Los móviles de mas de 60 políticos catalanes y vascos han sido espiados, monitorizados, se ha accedido a sus contenidos, mensajes e imágenes mediante el programa Pegasus comercializado por una empresa israelí y vendido solo a Estados. Corrupción de cloaca que deja al ex comisario Villarejo en un aprendiz de brujo analógico frente a lo que puede suponer la mayor corrupción política del Estado español en el siglo XXI.

Porque no se me puede ocurrir mayor regresión ética y política que atacar el derecho inalienable, en democracia, de la libertad de comunicaciones junto con la libertad de disidencia y diversidad  política. O quizá sí.

Alimentar la idea que depende de a quién se le espíe, en el contexto definido como la mayor amenaza a la integridad del Estado español,  justifique quebrantar el Estado de derecho. Y éste es el argumentario que manejan desde tertulias y tribunas, algunas políticas, pero que no han podido escapar del silencio primigenio en los medios de comunicación de ámbito nacional. Son independentistas, aquí no hay nada que ver.

 

Corrupción de cloaca que deja al ex comisario Villarejo en un aprendiz de brujo analógico frente a lo que puede suponer la mayor corrupción política del Estado español en el siglo XXI

 

En definitiva, que el fin justificaría los medios. Qué peligro abrir de nuevo esa puerta de la que bien sabemos en Euskadi!  Y no, no se puede tapar la desvergüenza en la confidencialidad por el carácter secreto que circunvala a estos asuntos, no.

La violación de los principios democráticos acreditados por el instituto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, CitizenLab y destapado por The New Yorker, no puede quedar en una chicuelina verbal de la ministra portavoz.

Por salud democrática hay que enfrentarse a puerta gayola a la mugredumbre y depurar responsabilidades de quién lo hizo, de quién lo permitió o de quién no se enteró de lo que pasaba en lo mas hondo del deep estate. Sinceramente, el argumento sobre el desconocimiento de la autoría de las escuchas es de apaga y vámonos. ¿Habría algún otro gobierno que no sea el español interesado en hurgar en los teléfonos móviles de los líderes independentistas catalanes y políticos vascos? No me hagan reír.

 

Por salud democrática hay que enfrentarse a puerta gayola a la mugredumbre y depurar responsabilidades de quién lo hizo, de quién lo permitió o de quién no se enteró de lo que pasaba en lo mas hondo del deep estate

 

Sin embargo, Pedro Sánchez sigue callado. Silencio, pasando el trapo de las explicaciones a sus ministras y ministros. Las reuniones con los representantes de la Generalitat derivados a un domingo y un delegado. Silencio, pero atronador.

Los principios democráticos no son selectivos, ni dependen de a quién afecten porque, además, vulnerarlos no sale gratis. Es abrir la puerta de par en par a los populismos, al abismo de una democracia bananera. Tampoco saldrá gratis en lo político no hacerlo. El President, Pere Aragonés, avisa: quedan congeladas las relaciones y el apoyo al Gobierno de España en tanto en cuanto no se llegue al fondo de este asunto.

El Gobierno ha negado estar detrás del espionaje, pero tiene que acreditar que no lo ha hecho.

 

¿Habría algún otro gobierno que no sea el español interesado en hurgar en los teléfonos móviles de los líderes independentistas catalanes y políticos vascos? No me hagan reír

 

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha pedido que rueden cabezas, que se llegue hasta el final. Su grupo es parte del Gobierno, pero parece estar a por uvas en los asuntos nucleares y de recónditas raíces setentayochonteras.  Sería malpensado por mi parte sospechar que una parte del Gobierno hubiera espiado a otra parte del Gobierno. Me gustaría saber si Pablo Iglesias ha tenido esta misma sensación o quizá mas, alguna confidencia en esta dirección.

No apoyar el plan legislativo del Gobierno, apretar las tuercas hasta que se depuren responsabilidades es el camino que se ha marcado ERC, a su vez achuchado por su exigente socio Junts.  Una primera prueba de fuego llega este mismo jueves. La convalidación en el Congreso de las medidas adoptadas para paliar las consecuencia de la guerra de Ucrania. La foto de dicha votación nos dirá el grado de exigencia de los socios en los que se sustenta el Gobierno de coalición. La derivada política de Pegasus está empezando a hacer moverse al porcentaje PSOE. Tanto es así, que Meritxell Batet habría modificado el sistema de mayorías para la constitución de la Comisión de secretos oficiales que llevaba bloqueada tres años para dar entrada a ERC y Bildu. Aunque sea un foro, meramente explicativo de la gestión y gastos de los fondos reservados, es un paso necesario, pero meramente cosmético. Todavía no se han caído del caballo en el Gobierno.

 

Sería malpensado por mi parte sospechar que una parte del Gobierno hubiera espiado a otra parte del Gobierno. Me gustaría saber si Pablo Iglesias ha tenido esta misma sensación

 

En 1995 el diario El Mundo destapó el espionaje llevado a cabo por el Cesid durante mas de 10 años, la década felipista. Se había escuchado, sin cobertura judicial, a empresarios, políticos o al jefe del Estado, Juan Carlos I. Hubo negación y reticencias, pero el escándalo se solventó con la dimisión primero del responsable directo del espionaje, el teniente general Emilio Alonso Manglano, director general del Cesid. Le siguieron el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el entonces vicepresidente, Narcís Serra

Alguien tiene que asumir la responsabilidad del espionaje y se tiene que conjugar con dimisiones. Es la mínima exigencia del quebranto de la confianza política. A mas a mas, sería formidable que España no utilizara el espionaje incontrolado e ilegal como herramienta política antes de hincharse el pecho y decirse democracia. La ministra de Defensa en la actualidad, Margarita Robles, podría sentirse cómoda a lomos de un caballo alado digno del mismísimo dios del Olimpo en el Gobierno por el momento, pero quizá su cabeza política se esté preparando dentro de un caballo de Troya por la supervivencia del plan legislativo y del propio Sánchez.