El sindicato ELA ha informado de que el Tribunal Constitucional ha anulado la disposición transitoria décima de la Ley Vasca de Policía, tras un recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez referente a la consolidación del empleo.



Esta disposición, ahora anulada, señala que, de existir en la categoría correspondiente del Cuerpo de Policía Local un porcentaje de interinidad superior al 40% podrá incorporarse al proceso especial de consolidación de empleo, un turno diferenciado de acceso para quienes acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en la administración convocante en la categoría de la policía local a la que pertenecen las plazas convocadas, reservando para dicho turno diferenciado de acceso hasta el 60% de las plazas ofertadas.



Según ELA, "la sentencia es demoledora para la estrategia sostenida por el Gobierno vasco ante el vergonzoso nivel de temporalidad que sufren actualmente los trabajadoras del sector público" vasco, que el propio ejecutivo reconoce en las alegaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional. En ella, el Gobierno vasco expone "que tiene la tasa de temporalidad más alta de todo el Estado con un 38 ,7%, es decir alrededor de 58.700 personas temporales".



Por ello, añade ELA, "es evidente que la declaración de inconstitucionalidad de esta disposición condena a muerte, antes de nacer, el contenido de las disposiciones transitorias de la Ley de Cuerpos y Escalas, que el Gobierno Vasco nos pretendían vender como camino a la consecución de un proceso de estabilización en el empleo".



La Disposición Transitoria Décima de la Ley de Policía "es idéntica a la Disposición Adicional de la Ley de Cuerpos y Escalas en tramitación parlamentaria" y, al margen del contenido, esta sentencia evidencia "las graves carencias" en materia de auto-gobierno "y la supeditación al Estado en materias tan importantes como el empleo público, así como la nula voluntad del Gobierno vasco, más allá de explorar la vía jurídica, de abrir un proceso de confrontación con el Estado en esta materia".



Por contra, ELA mantiene "una propuesta integral basada en un cambio legislativo" que habilite la realización de estos procesos de consolidación garantistas de empleo público para "consolidar el empleo a las más de 50.000 personas que sufren la lacra de la temporalidad". El sindicato ha opinado que "es hora de luchar y de salir a la calle a exigir soluciones y procesos de consolidación garantistas que acaben de una vez con esta lacra de la temporalidad en las Administraciones Públicas.