Que la constitución sea una norma fundamental, norma de normas, fuente primera del derecho, es algo casi de anteayer. Hasta los años treinta del siglo XX y, sobre todo, hasta después de la II Guerra Mundial, las constituciones fueron otra cosa mucho más débil jurídicamente. Eran, todo lo más, un documento político, un estatuto del Estado referido únicamente a lo esencial y poco más. ¿Se cumplían sus preceptos? Pues de aquella manera. No eran un argumento jurídico tan contundente que su sola invocación silenciara otras consideraciones. Para hacerse una idea, una sentencia del Tribunal Supremo a mediados del siglo XIX (y durante buena parte de su segunda mitad) podía atender más al Ordenamiento de Alcalá (1348) o al Fuero de Vizcaya (1527) que a la constitución de 1845. Pero, sobre todo, las constituciones se diseñaban de manera que dejaban un amplio margen de actuación al gobierno que, habitualmente, gobernaba con su constitución. Por ello también era habitual la suspensión de preceptos constitucionales o la habilitación del gobierno para ejercer de legislativo.

Todo esto nos parece bastante inverosímil porque nuestra cultura política ha hecho de la constitución el centro de gravedad de todo el sistema jurídico político, de ahí nuestra tendencia a juzgar la legitimidad de un acto político, en primer lugar, por el rasero de su constitucionalidad. Por eso también tenemos tribunales constitucionales, porque entendemos, al menos en principio, que precisamente ese estatuto esencial de la constitución es el fundamento de nuestra paz social.

De ahí se sigue que la constitución en nuestra cultura política obligue de diferentes maneras y en distintos grados. Lo hace estrictamente, por ejemplo, para poder suspender derechos ante situaciones excepcionales pero no obliga a las Cortes a hacer leyes, aunque el cumplimiento de dicha función es esencial para mover buena parte del mecanismo constitucional.

El PP actúa como un partido decimonónico: como no le conviene renovar esa institución fundamental del Estado, y simplemente pasa, como si la constitución no fuera tan relevante a ese respecto

Nadie podrá decir al Partido Popular que esté incumpliendo la constitución al bloquear durante cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí debe decirse que elude la constitución y que, con ello, provoca un deterioro notable del conjunto del sistema constitucional. En cierto modo, el PP actúa como un partido decimonónico a este respecto: como no le conviene renovar esa institución fundamental del Estado, y simplemente pasa, como si la constitución no fuera tan relevante a ese respecto.

La última floritura del discurso con el que sistemáticamente evita su compromiso constitucional ha consistido en presentar una iniciativa legislativa en el Congreso con el fin de… incumplir la ley hasta que sea como este partido, que tiene ochenta y nueve diputados, dice que tiene que ser. Por supuesto dicha propuesta ha sido descartada por la mayoría de la cámara lo que, como dirían en México, al PP le vale madres. Para que se entienda: mientras el Congreso no apruebe una reforma de la ley orgánica que regula el poder judicial tal y como dicta el Partido Popular, continuará bloqueando la institución que gobierna ese poder.

¿Incumple el PP la constitución? No. ¿Elude el PP la constitución? Sí

¿Incumple el PP la constitución? No. ¿Elude el PP la constitución? Sí. Lo hace parapetado en un discurso insostenible que da más legitimidad a su pretensión política que a las leyes aprobadas por las Cortes, algo más propio, ciertamente, de partidos abiertamente enfrentados al sistema constitucional que de un partido, como el PP, que se permite calificar a los demás en función de su mayor o menor sintonía constitucional.

Por ello no importa la reforma de la ley que propone el PP como condición para cumplir la ley. A ellos tampoco debe importarles mucho cuando han mandado a una diputada de segunda fila a defenderla, mientras su líder estaba en el Senado hablando de ETA, para variar. Como era de esperar, la propuesta de la derecha venía a decir que el CGPJ es conservador sí o sí, pero, como digo, es lo de menos, incluso para ellos. Lo importante es que un partido que tiene serias opciones de gobernar en nuestro país elude el cumplimiento de sus funciones para que el orden constitucional fluya correctamente. Cuando esto ocurre, todos nos beneficiamos, obviamente. Se llama interés público. Cuando no ocurre, también suele haber un beneficio, pero privado, de partido. Se llama sinvergonzonería política.