Las residencias vascas mantendrán, por el momento, los protocolos anticovid vigentes hasta ahora para los trabajadores de las residencias y no aplicarán las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para que los miembros de la plantilla que rechacen la vacunación contra el Covid-19 puedan ser trasladados para minimizar el riesgo de contagio entre los residentes.

Las Diputaciones forales y el Gobierno vasco no han llegado a un acuerdo sobre el tema y seguirán debatiendo la cuestión, por las complejidades "técnicas" que puede conllevar esa aplicación. La propuesta del Ministerio trasladada a las comunidades autónomas en el consejo interterritorial se basa en que los trabajadores que rechacen la vacuna  o no hayan completado su vacunación deberían  hacerse Pruebas de Detección de Infección Aguda (PDIA) –PCR o test de antígenos– mínimo dos veces por semana.  Además, se podrá valorar el traslado de su puesto de trabajo para evitar el contacto con los residentes.

Sin embargo, de la reunión de las instituciones forales con el Gobierno no ha salido una directriz clara al respecto. aunque el diputado general de Álava se había mostrado días atrás partidario incluso de que se obligara a los trabajadores de estos centros a vacunarse. Desde el departamento de Salud tampoco han confirmado cuándo se llevará a cabo el próximo encuentro y se han limitado a señalar que "se siguen debatiendo dichas recomendaciones y se sigue actuando en base al protocolo vigente".

Lo cierto es que la mayoría de las residencias dependen las diputaciones y trasladar al personal no vacunado podría ocasionar bastante problemas para cubrir los puestos. La propia patronal de las residencias a nivel estatal también se ha manifestado en esta misma dirección y ha pedido que la vacuna sea obligatoria.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha pedido esta mañana un "compromiso" por parte de las administraciones, las familias y los trabajadores para "evitar las situaciones de riesgo con las personas más vulnerables" ante el repunte de contagios en las residencias vascas, pero dejaba en manos de las diputaciones los posibles ajustes que se lleven a cabo en el protocolo, e insistía en que hoy por  hoy no hay un marco legal que permita la vacunación obligatoria.

El sindicato ELA también ha defendido una regulación legal para avanzar en el proceso de vacunación del cien por cien de la población como medida más efectiva contra la covid-19 y recordaba que "la responsabilidad recae en los gobiernos que han decidido convivir con el virus, en lugar de erradicarlo".

Sin embargo. desde CCOO se ha recalcado que no hay medidas legales para obligar a los trabajadores a vacunarse y ha criticado que  se puede responsabilice a las trabajadoras de la expansión del Covid.

De igual forma, desde Satse- Euskadi, su secretaria de Organización, Encarna de la Maza, ha considerado que la vacunación "por ley" del personal de las residencias no es "una prioridad", teniendo en cuenta el elevado porcentaje de profesionales que están vacunados, y ha pedido que no se use "como cortina de humo".

Ley Salud Pública

El anteproyecto de ley de Salud Pública de Euskadi contempla que en caso de pandemia y situaciones de "riesgo urgente" para la salud sea posible la vacunación obligatoria y la adopción de medidas como la limitación de la movilidad y el aislamiento domiciliario, previa autorización judicial.



El borrador de esta norma, que será sometido a exposición pública hasta el próximo 31 de agosto, aborda la salud desde una perspectiva global pero recoge menciones específicas sobre el margen de actuación de los poderes públicos en caso de hipotéticas nuevas pandemias.

La actual crisis sanitaria de la Covid-19 cuenta con su propia ley, que fue aprobada por el Parlamento Vasco en junio, pero se trata de una norma referida únicamente a la actual pandemia y no a las que puedan declararse en el futuro.



El anteproyecto de ley de Salud Pública de Euskadi subraya que la covid-19 "ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar desde la normativa los mecanismos, herramientas y medidas para dar la mejor respuesta a emergencias sanitarias que supongan una amenaza a la salud del conjunto de la población".



Por ello la norma habilita a las autoridades a establecer "condiciones higiénico-sanitarias, de funcionamiento y desarrollo de las actividades que puedan repercutir en la salud de las personas".



También le faculta a controlar a los contactos estrechos y a limitar actividades, desplazamientos y "la prestación de servicios en determinados ámbitos", informa Efe.



Así, en caso de "riesgo urgente para la salud de la población", de situaciones de emergencia de salud pública o de pandemias se podrá ordenar la limitación de la movilidad y del ejercicio profesional, la vacunación, los reconocimientos y tratamientos médicos y la hospitalización de personas afectadas.



También se contempla "el control individual sobre la persona o grupos de personas", su aislamiento domiciliario o cuarentena "mediante decisión motivada por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo", así como vigilar a sus contactos. Además, los ciudadanos tendrán la obligación de colaborar con las autoridades sanitarias.



En todo caso, si las medidas adoptadas implican "privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, como internamiento, aislamiento o restricciones a la libertad deambulatoria y el ejercicio profesional" necesitarán de "autorización o ratificación judicial".



El anteproyecto establece que "el incumplimiento consciente y deliberado" de las medidas desplegadas durante situaciones de emergencia de salud pública es una infracción muy grave que puede ser sancionada con multas que oscilan entre los 60.001 y los 600.000 euros.



Esta misma consideración y castigo se contemplan para el desacato y desobediencia a la autoridad y para "la acumulación y amplificación de riesgos en tiempo y lugar por falta de cumplimiento de las medidas de control y prevención".