El lehendakari, Imanol Pradales, el pasado octubre en Madrid.
La transición energética es, sobre el papel, un objetivo compartido que no nos cansamos de reivindicar. Sin embargo, cuando su ejecución se apoya en opacidad administrativa, silencios calculados y decisiones difícilmente defendibles, el debate deja de ser una cuestión de sostenibilidad para transformarse en un profundo problema de calidad democrática.
El pasado 8 de octubre en Forum Europa, fuimos testigos de cómo el lehendakari, flanqueado por la imagen corporativa de Solaria, respondía a una pregunta de la compañía manifestando la voluntad institucional de desbloquear proyectos que aguardaban "en la cola" en los próximos meses. Y vaya si cumplió, este mismo enero se publicó el anuncio del 30 de diciembre con 19 nuevos proyectos de la compañía que Industria mantenía en su mesa al menos desde julio de 2024.
Lo que quizás el lehendakari ignoraba —o prefería omitir— es que Solaria estaba trabajando su nuevo golpe, y apenas una semana después de aquel encuentro, Solaria interponía un contencioso administrativo contra el Gobierno Vasco por el proyecto Solaria Zierbena Solar 2 y sus infraestructuras asociadas. Doce días más tarde, repetirían la maniobra con Solaria Zierbena Solar 3.
El año nuevo trajo además la aprobación de los polígonos solares Vitoria Solar 1 y 2 impulsados por Indarberri, empresa participada por el Gobierno Vasco y por quienes los llevan a los tribunales. Trajo también nuevos puestos en la administración para Álvaro Saenz -ex directivo de Solaria hoy en el EVE- y Borja Ochoa, conocido en los ayuntamientos alaveses por acudir a anunciarles estos 19 nuevos proyectos.
Al menos desde octubre, ayuntamientos de todos los colores han recibido presiones jurídicas desde despachos de Madrid y Toledo, llamémosle casualidad. Los ayuntamientos, no pueden quedarse como meros espectadores. Es hora de remangarse y ponerse manos a la obra en defensa de los intereses de su municipio.
Esta ofensiva judicial se ha llevado a cabo con una alarmante falta de transparencia. Las partes interesadas nunca fuimos notificadas y la publicidad en los boletines oficiales fue inexistente en uno y críptica en el otro. No estamos ante un simple error de forma, sino ante una vulneración, a nuestro entender calculada, del derecho legítimo a la defensa. Se intenta expulsar del tablero a quienes llevamos dos años defendiendo el territorio ante Solaria, planteando una duda razonable: ¿está la Administración para garantizar la participación ciudadana o como compañera de viaje para coartarla?
La ley es tajante. No es lícito fragmentar infraestructuras para eludir evaluaciones de impacto ambiental rigurosas o para derivar la competencia a organismos más "convenientes".
El Gobierno Vasco permitió la tramitación de todos estos proyectos a sabiendas de que se trataba de una fragmentación de libro. Esa decisión, ha condenado a la ciudadanía a dos años de incertidumbre, a gastos económicos ingentes en asesoría jurídica y a un desgaste personal que nadie reparará. Esa decisión ha llevado a la ciudadanía, una vez más, a dar un paso al frente y personarse en estos contenciosos administrativos.
Llevamos dos años de alegaciones a estos proyectos tremendamente técnicos sin que el Gobierno si quiera nos haya trasladado las respuestas de Solaria a las mismas, esperamos algún día saber por qué. Pero ahora, ya no estamos ante un mero debate técnico, sino ante un ejercicio de ingeniería jurídica por parte de una empresa que lleva años acechándonos. Si hoy nos vemos en los juzgados es porque alguien consideró que era más sencillo avanzar en la oscuridad.
El Parlamento no puede limitarse a registrar preguntas sin seguimiento mientras se toman decisiones que transformarán el territorio durante décadas. La democracia no se erosiona solo por los excesos del poder, sino también por la pasividad de quienes deberían vigilarlo
La oposición parlamentaria, salvo excepciones retóricas, ha aceptado el papel de figurante. No ha exigido comparecencias sistemáticas, no ha impulsado investigaciones serias, no ha fiscalizado con rigor. Ese silencio, legitima la opacidad. Su papel es fiscalizar, investigar, incomodar. Cuando renuncia a hacerlo, deja de ser contrapoder y se convierte en decorado institucional.
El Parlamento no puede limitarse a registrar preguntas sin seguimiento mientras se toman decisiones que transformarán el territorio durante décadas. La democracia no se erosiona solo por los excesos del poder, sino también por la pasividad de quienes deberían vigilarlo.
Llegados a este punto, la administración no puede seguir actuando como meros gestores de expedientes. Es imperativo que el Gobierno Vasco, antes de que solo le quede elegir entre prevaricar o claudicar, asuma su papel ejerciendo una defensa firme y sin fisuras ante el tribunal.
Estaremos ahí para comprobarlo.
Mati Iturralde es miembro de Zuia Bidean y Koldo Domarco es miembro de Urkabustaiz Babestuz
