El juez Etxarandio / CV

El juez Etxarandio / CV

Política

El CGPJ reprende al juez Etxarandio, candidato a presidir el TSJPV

El magistrado ha tratado de evitar que el resumen de información del órgano de gobierno de los jueces divulgara noticias sobre sus negocios

14 diciembre, 2020 05:00

La oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (el máximo órgano de los jueces en España) ha reprendido la actitud del juez Edorta Etxarandio que intentó silenciar la difusión de sus negocios privados. El magistrado, uno de los seis que ha presentado su candidatura para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se quejó ante la presidenta en funciones, Garbiñe Biurrun, por el hecho de que se difundiese la información en el resumen de prensa del Consejo General del Poder Judicial.

En la información, se contaba cómo Etxarandio se lucró con el negocio de la administración concursal, porque al comenzar la crisis, en 2008, dejó la carrera judicial y durante ocho años (de 2008 a 2016) pasó al ámbito privado como administrador concursal, un negocio que en esos años estaba al alza por la recesión iniciada precisamente en 2008. Únicamente entre 2009 y 2013 se llevó la administración de 68 concursos y era el sexto administrador de toda España entre un listado de más de 9.000.

La Oficina de Comunicación del Consejo del Poder Judicial incluyó la información en su resumen de prensa, un servicio para todos los jueces en los que recogen “las informaciones relacionadas con los juzgados y los tribunales”. El juez Etxarandio mostró su queja por este punto, pero la Oficina de Comunicación señala, en un escrito del pasado 29 de octubre, que "no comparte la alegación" del magistrado y explica que recogió la información por su relevancia. Agrega que cada vez más “recoge informaciones aparecidas” en webs digitales que “como es notorio a menudo son desfavorables” para las jueces. Pero señala que el único criterio para incluirlas en el resumen de prensa es que “estén relacionadas con los juzgados y tribunales”. Por ello concluye, que la actuación de la Oficina de Comunicación fue “correcta”.

La candidatura de Etxarandio no figura entre las favoritas para lograr la presidencia de los jueces en Euskadi, pero su presentación sí ha causado estupor en medios judiciales vascos por sus antecedentes en el paso a la empresa privada. Y es que la historia de  Edorta Etxarandio se asemeja demasiado a las famosas puertas giratorias.  Tras una década como abogado, entró en la carrera judicial en 1994 a través del denominado sistema de turnos. Un modelo, implantado por el entonces Gobierno del PSOE liderado por Felipe González, que evitaba las oposiciones y que se justificó por la renovación de un colectivo de jueces considerado entonces excesivamente girados a la derecha. Se buscaba ampliar el espectro ideológico pero el método supuso, a la vez, según medios judiciales, que cada partido tuviera sus cuotas de jueces.

A Etxarandio se le asocia a la cuota del PNV. Él es nacionalista, según sus conocidos, y de hecho cambió sus apellidos: el abogado Edorta Josu Herrera Echarandio se convirtió en el juez Edorta Josu Etxarandio Herrera. Primero fue juez en Amurrio (1994-1999), magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Bilbao (1999-2002), magistrado titular de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia (2002-2006) y magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao (2006-2008).

Durante su carrera en este juzgado de lo mercantil se encargó de grandes asuntos, como la pugna entre los gigantes eléctricos Iberdrola y EDF, que falló a favor del primero, la quiebra de Fonorte (el sonoro enfrentamiento del constructor Jabyer Fernández con el diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao, el empresario que se benefició y perdió con el poder) o de Viajes Marsans.

Tras ser juez de la vía mercantil, tomó una decisión que sorprendió entonces en los medios judiciales de Euskadi al pasar al ámbito privado como administrador concursal. La entrada en crisis de una empresa (el concurso de acreedores, anteriormente denominado suspensión de pagos) supone la inmediata intervención judicial, que luego designa a los llamados administradores concursales que se encargan de la gestión de la compañía. Adquieren un gran poder, ya que deciden sobre cuestiones tan importantes como las ventas y compras de la empresa en quiebra, la situación de los trabajadores o la responsabilidad de los hasta entonces gestores de la empresa.

La gestión de los concursos ha sido un buen negocio durante la fuerte crisis de la última década: junto a una cantidad fija estipulada en la ley, se puede obtener un 50% de retribución adicional si así lo estima el juez y el adjudicatario también se lleva el 1% de los bienes que se recuperen de la quiebra de la empresa.  En España, en el proceso de Martinsa Fadesa, el más grande de los últimos años, la retribución ha llegado a los cuatro millones de euros para los administradores concursales, En estas tareas, y con éxito, ha estado ocho años el juez Etxarandio.

Su actividad como administrador concursal entre 2008 y 2016 tuvo episodios polémicosEtxarandio fue denunciado a finales de 2010 en el concurso de Viajes Marsan por esta empresa, donde era administrador concursal, por designar como auxiliar en el concurso a Antonia Magdaleno, una de las directivas del despacho Broseta por el que el exjuez fichó a finales de 2008. Esa relación profesional en el mismo despacho impedía, según establece la Ley concursal, dicho nombramiento.

Cuando Etxarandio era todavía juez de lo mercantil, designó en 2008 a Magdaleno administradora del caso de Construcciones Loizate y tres meses después, también formó parte del concurso de la constructora Urazca (una de las primeras quiebras importantes en Euskadi) por designación del juez Edorta Etxarandio. A finales de 2008, el magistrado fichó por el despacho de abogados de Antonia Magdaleno. Su entonces jefa, Antonia Magdaleno está desde el pasado septiembre en prisión, condenada a cuatro años por estafa.

En junio de 2016, tras solicitar su vuelta a la carrera judicial, el Consejo General del Poder Judicial, aprobó su nombramiento como juez de primera instancia de San Sebastián. Su designación apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del 1 de septiembre. Aquí también hay otro hecho polémico: Etxarandio se mantuvo como consejero y presidente de la empresa Cuevas&Ibarnavarro S.L. hasta el 13 de octubre de 2016. El Boletin Oficial del Registro Mercantil del 21 de octubre de 2016 (página 46152) refleja el cese de su cargo y el nombramiento de uno de sus hijos como presidente. La compañía tenía entonces como consejeros a su otro hijo y su esposa, quien es procuradora de los tribunales en Bilbao.

Mantuvo a su nombre su negocio privado casi cuatro meses desde la aprobación de su vuelta a la carrera judicial y mes y medio desde que apareciera en el boletín oficial su puesto como juez. El reglamento de la Carrera Judicial expresa en, el artículo 326. que el juez que regrese de una actividad privada debe cesar de ella en un plazo de ocho días “desde que se produjo el nombramiento”.

Etxarandio podría haber incumplido la norma de los ocho días, pero el criterio no está claro. Fuentes judiciales consultadas han revelado que habido casos de jueces que han dejado su actividad privada antes incluso de solicitar su reingreso a la carrera judicial, sin que el Consejo del Poder Judicial comentara nada. Y otros casos que siguieron cobrando de la esfera privada hasta justo ser destinados en su plaza, lo que no fue vetado por el Poder Judicial. En el caso del juez Etxarandio, desde la publicación en el boletín de su nombramiento hasta el cese en su negocio familiar pasaron 43 días.

Permaneció dos años en San Sebastián, ya que el 12 de septiembre de 2018 el Boletín Oficial del Estado (ver página 88314) publicó su nombramiento como magistrado de la Audiencia de Navarra “correspondiente al orden civil, especializada en mercantil, ocupando plaza de especialista”.  La jurisdicción civil abarca un área muy amplia: desde divorcios a temas de arrendamientos. A Etxarandio se le nombró especialista en los asuntos mercantiles, los relacionados con las quiebras de las empresas, en los que tuvo un negocio privado durante ocho años. No juzga los casos, sino que resuelve las apelaciones y recursos en la Audiencia navarra.