El PNV defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar la Ley del Tribunal Constitucional con el fin de derogar, tanto el recurso previo contra reformas estatutarias como las sanciones que introdujo el PP en 2015 para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías.

Se trata de una reforma que ya se debatió en el Congreso a finales de 2016, en pleno debate político por las reticencias del Parlament a cumplir resoluciones del TC. En aquella ocasión, llegó a ser tomada en consideración por el Pleno, con apoyo del PSOE y de Unidas Podemos, pero no completó su tramitación por sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y las posteriores disoluciones de las Cortes. Según el orden del día del próximo Pleno aprobado en la última Junta de Portavoces del Congreso, la reforma del PNV se debatirá y votará el próximo martes, ahora con un Gobierno de coalición del PSOE y Podemos.

Por un lado, la formación jeltzale propone derogar la reforma de 2015 que el PP aprobó con su mayoría absoluta para castigar a los cargos públicos que desoyen al TC. En todo caso, plantea una redacción con la que se acepta que incumplir las sentencias del TC debe tener algún reproche, pero en vez de la suspensión que incorporó el PP, apuestan por multas menores. El hecho de que la reforma incluya algún tipo de sanción fue lo que posibilitó que el PSOE diera su voto a favor cuando se debatió hace seis años.

En concreto, la iniciativa del PNV propone eliminar los artículos de la Ley del TC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias con un catalogo que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de sus funciones. En su lugar, los jeltzales plantean "imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar".

Recurso previo del Tribunal Constitucional

La proposición de ley del PNV también incluye la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, una reforma que también se introdujo en 2015, pero en este caso por acuerdo entre socialistas y populares. Para los jeltzales, esta norma "acarrea riesgos" para la "estabilidad" del sistema porque "supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional". A su juicio, "permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo". El PSOE, por contra, defendía la recuperación del recurso previo para evitar conflictos de legitimidad como los ocurrido con el último Estatuto catalán, aprobado en referéndum y después anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional.