¿Hay un problema de ‘okupación’ en Euskadi?

En los últimos tiempos han proliferado historias que aseguran que si alguien sale de casa durante un tiempo le pueden okupar la vivienda. El boca-oído denuncia, además, que no hay mecanismos para recuperar la propiedad y que los procesos pueden eternizarse. Sin embargo, a la vista de los datos reales, ninguna de esas afirmaciones tiene una base sólida que avale este alarmismo.

Hay dos tipos de ocupaciones según el tipo de vivienda en la que se producen, Si los ocupantes entran de forma ilegal en una casa que constituye la vivienda habitual o segunda vivienda de una persona, el delito es de allanamiento de morada y se actúa de inmediato para desalojarla. En cambio, cuando la entrada se produce en un espacio deshabitado desde hace tiempo, se trata de un delito de usurpación y, entonces sí, puede conllevar más tiempo desalojarla.

Desde el Observatorio Vasco de la Vivienda, el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi, insiste en que la ocupación en Euskadi “no es el mayor de los problemas” y en que hay garantías para solucionar los casos que existen. Yoldi destaca que la “incidencia es muy pequeña” en relación al miedo que se difunde.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se produjeron 54 usurpaciones en Euskadi. Esto supone que un 0,1% de las viviendas deshabitadas fueron okupadas. En toda España, el delito de allanamiento de morada fue de un 0,0013%, con 238 casos el año pasado. Con estas cifras se ve que el número de las ocupaciones ilegales es muy bajo. Pero aunque la incidencia sea muy poca, socialmente se ha convertido en un problema que preocupa.

El Sindicato de Vivienda de Gasteiz defiende que la ‘okupación’ “es un fenómeno social mucho más complicado y extendido de lo que quiere hacerse ver”. Para ellos, se trata de una opción que constituye la única “alternativa a la subsistencia de situaciones desesperadas” y que refleja un problema en el derecho a la vivienda digna.

Por su parte, la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava defiende que la mayoría de casos, el 75% según el Instituto Cerdà, las ocupaciones derivan de una necesidad extrema generada, en parte, por “la escasez de alquileres y vivienda social”. E insisten en desmitificarla problemática ya que, aseguran, en los casos de allanamiento se puede actuar de inmediato siempre que el ocupante “no pueda acreditar una causa legítima justificativa” de la estancia.

Mafias locales

Pero aunque las cifras de ocupaciones son muy bajas, no se puede obviar que hay un problema de orden detrás de alguna de estas actuaciones. En el Observatorio de la Vivienda, Yoldi señala que existen pequeñas mafias locales que actúan como “grupos que se dedican a hacer negocio con la vivienda de los demás”. La forma de actuar de estas bandas se basa en la detección de  viviendas vacía que allanan y ‘alquilan’ a otras personas incluso con contratos falsos.

Desde la Asociación de Propietarios añaden que incluso hay un ‘manual del okupa’ donde se explica “el mejor proceder de la ocupación en aras de ralentizar el proceso de desalojo”. Si bien los casos son pocos, instan a los afectado a actuar ya que “la vida se ve deteriorada en las comunidades, y los barrios se ven degradados; son okupas sin obligaciones ante propietarios sin derechos”.

El Sindicato de Vivienda aporta otra visión de una problemática con diferentes ángulos y múltiples situaciones. Para ellos, los medios “bombardean con imágenes de mafias ‘okupas’ o profesionales del hurto”. Pero, según este sindicato, hay ocasiones en las que es el propio inquilino ocupa “su propio hogar, el cual ha pagado durante años, y no pudo permitirse más” por su situación económica. Desde esta agrupación, trabajan para “dar garantías legales, técnicas y políticas” a un problema de “calidad de vivienda para los trabajadores y la falta de estabilidad”.

Programas públicos de alquiler

En Euskadi, según una encuesta de uso de la vivienda del Gobierno vasco, hay casi 53.500 viviendas que no se utilizan. En ocasiones, los propietarios temen poner ese espacio en alquiler por los problemas que pueda ocasionarse. Para ofrecer garantías, Yoldi recuerda que hay programas del Gobierno vasco, como Bizigune, para sacar esos pisos al mercado con un alquiler asequible. Son viviendas vacías sin una razón. En estos casos, el Departamento de Vivienda contacta con el propietario y le ofrece la medicación del Gobierno vasco que “se encarga de todo”. Así, la vivienda puede alquilarse con mediación administrativa y cubre la necesidad de quien la necesite.

La realidad del problema de viviendas y ocupaciones es  más profunda que el goteo de informaciones sobre casos de ocupaciones. Los datos señalan que no hay un problema cuantitativo de ocupación en Euskadi. La diferente tipología de los allanamientos, las circunstancias personales de los ‘okupas’, su comportamiento con el resto de la comunidad, la propiedad de la vivienda y un largo etcétera marcan cada caso como único y demuestran que en la mayoría de los casos que existen tienen que abordarse desde un análisis profundo. Con todos estos matices, el Sindicato de Vivienda entiende que, bajo su prisma, “solo puede defenderse la ‘okupación’ como fenómeno social” y desde la Asociación de Propietarios recuerdan que “la función social de la vivienda no puede ser la excusa para limitar la propiedad privada”.