Tras el pacto firmado entre el PSOE y Junts con nocturnidad y alevosía en un país extranjero para el traspaso integral de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña que no gobierna Junts sino el PSC, el Gobierno vasco ha anunciado que lo estudiará y, si le interesa y conviene, solicitará al Gobierno de España "nuevas competencias" en Inmigración.
La portavoz, María Ubarretxena, explicó en rueda de prensa que el Ejecutivo vasco observa este pacto "con gran interés", para quizás acordar medidas similares con Pedro Sánchez. No concretó más porque su gobierno es de coalición con el PSE y porque debe esperar a lo que digan los gerifaltes jeltzales, quienes todavía no se han pronunciado; se supone que deberían estar a favor, dado que el PNV es favorable a disponer del mayor número de competencias posible, y porque el PSE es la representación socialista en el País Vasco; y si al PSOE le parece bien que las competencias migratorias sean competencia autonómica, lo coherente es que le parezca bien que también las ejerza Euskadi, salvo que no se fíe ni de sí mismo ni de su socio, el PNV.
Sin embargo, es probable también que el PSOE, o sea, Pedro Sánchez, no vea apropiado traspasarlas a Euskadi o simplemente le dé igual, dado que la cesión de estas competencias a Cataluña no se ha firmado tras analizar racionalmente la cuestión sino para permanecer en la Moncloa, para lo cual necesita los siete votos de Junts, y es lo que Puigdemont le ha exigido. Y es probable que a Pedro Sánchez no le parezca ni bien ni mal sino todo lo contrario, una simple concesión que ha tenido que tragar para poder seguir siendo Presidente del Gobierno de España y, quizás, aprobar a continuación los Presupuestos Generales del Estado.
Es curioso. El PSOE ha negociado y pactado la cesión de las competencias de Inmigración con Junts, justo el partido que dice el PSOE que espera que nunca pueda ejercerlas, habida cuenta su racismo y su xenofobia; sin embargo, no cede las competencias migratorias a las comunidades autónomas que los socialistas gobiernan.
Como el fugado Puigdemont ha explicado, el nacionalismo catalán las quiere para salvaguardar la identidad nacional catalana, para lo que obligaría a los inmigrantes a aprender catalán y a ser buenos catalanes, o sea, a asumir el ideario nacionalista modelo Trump; respecto a la salvaguarda de la identidad nacional, Otegi ya dijo algo parecido sobre la cuestión
Hasta hace nada, el posible traspaso, cesión o delegación de las competencias migratorias a una comunidad autónoma era, en opinión de los socialistas, ilegal e inconstitucional, al ser competencias únicas y exclusivas del Estado, como lo fueron los indultos, la amnistía o la concesión de un concierto económico a Cataluña. No sólo era inconstitucional, sino innecesario, desaconsejable y hasta improcedente, y, desde luego, no estaba semejante cosa en el programa socialista; pero el universo Sánchez se mueve bajo otros criterios: es aconsejable hacer todo aquello que le permita permanecer en la Moncloa, por mucho que perjudique al conjunto de los ciudadanos españoles.
Según Yolanda, el pacto respeta los derechos humanos, lo cual es cualquier cosa menos un argumento, dado que sólo faltaba que no respetara los derechos humanos, y porque que las competencias las ejerza el Gobierno de España igualmente los respeta (y seguramente mejor); pero a Yolanda Díaz no se le puede exigir mucho más de lo que da, y no da para más de lo que se espera de ella: nos conformamos con que hile dos frases con cierta armonía lingüística aunque no signifiquen nada.
Hay otra extravagancia y otro absurdo: mientras se pretende que las competencias migratorias y de control de las fronteras sea asunto europeo, en la España de Sánchez se pacta traspasarlas a una comunidad autónoma y sólo a una comunidad autónoma y con un partido que no gobierna dicha comunidad autónoma y con cuyos planteamientos migratorios abiertamente se discrepa: es como darle un fusil al alumno más violento de la clase con la esperanza de que nunca lo utilice, mientras se prohíbe el uso de armas en el centro escolar que no está bajo su influencia; no hay que darle muchas vueltas, es la penúltima cesión del PSOE al separatismo catalán para que le permita seguir gobernando.
Podemos ya se ha posicionado contra el acuerdo, al considerar que tiene tintes no sólo estrafalarios sino xenófobos y hasta racistas; siendo Junts nacionalista, no es de extrañar que tenga dichos tintes y hasta el bote de pintura entero
En todo caso, no es seguro que se apruebe. Podemos ya se ha posicionado contra el acuerdo, al considerar que tiene tintes no sólo estrafalarios sino xenófobos y hasta racistas; siendo Junts nacionalista, no es de extrañar que tenga dichos tintes y hasta el bote de pintura entero. Y tal como el fugado Puigdemont ha explicado, el nacionalismo catalán las quiere para salvaguardar la identidad nacional catalana, para lo que obligaría a los inmigrantes a aprender catalán y a ser buenos catalanes, o sea, a asumir el ideario nacionalista modelo Trump; respecto a la salvaguarda de la identidad nacional, Otegi ya dijo algo parecido sobre la cuestión: en este asunto, da igual ser de izquierdas o de derechas, lo definitorio es ser un nacionalista reaccionario.
En cuanto a exigir el manejo del euskera para poder formar parte de la comunidad política, ahí lo tienen más complicado: no sólo no podrían quedarse muchos inmigrantes que ya están o muchos de los que vengan en un futuro, sino que muchos locales deberían emigrar, incluso algunos de los responsables políticos que pudieran tomar semejante medida. El PSOE asume lo peor del pensamiento ultra. Y todo para mantenerse en el poder y con la excusa de que no gobiernen los ultras.
Que Junts, ERC o el PNV quieran asumir cuantas más competencias mejor es coherente con sus tesis y sus objetivos: tras asegurarse la independencia financiera, pretenden dar pasos hacia la independencia política, para lo cual las competencias migratorias integrales es lo penúltimo que les falta antes del golpe definitivo. La cuestión es que el PSOE no sólo no frene democráticamente sus pretensiones sino que sea corresponsable, coautor y facilitador de las mismas; o sea, una desgracia para los progresistas españoles.
Así que el Gobierno vasco se lo está pensando, a la espera de lo que diga Aitor Esteban y de la situación política que se tercie. Si le interesa, el PNV exigirá el traspaso completo; si no, disimulará y se centrará en otras cosas. No olvidemos que la cuestión migratoria es asunto peliagudo (como en su momento lo fue la política penitenciaria que el PNV rechazó asumir durante décadas), y quizás le interese no disponer de ella... por el momento.
Sánchez es incluso más previsible: hará lo que tenga que hacer para permanecer en la Moncloa, aunque ello suponga la desmembración definitiva de España.