al municipio de Deba. El 4 de noviembre de 2019, envió sus indagaciones a los juzgados de Eibar al ver indicios de delito contra el medio ambiente por afectar a un manantial e imputa a ocho personas: (el anterior alcalde, tres concejales y el arquitecto municipal, el arquitecto asesor, la secretaria municipal y una auxiliar administrativa).

El ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, acordó parar las obras (que en la práctica nunca se detuvieron) pero, días después, convocó un pleno extraordinario (gobierna en minoría con 6 concejales, frente a los 4 de la plataforma independiente Debarren Ahotsa y 3 del PNV) para adoptar una decisión del pleno. La oposición votó en contra de la paralización y las obras prosiguieron.

El juzgado de instrucción de Eibar abrió las investigaciones el 27 de noviembre de 2019. Llamó a declarar al anterior alcalde para marzo de 2020 pero, debido al estado de alarma, se suspendió. Tramitó una nueva petición para la toma de declaración el pasado 15 de septiembre pero, en ese mismo día obligó a los ecologistas a presentar una fianza para actuar como acusación (lo que hicieron el 1 de octubre) y no se realizó la declaración. Desde entonces, no ha habido más actuaciones judiciales.