El Tribunal Superior rechazó por dos veces reforzar el juzgado que investiga la tragedia de Zaldibar

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJPV) rechazó por dos veces reforzar el juzgado que investiga la tragedia del vertedero de Zaldibar, pese a la parálisis del caso. Hace ahora un año fallecieron dos trabajadores a causa del derrumbe de la ladera que albergaba este basurero. La negativa a reforzar el juzgado de Durango encargado del caso, solicitado por la propia jueza, se mantiene pese a que un año después uno de los dos delitos investigados, el del medio ambiente, ni siquiera se ha empezado a indagar.

El Tribunal Superior sí ha aceptado que dos jueces de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco “realicen una visita de conocimiento” al juzgado de instrucción 1 de Durango para “valorar” la petición del refuerzo y a partir de ahí tomar una decisión.

El 6 de febrero del pasado año (este sábado se cumple el primer aniversario) desaparecieron dos trabajadores tras el corrimiento de 800.000 metros cúbicos de terreno en la ladera que albergaba el vertedero gestionado por la empresa Verter Recycling en el municipio vizcaíno de Zaldibar. El accidente llegó a cortar por completo la autopista A-8 que une Bilbao y San Sebastián, sobre la que cayó la tierra deslizada.

Uno de los trabajadores desaparecidos advirtió el 3 de febrero de 2020 (tres días antes del derrumbe) a sus superiores de que habían aparecido grietas en las bancadas del vertedero y que había que dejar de volcar residuos. La empresa contrató entonces a una empresa topográfica para analizar las grietas, labor que empezó a realizar justo el día anterior al corrimiento. Pero, a pesar de ello, la empresa continuó con su labor cotidiana de acoger residuos. Este accidente evidenció la falta de control en estas instalaciones, con solo ocho inspectores para vigilar en Euskadi los 11 vertederos como el derrumbado en Zaldibar y otras 300 instalaciones contaminantes.

Los servicios de rescate solo han podido encontrar en todo este año el cuerpo de uno de los dos desaparecidos: Alberto Sololuze, de 62 años, cuyos restos mortales fueron hallados en agosto a 23 metros de profundidad. A Joaquín Beltrán, de 51 años, se le sigue buscando. 

Dos delitos y solo una investigación

Los juzgados de Durango abrieron pocos días después de la tragedia una investigación por dos delitos diferentes: contra la seguridad de los trabajadores y homicidio imprudente y contra el medio ambiente. Aunque inicialmente el caso se distribuyó en los juzgados de instrucción 1 y 2 de Durango, finalmente se unificó en el primero de ellos.

La titular del juzgado número 1 ya pidió el pasado 11 de septiembre al Tribunal Superior vasco el refuerzo “para poder tramitar eficazmente y sin dilaciones indebidas los asuntos que integran el llamado caso Zaldibar”. La solicitud fue tratada por la dirección del Tribunal Superior el 6 de noviembre, en la que se acordó solicitar datos sobre la instrucción del caso y los otros asuntos que llevaba el juzgado.

En la información enviada, además de referirse a los 1.135 asuntos existentes en 2020, se aportaron datos de la instrucción de la tragedia de Zaldibar. En el delito de seguridad y homicidio, está pendiente la declaración de 39 testigos y hay 228 documentos, mientras que en la causa por delito contra el medio ambiente aún no se ha iniciado la investigación. Con esa información, el Superior acordó denegar el refuerzo.

Rechazado un juez en prácticas 

Sin embargo, dos miembros de la dirección del Tribunal Superior vasco plantearon revisar esta decisión y el tema se abordó en el pleno del alto tribunal celebrado el pasado 22 de enero (ver punto quinto del acta). Los dos jueces argumentaron que es una causa “compleja que va a generar una importante carga de trabajo”, destacando los informes técnicos requeridos y la cuarentena de declaraciones pendientes. “Se trata de poner a disposición del órgano judicial [el juzgado de instrucción 1 de Durango] los medios para evitar una instrucción que se dilate en el tiempo de forma excesiva”.

Por ello, propusieron designar un juez en prácticas, entre los nueve disponibles actualmente, para “liberar” a la jueza de Durango, una medida que, destacan, “no supone coste económico”.

El pleno rechazó el refuerzo, con dos votos a favor, siete en contra y tres abstenciones. Únicamente, acordó que dos jueces de la dirección del Tribunal Superior realicen una “visita de conocimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Durango para valorar las causas vinculadas a la petición del refuerzo solicitado, así como a la situación de los medios materiales con los que se cuenta”.