Elkarrekin Podemos ha llevado al Parlamento Europeo el caso de las consultoras a través de sus europarlamentarios que han registrado tres preguntas a la Comisión Europea. El objetivo es poner sobre la mesa que algunas de las consultoras siguen contratando con el Gobierno vasco y conocer las posibles consecuencias que puede tener esto en la aprobación de los proyectos presentados para recibir Fondos Europeos cuando son varias de esas compañías las que están coordinándolos. Las dudas de la coalición morada surgen sobre las posibles implicaciones que pueda tener la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a efectos de la normativa europea. 

Los europarlamentarios Sira Rego y Manu Pineda señalan que "este fraude es especialmente dañino para la administración pública europea ya que algunas de las empresas sancionadas están involucradas en el diseño y concurso de los Fondos de Recuperación y Resiliencia para España". La coalición de izquierdas añade que "unos días después de ser multadas, al menos cinco de las empresas del cártel recibieron 1,2 millones de euros en adjudicaciones por parte de Administraciones públicas de Euskadi".

En la que la CNMC denomina "trama del norte", el organismo detecta 101 licitaciones en las que hubo amaños y acuerdos entre las consultoras, de las que 92 tuvieron lugar con las administraciones vascas. Competencia no recogió la valoración de todos los contratos, pero el de los detectados revela que las consultoras facturaron servicios por un total de 3,3 millones. Las entidades con mayor implicación fueron Deloitte, a la que se le impugnan "coberturas" hasta en 80 licitaciones, mientras que a S&F Consultans se le sanciona por participar en la manipulación de 74 actuaciones. La siguiente, es es B+I Strategy con 30 licitaciones pactadas. Entre las tres consultoras acumulan el 92% de los 3,3 millones. La entonces dirigida por Ana Andueza, Deloitte, con 1,6 millones (el 48%), S&F Consultans, representada por Leandro Ardanza, con 1,08 millones (el 32%) y B+I Strategy al cargo de Sabin Azua, con 368.000 euros (el 11%). 

Todos estos contratos, según consta en el expediente sancionador de la CNMC tuvieron lugar entre 2009 y 2018, aunque las inspecciones se han centrado espcialmente en los años de 2011 a 2016. Las administraciones que mayores contratos firmaron con las consultoras fueron el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia. El Gobierno vasco el 36% con 1,2 millones de euros, el Ayuntamiento de Bilbao con 1,08 millones, el 32%; y la Diputación de Bizkaia con 502.000 euros, el 15%. 

Toda la oposición está solicitando activar una investigación que PNV y PSE han rechazaron en el Parlamento Vasco. Los partidos que sustentan al Gobierno vasco han tumbado en el Parlamento la posibilidad de que se ponga en marcha una investigación sobre el 'cartel de las consultoras', y que se demande desde el Ejecutivo a las empresas por vía judicial por posibles daños al erario público,  tal y como pedían PP-Cs y Elkarrekin Podemos en una enmienda transaccionada y que ha apoyado EH Bildu.

Desde PNV y PSE se ha repetido como un mantra la máxima que parece que dirigirá las actuaciones del Gobierno en este caso y que ya adelantó el lehendakari en el pasado pleno de control: que la investigación de la CNMC se dirige hacia unas empresas consultoras y no se cuestiona a las administraciones.