Hay dos cuestiones principales que hacen que la Justicia no sea imparcial: la injerencia de la política a través de los nombramientos de fiscales y jueces del CGPJ -bien lo sabe el PP que tiene bloqueado el máximo órgano de la judicatura para impedir que Podemos le meta mano- y la lentitud que provoca que las causas se eternicen, se olviden, y que los inculpados vivan la doble pena de la eterna ansiedad por la celebración del juicio, sumada a una posible condena. En el caso 'Bateragune' se han vivido las dos.

Por un lado, la demostrada parcialidad de la jueza Ángela Murillo, que provocó el sonrojo de tener que anular por instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia a Arnaldo Otegi y los otros cuatro líderes abertzales -Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez-, que fueron cumpliendo íntegramente sus penas y saliendo de prisión. Una chapuza judicial que permitió al líder de EH Bildu presentarse como víctima de unos tribunales parciales, a pesar de que aquel fallo europeo no cuestionó la culpabilidad del exdirigente de Batasuna ni la instrucción, ya que consideró que había razones suficientes para procesarle, sino que advirtió que no había tenido un juicio justo. Por otro lado, la lentitud de un sistema en el que el Tribunal Supremo (TS) ha tardado dos años en decidir que el juicio se debía repetir, y uno en enmendar la plana a la Audiencia Nacional (AN), que ya rechazó volver a sentar a Otegi en el banquillo hace unos meses.

Precisamente, en la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar rejuzgar a Otegi, como solicitaba la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), surge el galimatías de la reciente decisión del Supremo. ¿Cómo es posible que un tribunal decida por unanimidad que no hay razones para abrir de nuevo la vista del caso Bateragune, y otro tribunal del mismo país contradiga también por unanimidad esta decisión? ¿Dónde está el quiz de la cuestión? De momento, es difícil saberlo porque solo se conoce que el TS ha decidido instar a la AN a repetir el juicio. No han trascendido los argumentos legales que sujetan tal decisión. La resolución íntegra será notificada en los próximos días. De nuevo, el tiempo juega en contra de la Justicia porque lo razonable, en pleno siglo XXI, es explicar qué se decide y por qué al mismo tiempo. Pero la transparencia y la velocidad no han llegado a la judicatura.El TS dice haber fundamentado su decisión en base a los "precedentes de la propia jurisprudencia de la sala". De momento, no sabemos cuáles son.

Lo que sí está sobre la mesa es el argumento del TEDH, que dijo en su 74º párrafo que "la forma más apropiada de reparación sería, en principio, celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso, a solicitud de la persona interesada". Aquí, y aunque hasta que el TS se pronuncie todo es terreno especulativo, hay dos posible interpretaciones. Una es la de la AN, que utilizó este argumento para frenar las intenciones de la AVT de reabrir el caso al interpretar que solo Arnaldo Otegi y los otros condenados por Bateragune podrían solicitar la reapertura del caso por ser las personas interesadas. La otra lectura es que, como defiende la AVT, "la persona interesada" sea cualquiera de las partes personadas en el proceso. Es decir, tanto Otegi y el resto de inculpados como la acusación o el Ministerio Fiscal. Posiblemente, pero solo posiblemente, este sea el argumento al que se agarre el Tribunal Supremo.

Protagonismo de Arnaldo Otegi

Sea como fuere, esta suma de decisiones y contra decisiones provoca que Arnaldo Otegi aparezca de nuevo como víctima ante una parte de la opinión pública. En un país cada vez más polarizado, la decisión sin explicación del Supremo ha sumido a todas las bancadas en una suma de declaraciones que poco ayudan a entrar en el fondo de la cuestión. Simplemente, cuestionan la eficacia de un sistema jurídico vapuleado por la clase política y, por extensión, por la opinión pública. El Supremo, que da la razón a Otegi al reconocer que su juicio no fue justo y que por lo tanto hay que repetirlo, ha abierto una caja de Pandora que será aprovechada por el independentismo para arremeter contra el Poder Judicial; a la derecha, extrema y no, para atacar al Gobierno por su pacto presupuestario con EH Bildu; y a la ciudadanía, aturdida por un galimatías que es difícil de explicar. Y más, se publica una decisión sin que lleve adjunta las razones legales en las que se apoya. De momento, Otegi y el resto de los encausados volverán a ser juzgados por unos delitos por los que incluso ya han cumplido sus penas en la cárcel. Ya veremos si el caso Bateragune no regresa de nuevo a Estrasburgo.