PP y Ciudadanos piden al Gobierno vasco que denuncie a las consultoras implicadas en el cártel

El grupo parlamentario de la coalición de PP y Ciudadanos ha dado un paso más allá en la reclamación al Gobierno vasco de una mayor "implicación" y "responsabilidad" en el caso del "cártel de las consultoras". Así, ha pedido al Ejecutivo que demande a las empresas sancionadas por amañar los contratos públicos y ha exigido al Gobierno que inicie una investigación "externa e independiente" sobre lo ocurrido en las contrataciones fraudulentas. Según ha explicado el parlamentario Luis Gordillo, "estamos en un caso en el que todos los síntomas son los de una red clientelar". Además, ha exigido que el Gobierno vasco deje de contratar a estas empresas sancionadas porque, de seguir haciéndolo, "sería una bofetada, ponerse como abogado de quiénes han puesto en entredicho el sismtea de contratación pública".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionó por amañar 92 licitaciones públicas en Euskadi con multas que suman 6,3 millones de euros a las consultoras Deloitte, 97S&F, Altia Consultores, B+I Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Gestiona XXI Consulting, Indra, Idom, PwC, KPMG, Red2Red y Uliker-3. Unas prácticas contra la competencia que se desarrollaron entre 2009 y 2018, dentro de lo que el regulador calificó como "cártel del norte". 

La cuantía de los contratos fraudulentos investigados asciende a 3,3 millones de euros y el 36%, 1,2 millones de euros, corresponde a adjudicaciones realizadas por la administración autonómica. La pasada semana, el lehendakari señaló en el Parlamento vasco que la responsabilidad es de las productoras y que "no se cuestiona al Gobierno". 

Para PP y Ciudadanos no es suficiente y por eso han registrado una moción en la piden al Gobierno vasco que, en ese caso, demande a las consultoras sancionadas y "señale a los responsables" porque "se ha de seguir investigando", tal y como ha apuntado el parlamentario del PP, Carmelo Barrio. Para los responsables de este grupo parlamentario "se ha puesto en entredicho la política de contratación pública y la connivencia con sectores de la administración".

Competencia detectó contratos por valor de 3,3 millones de euros 

En la que la CNMC denomina "trama del norte", el organismo detecta 101 licitaciones en las que hubo irregularidades de las que 92 tuvieron lugar con las administraciones vascas. Competencia no ha recogido la valoración de todos los contratos, han quedado 14 sin valorarse, pero el valor de los demás y por el que las consultoras facturaron los servicios asciende a 3,3 millones. Las entidades con mayor implicación fueron Deloitte, a la que se le impugnan "coberturas" hasta en 80 licitaciones, mientras que a S&F Consultans se le sanciona por participar en la manipulación de 74 actuaciones. La siguiente, es es B+I Strategy con 30 licitaciones pactadas. Entre las tres consultoras acumulan el 92% de los 3,3 millones. La entonces dirigida por Ana Andueza, Deloitte, con 1,6 millones (el 48%), S&F Consultans, representada por Leandro Ardanza, con 1,08 millones (el 32%) y B+I Strategy al cargo de Sabin Azua, con 368.000 euros (el 11%). 

Gobierno, Ayuntamiento de Bilbao y Diputación de Bizkaia acumulan el 85% de la contratación

Todos estos contratos, según consta en el expediente sancionador de la CNMC tuvieron lugar entre 2009 y 2018, aunque las inspecciones se han centrado espcialmente en los años de 2011 a 2016. Las administraciones que mayores contratos firmaron con las consultoras fueron el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia. El Gobierno vasco el 36% con 1,2 millones de euros, el Ayuntamiento de Bilbao con 1,08 millones, el 32%; y la Diputación de Bizkaia con 502.000 euros, el 15%.