Pleno extraordinario del CGPJ en una imagen de archivo a 5 de febrero de 2026
Si están siguiendo los partidos de fútbol del mundial, habrán observado que los árbitros cada vez van más equipados. Llevan de todo, un chisme que les avisa si el balón ha pasado completamente la línea de gol, una cámara que a veces nos muestra lo que ellos ven, un mega reloj que puede clavar el tiempo efectivamente jugado. Un pinganillo los tiene en comunicación permanente con otros tres árbitros, los del VAR, y, por si fuera poco, hay un cuarto árbitro además de los de línea. No hace tanto tiempo, el arbitraje eran tres y un pito.
Todo ese refuerzo en el fútbol tiene como objetivo que la justicia arbitral sea cada vez menos arbitraria. Habrán visto que lo último es un micrófono que conectan con la megafonía del estadio para explicar su decisión después de ver una jugada dudosa repetida en una pantalla.
Todo ello hace del arbitraje una función mucho más legitimada que antes, menos caprichosa y enigmática, porque hay controles y porque se explican sus decisiones más relevantes.
España, uno de los estados miembros donde la percepción de la independencia judicial por parte de la ciudadanía es más precaria
Según estudios de la Unión Europea, España es uno de sus Estados donde la percepción de la independencia judicial por parte de la ciudadanía es más precaria.
Es cierto que cuestionar la labor de los jueces puede contribuir a esa percepción, pero creo que el problema es más bien el inverso: que la judicatura no se cuestiona a sí misma, no se somete a escrutinio público y cuando su órgano no jurisdiccional de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) decide actuar, llega normalmente tarde y con muy pocas posibilidades de enmienda.
Como a los árbitros, a los jueces no les vendría nada mal una reforma en profundidad de su estatuto con el fin de garantizar mejor el acierto y la eficacia de sus resoluciones.
Lo suyo sería que de la fase de instrucción se encargara la fiscalía
En primer lugar, su separación de la fase de instrucción, que es donde más expuestos están al escrutinio público. Lo suyo sería que de esa fase se encargara la fiscalía, lo que, a su vez, requeriría una independencia de esta respecto del Gobierno que hoy no existe.
Cierto que un fiscal instructor te puede hacer un Peinado, pero en este caso las posibilidades de enmienda, por el estatuto de la fiscalía, serían mucho más rápidas y eficaces.
En segundo lugar, y derivado de esa intimidad entre Gobierno y fiscalía, en España existe, con la actual Constitución, la posibilidad de una acción popular que, claramente, se ha desvirtuado y se ha salido de madre.
Con una fiscalía completamente independiente del Gobierno, la acción popular debería regularse de manera que impida esa utilización espuria que tanto daño está haciendo a la imagen de la justicia
El caso extremo es el de un sindicato sin sindicados cuya única función es querellarse por motivos políticos. Con una fiscalía completamente independiente del Gobierno, la acción popular debería regularse de manera que impida esa utilización espuria que tanto daño está haciendo a la imagen de la justicia entre la ciudadanía.
Un tercer aspecto que reclama a voces su reforma es el Consejo General del Poder Judicial. El caso de Peinado es paradigmático para entender lo que no está funcionando en este órgano de control.
Su instrucción de la querella presentada contra Begoña Gómez precisamente por el mencionado sindicato con unos recortes de prensa pasará a los cursos procesales para señalar a los estudiantes todo lo que no tienen que hacer.
Pues bien, hasta que no ha cuestionado este señor la labor de la Policía Nacional no ha reaccionado el Consejo y lo ha hecho con los votos en contra de los miembros propuestos por el Partido Popular, a quienes, supongo, les parece muy correcta la actuación de este instructor.
Nada dice la Constitución que se oponga a un procedimiento de nombramiento menos partidista
El problema en gran medida reside en lo que acabo de referir, que los miembros del CGPJ se entiendan a sí mismos de partido y que respondan al interés político que los llevó allí. Nada dice la Constitución que se oponga a un procedimiento de nombramiento menos partidista.
Si es así, es cosa de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde que Felipe González primero y Mariano Rajoy después, ambos con mayoría absoluta, decidieron vincular todos los nombramientos a las Cortes.
Lo que parece evidente es que, tal y como existe hoy, el Consejo más que un órgano de gobierno del poder judicial es una caja de resonancia de la politización de la justicia y un coladero de la judicialización de la política, que también existe y para muestra un Peinado, o un García-Castellón.
Finalmente, y volviendo al fútbol, me pregunto qué mal haría una mayor comunicación pública de los jueces en casos en que se requiera por el interés de la causa. Así como escuchar una explicación del árbitro te deja mucho más tranquilo, oír explicaciones de los jueces, más allá del lenguaje abultado y técnico de una sentencia, no haría mal a nadie.
No hace mucho una magistrada decidió explicar su sentencia de manera inteligible a un menor y ya son varias las que lo hacen. No desmerece por ello su labor jurisdiccional. Tampoco lo haría la de todo un Tribunal Supremo explicándonos a los legos sentencias como la del fiscal general. Nos dejarían mucho más tranquilos.
