Esta semana Pedro Luis Uriarte revelaba en una entrevista que su entrada en política como consejero de Hacienda del primer Gobierno vasco fue dictada por su entonces jefe en el Banco de Bilbao, José Angel Sánchez Asiaín. "Vas a ser tú", le soltó, sin dejarle siquiera pensárselo. Al margen de la anécdota, ahora recordamos al Ejecutivo que conformó Carlos Garaikoetxea, fundamentalmente con tecnócratas sin experiencia política alguna, como el mejor de la historia.



Es indiscutible que, con muy pocos medios y en medio de una crisis brutal que hizo que el PIB vasco descendiera un 10% en solo un año, hicieron de la necesidad virtud y crearon planes, leyes, presupuestos, instituciones o equipos humanos. No fue un milagro. Eran profesionales con una experiencia dilatada en el mundo de la empresa que trasladaron a la administración sus conocimientos para hacer las cosas de forma excelente partiendo de cero. Gran parte del bienestar del que disfrutamos actualmente se lo debemos agradecer a consejeros como Javier Caño, Pedro Miguel Etxenike, Carmelo Renobales o Javier García Egotxeaga, que conformaron ese primer Gobierno vasco de la actual democracia. Sin ir más lejos, el propio Concierto Económico que Uriarte negoció durante un año.



Las cosas han cambiado. Hoy en las diferentes administraciones vascas apenas hay profesionales con experiencia en el sector privado. Sea porque la política no les seduce de la misma manera o porque lo público se lo reparten hoy los miembros de algunos partidos. La audacia e incluso valentía con la que el equipo de Garaikoetxea maniobró para crear las actuales instituciones vascas parecen impensables en nuestros días.



Es cierto que es más difícil equivocarse cuando se empieza desde cero pero también hay que reconocer que el excesivo populismo que rodea a la acción política en nuestros días lleva a tomar muchas decisiones mirando más a las encuestas que a la eficacia. No hay más que ver lo que ha ocurrido esta semana con los descuentos en el transporte público para los titulares de tarjetas como Barik (Bizkaia), Mugi (Gipuzkoa) o BAT (Alava).

Alguien debería explicar ahora por qué los usuarios habituales de autobús de un Bilbao-Madrid pueden viajar gratis pero los que van de Bilbao a Haro no. Los primeros han recibido un regalo del Gobierno de Sánchez y a los segundos les está penalizando curiosamente la Diputación de Alava





Durante 2023 los usuarios, independientemente de su poder económico, han disfrutado de descuentos del 50% de difícil justificación que al final pagan todos los contribuyentes. Es una medida que todos los expertos coinciden en tildar de populista y sin eficacia alguna a la hora de quitar coches de las carreteras, que se supone que es el objetivo final. Es absurdo que alguien vaya a dejar su vehículo aparcado por el estímulo que le suponen los 50 céntimos del descuento.



Terminado el año electoral, el Gobierno vasco decidió suprimir la mayor parte de estos incentivos. Pero cuando los sociólogos vieron los comentarios de los usuarios en las webs de los periódicos digitales, se asustaron. Dado que este año también va a haber elecciones en Euskadi, rápidamente pensaron que esto podría restar votos a los dos partidos que actualmente gestionan el Gobierno vasco. Así que decidieron virar por completo.



Lo que ayer tenía sentido hoy ya no lo tiene. Los descuentos se mantendrán y así nadie podrá acusar al PNV o al PSE de recortar beneficios supuestamente sociales. Siguiendo esas instrucciones, los organismos que gestionan el transporte público en cada territorio se han reunido para aprobar las mismas reducciones del 50% en los billetes que ya pusieron en marcha en 2023. Evidentemente, eso no es gestionar con eficacia, como se hacía a principios de los ochenta, sino simplemente con un ojo en la encuesta y el otro en Twitter.



Por cierto, alguien debería explicar ahora por qué los usuarios habituales de autobús de un Bilbao-Madrid pueden viajar gratis pero los que van de Bilbao a Haro no. Los primeros han recibido un regalo del Gobierno de Sánchez y a los segundos les está penalizando curiosamente la Diputación de Alava, titular de la concesión. Si queremos reducir precios, ¿no tendría más sentido que aceptáramos que haya competencia en este tipo de servicios?